VICENTE PÉREZ
Una joven tinerfeña que ha participado en la acampada contra las obras de la polémica urbanización turística de lujo Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje, ha tenido que pasar esta semana por un Juzgado de Arona, ya que fue denunciada por un obrero a raíz de unos incidentes ocurridos el pasado año, y por los que ella también presentó denuncia contra este trabajador y un vigilante de la empresa de seguridad contratada por la promotora.
El juicio se ha suspendido por segunda vez, y ha quedado aplazado hasta noviembre, debido a que, por un problema técnico, no se pudo visualizar el vídeo que en formato mp4 que su abogada remitió al Juzgado.
A estas alturas, esta ecologista, que prefiere no dar su nombre, jamás pensó que tuviera que pasar por una situación así, pero se muestra decidida a asumir lo que venga: “Lo que hice fue en defensa propia, y si fuera condenada en firme, acataré la sentencia y la posible condena, pero no voy a retirar mi denuncia”, afirma, en declaraciones a PLANETA CANARIO.
El primer mensaje que quiere trasladar a la opinión pública es que participó en esta protesta contra la ejecución del proyecto de Cuna del Alma para evitar una ilegalidad, es decir, la destrucción de ejemplares de una planta autóctona, la viborina triste (de nombre científico Echium triste), que cuenta con protección especial, por ley, en el Catálogo Canario de Especies Protegidas, y que sobrevive, en peligro de extinción, en contados lugares de Tenerife y La Gomera.
Las presencia de un grupo de activistas durante las obras que amenazaban ejemplares de esta viborina triste provocó unos incidentes, durante la colocación de una valla, que quedaron grabados en vídeos que circulan por las redes sociales divulgados por los propios ecologistas y colectivos que les apoyan.
En estas grabaciones, se observa cómo ella y otros ecologistas tratan de evitar que se arranquen ejemplares de esta planta, lo que provoca momentos de tensión con obreros, uno de los cuales, visiblemente alterado y con gritos, en un momento dado toma un martillo mecánico y lo acciona junto a los pies de la activista, que está en cuclillas, con la lógica alarma de la joven.
Y en otro momento se observa cómo un vigilante la sujeta a su espalda y trata de apartarla del lugar, para que un obrero continúe los trabajos, produciéndose un forcejeo. En estos incidentes, según el testimonio de la joven, le rompieron su teléfono móvil y tuvo que acudir a fisioterapia. El vigilante, en su denuncia, alega que también fue agredido.
El segundo mensaje que quiere trasladar esta ecologista tinerfeña a la sociedad es que no retira su denuncia contra estos trabajadores porque entiende que una posible condena “debería servir para que en el futuro esto no vuelva a ocurrir, porque los empleados de una obra no deben tener esta actitud contra activistas, sino parar los trabajos, hasta que intervengan las autoridades”.
Ella tiene claro que si no hubiera sido por la acampada de protesta Stop Cuna del Alma, esas plantas legalmente protegidas estarían ahora destruidas «y el atentado contra nuestra flora endémica se había llevado a cabo”.
Porque, relata, cuando llamaban a la Guardia Civil o, específicamente al Seprona, les indicaban que, al no ser biólogos, no podían certificar que se trataba de una planta incluida en el Catálogo de Especies Protegidas, como para impedir la continuación de las obras. «Pero la realidad», repone, «es que desde un mes antes ya los biólogos del Cabildo las habían identificado».
Finalmente, el día de los hechos, la Guardia Civil no acudió al lugar pese al requerimiento de los activistas, por lo que, según el testimonio de esta joven, la única forma de evitar la destrucción de viborinas tristes era interponiéndose los propios ecologistas.
Esta integrante de la acampada Stop Cuna del Alma también quiere llamar la atención de que los acontecimientos posteriores le han dado la razón en que había que tomar esa iniciativa, porque el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica y Cambio Climático, en noviembre pasado paralizó las obras al constatar que ponían en riesgo esta planta en peligro de extinción.
Antes, el Cabildo de Tenerife, y también a raíz de las protestas ecologistas, había paralizado cautelarmente los trabajos en una parte de la zona afectada tras comprobar que se habían causado daños irreversibles a yacimientos guanches, y posteriormente lo haría en toda la zona de obras, ante el hallazgo de más manifestaciones rupestres. Esto supuso además la apertura de un expediente sancionador por parte del Gobierno canario a la promotora por daños muy graves al patrimonio arqueológico.
«Para mi», concluye la joven, «entrar y salir a un Juzgado es algo que me afecta mucho, y hay quien menosprecia lo que hemos hecho porque dice que total, si solo son unas plantas, pero creo que quien dice eso tiene un grave desconocimiento de las leyes medioambientales; esperemos que todo lo sucedido sirva para que en el futuro no tengamos que ser activistas los que debamos defender la ley, en lugar de la Administración pública, y ojalá que para que no haya trabajadores tan sumisos a las promotoras en estos casos».