PLANETA CANARIO
Miles de personas salieron este sábado 3 de octubre a las calles de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria para protestar por las dificultades de acceso a la vivienda y reclamar medidas más contundentes frente a los elevados precios de los alquileres, los desahucios y la especulación inmobiliaria.
La Delegación del Gobierno cifró la participación en 2.000 personas en Santa Cruz de Tenerife y 3.500 en Las Palmas de Gran Canaria.
Los organizadores elevaron la cifra a 10.000 asistentes en Tenerife, según el Sindicato de Inquilinas, y 12.000 en Gran Canaria, según el colectivo Derecho al Techo.
En Santa Cruz de Tenerife, la protesta estuvo impulsada por el Sindicato de Inquilinas de Tenerife, la PAH Tenerife y Acción Social Canarias.
La marcha salió desde las inmediaciones de la Subdelegación del Gobierno, en la calle Méndez Núñez y recorrió el centro de la capital hasta terminar ante la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias.
En Las Palmas de Gran Canaria la manifestación partió también desde la plaza de La Feria, donde durante los días anteriores se había mantenido una acampada por la vivienda, y terminó frente a la sede del Ejecutivo autonómico.
Las protestas transcurrieron sin incidentes relevantes y estuvieron acompañadas por caceroladas, llaves agitadas y consignas como «Ni casas sin gente ni gente sin casas», además de mensajes contra los fondos de inversión, los desahucios y los precios del alquiler.
En ambas capitales hubo también llamamientos a una huelga general por la vivienda.
Buena parte de las reivindicaciones se dirigieron al Gobierno de Canarias. Los colectivos reclaman la aplicación de las herramientas previstas en la legislación estatal de vivienda y, en especial, la declaración de zonas de mercado residencial tensionado.
También piden aumentar de forma significativa el parque público de vivienda, reforzar la protección frente a los desahucios y actuar contra la especulación y la pérdida de inmuebles residenciales destinados al alquiler turístico.
Javier Marrero, portavoz de Derecho al Techo, defendió durante la protesta de Las Palmas de Gran Canaria que el Gobierno canario dispone de competencias para intervenir y citó la declaración de zonas tensionadas como una de las medidas que deberían aplicarse.
En Tenerife, David González, portavoz del Sindicato de Inquilinas, volvió a reclamar cambios estructurales en la política de vivienda y criticó el escaso peso del parque público en Canarias.
Las movilizaciones no se limitaron a las dos islas capitalinas. En Puerto del Rosario, Fuerteventura, la Delegación del Gobierno contabilizó 70 participantes. La protesta había sido convocada por el Sindicato de Inquilinas frente a los juzgados de la capital majorera.
En Arrecife, Lanzarote, la Delegación del Gobierno estimó la asistencia en 100 personas.
Más de 50 movilizaciones en toda España
Las protestas de Canarias formaron parte de una convocatoria más amplia promovida por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, con movilizaciones anunciadas en más de 50 ciudades del país.
La protesta más numerosa se celebró en Madrid, que tuvo su punto final en la plaza de Cibeles. La Delegación del Gobierno calculó una asistencia de 70.000 personas, mientras el Sindicato de Inquilinas elevó la cifra hasta las 500.000.
También hubo movilizaciones en Palma, Santander, Valladolid, Cádiz, Málaga, Granada, Zaragoza, Santiago de Compostela, Bilbao, Vitoria y San Sebastián, entre otras ciudades. Las previstas en Barcelona y L’Hospitalet fueron suspendidas por las malas condiciones meteorológicas.
Las principales reivindicaciones del movimiento pasan por una fuerte reducción de los alquileres —los sindicatos plantean una rebaja del 50%—, contratos más estables, el fin de los desahucios y medidas sobre las viviendas en manos de grandes fondos de inversión.
Las manifestaciones se celebraron apenas un día después de que el Congreso de los Diputados rechazara dos reales decretos leyes impulsados por el Gobierno estatal.
El primero incluía medidas relacionadas con la protección de personas vulnerables, los alquileres y los desahucios, mientras que el segundo abordaba la estabilidad y renovación de los contratos de vivienda habitual.
Los colectivos consideraban insuficientes esas medidas, pero aun así habían reclamado su aprobación. Tras el rechazo parlamentario, endurecieron su discurso y situaron la huelga general como uno de los próximos objetivos del movimiento.
Las protestas de este fin de semana vuelven así a poner el foco sobre uno de los principales problemas sociales de Canarias y del conjunto del país: el acceso a una vivienda a precios asumibles y el creciente peso que esta cuestión tiene en la agenda política.