PLANETA CANARIO
El Gobierno de Canarias ha aprobado esta semana el Decreto Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes en los Ámbitos de Vivienda, Transportes y Puertos Canarios para hacer frente a la «brecha social y económica» provocada por la crisis sanitaria del Covid-19, en cuanto al pago de alquiler de viviendas, la suspensión temporal de deshaucios sin alternativa habituacional y la construcción de viviendas sociales, así como fomentar la reactivación de los actividades como el transporte de mercancías por carretera y las embarcaciones deportivas en los puertos.
El decreto ley incorpora varias medidas que, en materia de vivienda principalmente, buscan dar una respuesta ágil a la emergencia habitacional que arrastra desde hace años la sociedad canaria y que se ha visto acrecentada en los últimos meses por la crisis sanitaria y económica, según informa el Ejecutivo en un comunicado. De esta forma, se permitirá ejecutar los programas recogidos en el nuevo Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, dotado con 664 millones de euros que se destinarán, entre otras cosas, a la construcción y adquisición de nuevas viviendas sociales, a la reforma del parque de viviendas de las islas y a distribuir ayudas a las familias más vulnerables para hacer frente a los alquileres de sus viviendas.
Para ello, el Plan de Vivienda de Canarias tendrá la consideración de plan estratégico de subvenciones, se reforzará la plantilla de empleados públicos destinados a este fin y se nombrará a personal interino para el seguir el cumplimiento de los programas recogidos en el documento. Otra importante medida recogidas en este decreto es el abono anticipado de las ayudas ya concedidas para el pago del alquiler de aquellas personas afectadas por la crisis sanitaria del Covid-19. Esta medida permitirá agilizar el pago de la ayuda a los colectivos más desfavorecidos (afectados por ERTE o ERE) con un abono anticipado del 50% de la subvención, y el resto de la ayuda, una vez justificada al completo su situación económica. De esta forma, los beneficiarios que cumplan dichos requisitos no tendrán que esperar a completar toda su información económica con carácter previo para empezar a cobrar la ayuda, como sucede en la actualidad.
Una de las medidas más destacadas de este decreto ley es la que modifica el régimen de vivienda protegida simplificando los trámites administrativos al reducir a dos categorías estos regímenes: el especial y el general. El régimen especial se aplicará a los hogares que no superen 2,5 veces el IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples), es decir, que sus ingresos anuales no superen 18.798 euros al año. Y el régimen general se aplicará a los hogares que no superen 4 veces el IPREM, es decir, que ingresen menos de 30.78 euros anuales. Se ha optado por este índice porque el 80% de los hogares de las islas se encuentran por debajo del 4 IPREM.
El Decreto establece las superficies útiles mínimas y máximas subvencionables por el Gobierno canario en aquellas edificaciones de viviendas protegidas impulsadas por promotores privados. Se establece que aquellas viviendas para 3 y 4 personas con una superficie útil máxima de 75 metros cuadrados. Estos topes van subiendo a medida que haya más convivientes en el hogar y se establece como tope a subvencionar los 90 metros cuadrados útiles.
En colaboración con el sector privado, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda pretende incentivar la salida al mercado de nuevas viviendas en alquiler, por eso este decreto permitirá la recalificación de edificios o casas de promotores privados que se han quedado a medio construir, o que no se han vendido a particulares como se quería, para que se pongan a disposición del ICAVI (Instituto Canario de Vivienda). Esas casas pasarían a tener la calificación de protegidas durante 30 años y serían ofrecidas a los demandantes a los precios que fije el Gobierno.
Los municipios donde preferentemente se va a poner el punto de mira con los programas de nueva vivienda del Plan son aquellos donde la emergencia habitacional es más acuciante, como es el caso de las cuatro ciudades canarias de más de 100.000 habitantes, las capitales insulares, los municipios turísticos y las ciudades cuya población ha crecido de manera desproporcionada en los últimos cinco años.
Exención y bonificación de las tasas den puertos deportivos
Por último, se establece una bonificación de los cánones que pagan al ente público Puertos Canarios para aquellas embarcaciones de recreo que realizan actividades con turistas como son los barcos para celebraciones, paseos o para observación de cetáceos. Al decaer la actividad turística a partir del mes de marzo pasado debido a las restricciones que impone la crisis sanitaria, estas empresas han visto su trabajo prácticamente reducido a cero, por lo que la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda les va a bonificar a todas ellas el cien por cien de los cánones que debían pagar durante los meses que duró el confinamiento, y del 50% desde verano y hasta el fin de 2020.