PLANETA CANARIO
Paola Déniz, la madre de Granadilla de Abona desahuciada de una vivienda de protección oficial en la que vive con su hijo de 12 años, ha logrado paralizar que la echen a la calle. Y ya van dos veces. El Juzgado de dicho municipio ha suspendido la ejecución del lanzamiento, que estaba previsto para este jueves 16 de septiembre.
Se da la circunstancia de que Instituto Canario de Vivienda (ICAVI), entidad dependiente del Gobierno canario, había solicitado a la autoridad judicial que no llevara a cabo esta drástica medida, solicitada por quien se considera ahora propietario del inmueble, debido a que este piso forma parte de una promoción de viviendas de protección oficial que la promotora vendió supuestamente de forma ilegal, porque al haber recibido una subvención pública no se puede comerciar con el inmueble hasta 2043.
Además, Paola alega que ella es la legítima inquilina y está al corriente del alquiler, como también acredita el ICAVI, que da la razón a esta madre, quien no pudo contener la emoción al recibir la noticia de ha vuelto a evitar tener que salir de su casa.
El miércoles, Paola hizo un «desesperado» llamamiento a la Justicia «para que no cometa la injusticia de dejarme en la calle», pues además el demandante ha presentado en este procedimiento judicial un contrato en el que figura como inquilino el padre de la expareja de Paola, que vivió en este hogar.
La casa de Paola es uno de los 66 pisos, ubicados en San Isidro, que fueron vendidos presuntamente de manera ilegal por la referida promotora, Promociones Amojo SL (de la familia del ex presidente del Gobierno canario Manuel Hermoso, exlíder de ATI-CC).
Al respecto, la Consejería de Vivienda del Gobierno canario han indicado a este periódico que el ICAVI ya abrió en su momento un expediente contra a este empresa y se han pedido varios informes propios y de otras administraciones públicas, de los que varios quedan aún por llegar a este organismo público y revisarlos, para resolver si hay sanción y por qué importe.
«No puedo creerme lo que está ocurriendo; la Consejería de Vivienda ha mandado al Juzgado los informes de vulnerabilidad, y toda la documentación que demuestra que no soy ocupa y he pagado religiosamente el alquiler, pero no hay manera, el Juzgado no ha tenido en cuenta nada hasta ahora; es una pesadilla que tristemente es real», afirmaba Paola poco antes de saber que el desahucio se había suspendido.
Las familias afectadas por esta venta supuestamente indebida de viviendas de protección oficial están organizadas como Plataforma Montaña Clara y con el respaldo de la Asociación de Vecinos Residencial Arguayoda-Las Acacias. Este jueves acompañaron a Paola y celebraron, con gran emoción, junto a ella, que pueda seguir de momento en su hogar. Otras familias están pasando lo mismo, en una cascadas de pleitos judiciales derivados, porque los que se atribuyen ahora la propiedad los tratan como ocupas. «Reclamamos que se haga justicia y acabe esta calvario judicial para todas estas familias», proclama la citada asociación.