VICENTE PÉREZ
La indisciplina que ha cometido la diputada Ana Oramas al votar en contra de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno estatal, en lugar de la abstención que había acordado de forma colegiada Coalición Canaria (CC), le pude ocasionar la expulsión del partido.
En su intervención el pasado sábado desde la tribuna del Congreso, la parlamentaria tinerfeña pareció ser consciente de que su rebelión puede desembocar en su baja de la fuerza política de la que ha sido su cara y su voz en Madrid desde hace 12 años. Y es que la diputada dijo que pese al sentido de su voto, apoyará propuestas del PSOE en el futuro «si son buenas para los ciudadanos», esté o no, puntualizó, en su actual partido.
CC de Fuerteventura ya ha anunciado que si el martes, en la nueva votación, Oramas no reconsidera su voto y se abstiene (este domingo, en la primera sesión plenaria, votó en contra), exigirá que se le apliquen los estatutos a la exalcaldesa de La Laguna y veterana parlamentaria en las Cortes.
¿Y qué dicen los Estatutos de CC? El artículo 49 deja claro que «causarán baja de Coalición Canaria las personas afiliadas que, tras resolución de procedimiento disciplinario incoado, hayan incurrido en infracciones graves», entre las que se menciona «el incumplimiento y el alejamiento desobediente de las decisiones de sus órganos». Esto último es precisamente lo que ha hecho Oramas, pues el Consejo Político Nacional había decidido la abstención.
Existe la posibilidad de que antes de ese segundo pleno en el Congreso de los Diputados, CC reúna a su Comisión Permanente para intentar reconducir esta situación, por lo que tal reunión urgente podría celebrarse este mismo lunes, Día de Reyes.
Así las cosas, CC de Fuerteventura ha sido de momento la más crítica con este desmarque de la diputada nacional, lo cual no es de extrañar dado que se trata de la organización que en realidad forma Asamblea Majorera, un partido originalmente de izquierdas. El secretario general de CC en esta isla oriental es el diputado Mario Cabrera, quien en un comunicado dejó patente que el voto contrario de Oramas a Sánchez «no nos representa», parafraseando precisamente el eslogan electoral del partido en las generales («Sí nos representa»).
Oramas se ha insubordinado porque entiende que sería una traición a sus electores y los ciudadanos en general no votar en contra de una investidura que permitirá la formación de un Gobierno de PSOE y Unidas Podemos (partido este por el que siente especial y profunda aversión) con apoyo de los independentistas catalanes (ERC) y vascos (Bildhu), por lo que presagia, con negros augurios, la «demolición del Estado» español que conocemos, basado en la Constitución de 1978 y las autonomías.
Pese a que CC se considera nacionalista, Oramas reniega del independentismo, y solo abraza el autonomismo constitucional, al punto de tachar de «traición»a los españoles la alianza que se ha formado en las Cortes para el nuevo gobierno de izquierdas.
La exalcaldesa lagunera ha apelado a la coherencia para no abstenerse. Y en realidad los Estatutos del partido también tienen un capitulo de «Actitudes y valores» en el que mandata a los cargos públicos y orgánicos a desempeñar sus funciones precisamente «con coherencia, integridad, idoneidad, austeridad, eficiencia, rigor, transparencia», lo cual podría invocar, pero también está obligada estatutariamente a la «lealtad» con los órganos colegiados de CC.
Cabrera, que es diputado regional, subrayó en un comunicado este sábado que la decisión de abstenerse en las dos votaciones “fue debatida y acordada en los órganos de Coalición Canaria», al tiempo que anunció que pedirá a los órganos de su partido competentes a escala regional que decidan qué tipo de medidas aplicar de acuerdo con el reglamento interno de esta formación política.
Un posible expediente a Oramas tendría que resolverse en seis meses, como máximo; de lo contrario se entendería caducado, y las faltas prescriben a los cuatro meses.
El Comité de Resolución de Conflictos es el órgano de CC encargado de dirimir las controversias, tanto individuales como territoriales, así como de la tramitación de los procesos disciplinarios. La Comisión Ejecutiva Nacional es la competente para resolver estos procedimientos.
La iniciativa para la apertura de procedimiento o expediente disciplinario correspondería a la Comisión Ejecutiva Nacional a propuesta de la Secretaría General o a solicitud de una Comisión Ejecutiva Insular a propuesta de la Secretaría Insular (en el caso de Fuerteventura, sería Mario Cabrera). El comité de resolución de conflictos designará, en ese caso, entre sus miembros, a un instructor o una instructora del expediente y un secretario o una secretaria.
La Comisión Ejecutiva Nacional podrá adoptar las medidas cautelares que estime convenientes en su acuerdo de apertura de procedimiento, en función de la gravedad de la infracción.
Si se expedienta a Oramas, podrá presentar alegaciones, y la propuesta de resolución de expediente disciplinario corresponderá aprobarla a la Comisión Ejecutiva Nacional, en la primera sesión que ésta celebre.
En el supuesto de expulsión, la sanción llevará consigo la baja del órgano al que pertenece, el cese en el cargo institucional que ostente, así como la devolución al partido de la representación institucional que tenga en nombre de éste. Si no puede ser removida del cargo, estará obligada a dimitir, según disponen los estatutos de CC. Si se negará a presentar su renuncia, «no podrá volver a ocupar ningún cargo público a propuesta de Coalición Canaria y, en el caso de cargos electos, se le expulsará del grupo político al que pertenezca».
La baja por esta causa «tendrá como sanción accesoria la imposibilidad de presentarse a candidaturas de CC».
En este tipo de expedientes disciplinarios, existe la posibilidad de presentar recurso de alzada ante el Consejo Político Nacional en el plazo de un mes desde su notificación.
De todos modos, una hipotética propuesta de expulsión de Oramas se encontraría con resistencia en dirigentes de CC en las islas occidentales, donde está el núcleo más conservador de CC y, en especial, en Tenerife, donde la hegemonía original de esta coalición era la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), en la que anida una animadversión ideológica hacia Unidas Podemos, de la que ha dado cuenta en numerosas ocasiones el exalcalde santacrucero José Manuel Bermúdez.