PLANETA CANARIO
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas ha autorizado el sometimiento forzoso a la prueba del coronavirus covid-19 de un hombre de 80 años residente en un centro para mayores de Arucas (Las Palmas), ante su negativa a someterse al test y “empleando para ello la fuerza mínima indispensable o el medio menos invasivo posible”, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un comunicado.
El magistrado Ángel Teba dictó este miércoles 29 de mayo el auto que estima las petición formulada por la coordinadora del Centro Sociosanitario de Arucas para que se obligue a hacerse la prueba del coronavirus a un interno que, si bien no está incapacitado por orden judicial, presenta un trastorno paranoide de la personalidad y no accede a que le hagan el test.
La autoridad judicial explica que la negativa del interno “compromete su propia salud y la del resto de residentes, trabajadores o visitantes del centro (…), siendo público y notoria la perentoriedad en la realización de las pruebas diagnósticas del virus a fin de combatir la propagación incontrolada de aquel, particularmente en un centro de mayores”.
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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas ha autorizado el sometimiento forzoso a la prueba del coronavirus covid-19 de un hombre de 80 años residente en un centro para mayores de Arucas (Las Palmas), ante su negativa a someterse al test y “empleando para ello la fuerza mínima indispensable o el medio menos invasivo posible”, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un comunicado.
El magistrado Ángel Teba dictó este miércoles 29 de mayo el auto que estima las petición formulada por la coordinadora del Centro Sociosanitario de Arucas para que se obligue a hacerse la prueba del coronavirus a un interno que, si bien no está incapacitado por orden judicial, presenta un trastorno paranoide de la personalidad y no accede a que le hagan el test.
La autoridad judicial explica que la negativa del interno “compromete su propia salud y la del resto de residentes, trabajadores o visitantes del centro (…), siendo público y notoria la perentoriedad en la realización de las pruebas diagnósticas del virus a fin de combatir la propagación incontrolada de aquel, particularmente en un centro de mayores”.