PLANETA CANARIO
Han sido 9 meses de «encierro» por la pandemia del Covid-19. Las personas con discapacidad psíquica intelectural internadas en centros públicos y privados en Canareias han permanecido desde marzo sin poder salir con sus familiares para pernoctar en sus domicilios. Desde que acabó el confinamiento para la mayoría de la población, con el fin del plan de desescalada en junio, estas personas han permanecido sin régimen de salidas y con un régimen de visitas exiguo (menos de una hora a la semana).
Una situación que sus madres, aglutinadas en el colectivo Madres por la Discapacidad, tachó de «injusto e indigno» y atentatorio contra los derechos humanos. Se movilizaron, recogieron 55.000 firmas que entregaron en septiembre al Gobierno de Canarias para exigir el final de este encierro a la fuerza, acudieron a la Diputación del Común… y al final han logrado que este 5 de diciembre una orden de dos consejerías, la de Sanidad y la de Derechos Sociales, haya reconocido por fin su derecho a este régimen de visitas y salidas a sus domicilios con sus hijos.
La orden, publicada en el Boletín Oficial de Canarias en esa fecha, establece que «en los centros residenciales de personas con discapacidad o con problemas de salud mental estará permitida la salida de las personas residentes a cualquier vía o espacio de uso público, en los términos que se establecen según el nivel de alerta, procurando siempre que sea posible la participación en la comunidad de manera autónoma».
Además, según reza el texto de la resolución, se «podrá autorizar las salidas de día a domicilios y, en el caso de los centros residenciales de personas con discapacidad o con problemas de salud mental, pernoctas de fin de semana en los mismos, quedando ambas moduladas según el nivel de alerta, debiendo suscribirse por la persona acompañante una declaración responsable».
Igualmente, «se deberá garantizar que los residentes que pernoctan fuera del centro no van a entrar en contacto sin protección con residentes que no pernoctan fuera del centro». Y también que «en los centros en los que residen al mismo tiempo usuarios que realizan salidas diurnas o pernoctas, junto con usuarios que no realizan salidas diurnas ni pernoctas, se deberá garantizar que ambos tipos de usuarios no contactan entre sí.»
Las portavozas y fundadoras de Madres por la Discapacidad, Eugenia Paiz e Inmaculada González, han mostrado su gran alegría por este fruto de su constancia en denunciar lo sucedido. Nunca cuestionaron la necesidad de adoptar medidas para evitar contagios de Covid-19, aunque sí se quejaron una y otra vez de las consecuencias de este enclaustramiento interminable en la salud de sus seres queridos y en la necesidad de medidas que flexibilizaran el encierro tan drástico.
La enérgica lucha por esta causa no es óbice ambas agradezcan que finalmente el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, hayan entendido las reivindicaciones de este colectivo de madres.
La resolución publicada en el BOC expone que, «teniendo en cuenta que el ámbito de la discapacidad no se considera a priori población de especial vulnerabilidad, procede avanzar en la flexibilización de las medidas, incidiendo fundamentalmente en las pernoctas fuera de las residencias, responsabilizando a las familias de la observancia, durante las salidas, de las medidas de protección sanitarias establecidas».
Por otro lado, «el plazo de cuarentena de 14 días establecido en su actual redacción ha quedado desfasado por las pautas en el documento denominado Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de COVID-19, revisado por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta y por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial y presentado al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, actualizado a 12 de noviembre de 2020».
La orden regula en general las medidas de prevención aplicables al régimen de visitas, salidas y desplazamientos, retornos y nuevos ingresos en centros sociosanitarios, residencias y demás establecimientos residenciales de personas mayores y con discapacidad, públicos o privados, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia derivada de la Covid-19 en Canarias.
En el plazo de diez días desde el siguiente a la publicación esta resolución, los centros y demás establecimientos residenciales deberán, en su caso, adaptar sus protocolos de protección a los criterios y nuevas medidas establecidas.