PLANETA CANARIO
Agentes de la Guardia Civil en Playa de las Américas, en el marco de la operación Naran-Mall, han instruido diligencias en las que investigan a: A.C.V, de 25 años de edad, A.E.H.M, de 30 años, K.N.D.R, de 28, M.H.F, de 31 años, M. R, de 30 y P.S.R.S, de 37, trabajadores de una tienda oficial de una compañía de telefonía móvil ubicada en un centro comercial del sur de Tenerife, como presuntos autores de delitos continuados de estafa y falsedad documental.
La denuncia fue presentada a mediados de marzo por responsables de la compañía de telefonía móvil. Tras una auditoría interna llevada a cabo por la propia empresa, se detectó que se estaban emitiendo contratos de líneas adicionales a clientes y sobre las que en la modalidad de pago a plazos se obtenían teléfonos de alta gama y otros productos que finalmente no se abonaban.
Los ahora investigados, podrían haber obtenido de esta manera efectos electrónicos tales como teléfonos de gama alta, televisores, teléfonos inteligentes, etc. con un valor total superior a los 60.000 euros, según informa la Guardia Civil en un comunicado.
Una vez que los agentes recibieron la información aportada por la propia compañía telefónica, y tras un análisis exhaustivo de la documentación, se constató que los empleados de la tienda habían abierto líneas telefónicas adicionales sin su consentimiento a clientes de la compañía, aprovechando que habían acudido a la tienda a realizar algún trámite presencial.
El modus operandi seguido por los acusados era siempre el mismo: tras abrir las líneas telefónicas de forma fraudulenta, realizaban un cambio de titular a nombre de ciudadanos extranjeros ajenos al entramado criminal, y sobre estas líneas solicitaban productos -generalmente de alta gama- en la modalidad de pago a plazos.
Estos pagos aplazados se cargaban en cuentas bancarias de terceras personas sin su consentimiento y estas devolvían posteriormente los recibos al considerar que se trataba de un error. De esta forma, los investigados recibían en la tienda los artículos solicitados que finalmente no se abonaban a la compañía de telefonía móvil.
Gracias a la investigación llevada a cabo, se detectaron numerosos contratos en los que al menos 30 perjudicados, una vez localizados y personados en dependencias policiales, reconocieron no haber firmado nunca.
La investigación se ha llevado a cabo bajo el amparo del Juzgado de Instrucción Número Uno de Arona.