«La Justicia va a cometer una injusticia: no soy ocupa ni morosa y me quieren echar de mi casa de protección oficial»

Paola, madre de una hija de 12 años, hace un "desesperado" llamamiento para que no se ejecute el desahucio, este jueves, de su casa en Granadilla (Tenerife). Asegura que cuenta con el apoyo del Gobierno canario, que ha certificado que es la legítima inquilina de una VPO, está al corriente de los pagos y su vulnerabilidad económica. Pero la afectada se queja de que en la denuncia, presentada por quien ahora se considera propietario pese a que la vivienda de protección pública no podía ser vendida hasta 2043, se están manejando documentos erróneos. Se trata de uno de los 66 pisos que supuestamente fueron vendidos de manera ilegal en San Isidro, por una promotora que los había construido con una subvención del Gobierno canario, que ha dado la razón a las familias afectadas al punto de anunciar acciones judiciales en su defensa

Paola, en su casa de Granadilla, la cual alquiló como vivienda de protección oficial hace 8 años.

PLANETA CANARIO

La madre con un hijo de 12 años residente en San Isidro (Granadilla de Abona) que el pasado julio logró aplazar el desahucio de su casa, porque un Juzgado la considera ocupa pese a que es la inquilina de una vivienda de protección oficial y está al corriente de los pagos, hace este miércoles, 14 de septiembre, un desesperado llamamiento a la Justicia y a la opinión pública para que no se lleve a cabo este jueves 15 una «cruel e injusta» ejecución del lanzamiento que la dejaría en la calle.

La mujer afectada, Paola Déniz, asegura en un comunicado que cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Vivienda, que se ha comprometido a enviar al Juzgado de Granadilla, por medio de la Viceconsejería de Justicia, un escrito con la documentación que acredita que ella no ocupa de manera ilegal la casa, sino que es su legítima inquilina y no hay motivo alguno para el desahucio que promueve quien ahora se atribuye la propiedad.

«No puedo creerme lo que está ocurriendo; la Consejería de Vivienda  ha mandado al Juzgado los informes de vulnerabilidad, y toda la documentación que demuestra que no soy ocupa y he pagado religiosamente el alquiler, pero no hay manera, el Juzgado no ha tenido en cuenta nada; se va a cometer un terrible atropello judicial conmigo», se queja Paola, que confiesa estar «desesperada, como en una pesadilla que tristemente es real».

Paola, en su casa.

«Yo sé que la jueza no lo hace a conciencia, sino que está confundida con la documentación que ha aportado el denunciante, por eso confío en que rectifique a tiempo y no me eche de mi propia casa», enfatiza Paola en la nota de prensa que ha divulgado en la víspera de la ejecución del lanzamiento.

Esta vecina de Grandilla denuncia que la vivienda es de protección oficial, poe lo que  no podía ser vendida hasta el año 2043, y afirma que ella tiene un contrato a su nombre, aunque en la denuncia contra ella se ha utilizado un contrato a nombre de su exsuegro (ya que en el piso vivió también su expareja). Este es el motivo, razona Paola, por el que la jueza la trata como una ocupa.

«Yo respeto a la Justicia, pero siempre he pensado que no puede ser injusta; en mi caso se está cometiendo un grave error, por una confusión que espero se pueda aclarar antes de que me dejen en la calle con mi hija, porque eso sería lo justo», asevera esta madre.

Una de las 66 VPO afectadas por la supuesta venta ilegal

Inquilinos de las otras casas afectadas por la venta supuestamente ilegal de las viviendas de protección oficial.

Hay que tener en cuenta que se trata de una de las 66 viviendas de protección oficial  (VPO)que construyó en su día Promociones Amojo SL (de la familia del ex presidente del Gobierno canario Manuel Hermoso) y cuyos adjudicatarios han acabado viviendo una situación tan increíble como surrealista porque sus hogares acabaron en manos de otras personas que dicen ser las nuevas propietarias. Los pisos han sido revendidos hasta 3 y 4 veces, aseguran estos residentes en el núcleo de San Isidro.

Las movilizaciones en meses pasados de estas 66 familias afectadas por la presunta venta ilegal de estas casas que alquilaron con opción a compra en 2013 provocaron la reacción del Gobierno de Canarias, ante cuyo Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) habían denunciado ya esta situación, al igual que en el Juzgado de Granadilla en 2019.

De hecho, el de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, anunció en febrero que el ICAVI va a abrir un expediente sancionador contra Promociones Amojo SL por incumplir el real decreto que regula el Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 al que se acogió esta promotora en 2013 para obtener una subvención a cambio de declarar a las viviendas de Las Acacias como de protección oficial y promoción privada. Y además anunció que el Gobierno canario presentará una demanda civil para que se declaren nulas las ventas sucesivas de estos inmuebles.

Pero este apoyo oficial no está impidiendo que los inquilinos de estas viviendas de protección oficial sigan afrontando procedemientos judiciales de desahucio, como es el caso de esta madre, que cuenta con el apoyo de sus vecinos y vecinas, agrupados en torno a la Plataforma Montaña Clara y con el respaldo de la Asociación de Vecinos Residencial Arguayoda-Las Acacias.

Esta mujer ya sufrió en 2019 un intento de desahucio, por usurpación de vivienda, y entonces ganó el juicio. Sin embargo, ahora vive de nuevo una pesadilla, y aunque la ejecución del lanzamiento estaba prevista para mediados de julio, se aplazó hasta septiembre.

La citada asociación recuerda en un comunicado que la «incomprensible injusticia» con esta vecina es doble, porque no solo tiene documentación que demuestra que es su vivienda y que paga el alquiler sino que su caso es el de las 66 familias cuyos pisos de protección oficial fueron vendidos ilegalmente y así lo ha reconocido el Gobierno de Canarias.

«No entendemos que siga este calvario judicial cuando ya es público y notorio que somos las víctimas de todas estas irregularidades; se está cometiendo una tremenda injusticia con esta madre y su hija, a las que se les niega el derecho a defenderse», denuncia la Asociación Residencias Arguayoda-Las Acacias, que anuncia movilizaciones para que no se lleve a cabo el lanzamiento.

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