PLANETA CANARIO
El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, ha insistido este jueves en que la orden de la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, firmada este miércoles, establece «con toda claridad y legitimidad jurídica» que en las Islas quedan prohibidos o suspendidos todos los eventos deportivos, culturales y sociales, tanto en espacios acotados como en los no acotados, que impliquen aglomeraciones de personas superiores a 1.000 y además subrayó que esa medida de protección de la salud pública, aplicada con urgencia para evitar la propagación del coronavirus COVID-19 en la Comunidad Autónoma, es, por lo tanto, de obligado cumplimiento por todas las administraciones públicas y de cualquier ente privado.
Aparte de esa consideración, que el jefe del Ejecutivo canario quiso hoy dejar bien clara, Torres anunció que este mismo día se firmará una orden complementaria de Sanidad para que los actos con presencia de menos de 1.000 personas, en espacios acotados o no acotados, también puedan ser prohibidos o suspendidos por las administraciones locales con la condición de que se comuniquen al Gobierno de Canarias. Esta medida refuerza las ya adoptadas según la orden de la consejera de Sanidad emitida el 11 de marzo de 2020.
Esta nueva medida responde a la necesidad de que ayuntamientos y cabildos, dentro de sus competencias en la preservación de la salud pública, puedan actuar en beneficio de la contención de posibles contagios por COVID-19.
Junto a esas dos cuestiones, el presidente de Canarias incidió en las medidas adoptadas ayer para frenar el contagio por coronavirus COVID-19 en las Islas, entre las que se hallan como muy importantes las siguientes:
- Suspensión de los viajes escolares fuera de Canarias durante dos meses.
- Vigilancia de síntomas durante 14 días para estudiantes procedentes de otras comunidades autónomas o de programas Erasmus en países con zonas de riesgo.
- Restricción de las visitas a los hospitales.
- Suspensión de la actividad en los clubes y centros sociales de mayores durante 14 días.
- Restricción de las visitas a residencias de mayores y centros sociosanitarios.