VICENTE PÉREZ
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido en el pleno del Congreso de los Diputados a la situación que vive Canarias debido a la retirada del turismo por la pandemia del coronavirus, y lo ha hecho durante el debate de la prórroga del estado de alarma durante 15 días más, que se votará en la tarde de este miércoles 20 de mayo pero que el PSOE y Sí Podemos previsiblemente sacarán adelante con el apoyo del PNV, Ciudadanos, Coalición Canaria-PNC, entre otros, y el voto contrario del PP y VOx.
A preguntas de la diputada de CC-PNC Ana Oramas, que ha advertido del riesgo de una «catástrofe social» y una «pobreza aterradora» en Canarias por la marcha del turismo, el mandatario nacional afirmó que el Gobierno trabaja en la Unión Europea para responder a la demanda de turismo internacional, y, en especial del europeo, «que pueda llenar nuestras playas» con garantías de no reactivar la pandemia, aunque reconoció que «para eso es importantísimo continuar con el estado de alarma para restringir la movilidad» hasta el final del llamado plan de desescalada.
Asimismo, sobre las consecuencias de la crisis en forma de paro y pobreza en Canarias hasta niveles nunca vistos, Sánchez ha repetido su ya conocido lema: «El Gobierno está comprometido con que nadie va a quedarse detrás, y eso vale tanto para los ciudadanos como para los territorios». Y en ese punto mencionó el ingreso mínimo vital que ha anunciado el Ejecutivo estatal.
El presidente de España dio también, en respuesta al diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo, que es «empático» con Canarias en esta situación, y avanzó que constituirá una comisión bilateral para abordar la «situación dramática» que vive el Archipiélago canario, al tiempo que ha expresado su «preocupación» por el sector turístico.
Quevedo reclamó que las administraciones públicas del Archipiélago puedan usar el superávit, que cifró en 4.000 millones de euros en Canarias, así como tener capacidad de endeudamiento y un plan específico para el turismo. El diputado grancanario alertó de que el 37% de la población canaria activa necesita ayuda pública, «y esto es solo el principio» de una posible «fractura social sin precedentes». Por eso reclamó una respuesta diferenciada para Canarias, en atención a sus derechos reconocidos en la Ley de Régimen Económico y Fiscal (REF), en el derecho primario de la Unión Europea debido a sus singularidades geográficas. «Tenemos el riesgo de no poder atender las sociedades de la sociedad canaria», previno Quevdo.
Sánchez le ha ha recordado que se ha prolongado los ERTEs yse ha aprobado una línea especial de créditos para las empresas turísticas, además de que elaborará un plan para la recuperación del sector. «Uno de los compromisos que tenemos es impulsar un plan de relanzamiento del turismo en todo el país y especialmente en las islas más dañadas», subrayó el gobernante estatal.