PLANETA CANARIO
Los colegios oficiales de Trabajo Social de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife expresan su «profunda preocupación» ante la entrada en vigor del conocido como Decreto de Dependencia con el que temen que, «bajo el argumento de la agilidad y la disminución de las listas de espera, se esconde una mayor burocratización y un empobrecimiento de la atención, al no compensar los problemas estructurales de base que suponen la falta de personal y de gestión de calidad».
«Lejos de simplificar los trámites para las personas en situación de dependencia», advierten, «esta nueva normativa traslada la carga administrativa a la ciudadanía y, en consecuencia, generará el colapso de los servicios sociales municipales».
Aunque el Gobierno de Canarias presenta el decreto como una medida para agilizar los procedimientos, ambos colegios profesionales creen que «la complejidad del nuevo modelo de solicitud exige a las personas solicitantes proporcionar una extensa y detallada información económica y social de toda la unidad familiar, lo que incluye datos bancarios, de salud y detalles sobre su entorno familiar, incluso antes de saber si se les reconocerá algún grado de dependencia».
«El único objetivo es cerrar expedientes y engrosar artificialmente las cifras de tramitación del sistema», subrayan.
Esta situación, auguran los trabajadores sociales, «obligará a muchas personas a acudir repetidamente a los servicios sociales municipales en busca de ayuda para completar la solicitud, lo que saturará aún más unos servicios ya sobrecargados».
«Riesgos de elección inadecuada»
El nuevo modelo de solicitud solicita que las familias elijan directamente los servicios o prestaciones que consideran adecuados, «sin la orientación de profesionales especializados. Esto aumenta el riesgo de decisiones mal informadas que no respondan a las verdaderas necesidades de la persona en situación de dependencia».
Además, prosiguen los colegios profesionales, «el modelo solicita autorización para acceder a datos sanitarios y sobre circunstancias familiares y sociales sin especificar claramente cuáles son estos datos, lo que plantea serias dudas sobre el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos y la confidencialidad de la información personal que consultará el Gobierno de Canarias».
Desaparición del informe social y sin un modelo de informe del entorno
El nuevo decreto, que elimina el informe social, «tampoco contempla la incorporación del anunciado informe de entorno».
«Esta doble ausencia priva al procedimiento de valoración de herramientas esenciales para interpretar el contexto y las necesidades reales de la persona solicitante», previenen los colegios de Trabajo Social..
Uno de los aspectos que más preocupa a estos profesionales sobre el nuevo procedimiento es que «se obliga a la persona a decidir, en el mismo momento de la valoración y elaboración del PIA (Programa Individual de Atención), qué servicio o prestación desea recibir, sin haber tenido tiempo para reflexionar e informarse adecuadamente».
«Esta decisión se tomará minutos después de haber valorado su grado de dependencia, en un contexto de alta carga emocional e informativa y sin garantías de comprensión clara de las implicaciones de cada alternativa».
A ello se suma una medida «especialmente lesiva»: el decreto establece un plazo máximo de tres meses desde el reconocimiento de la situación de dependencia para hacer uso efectivo del servicio o prestación asignada.
En caso de no hacerlo en ese plazo, se perdería el derecho adquirido, salvo que se justifique ante la Administración que la demora no fue imputable a la persona interesada.
Sin embargo, según los trabajadores sociales «no se aclara cómo deberá demostrarse dicha justificación ni qué situaciones se considerarán como causas no imputables, generando más inseguridad y presión sobre quienes ya están en una situación de vulnerabilidad».
Profesionales saturados
Según ambos colegios oficiales, «una vez más, este decreto hace responsables del dictamen–propuesta a profesionales que ya de por sí están saturados y que, en muchas ocasiones, no cuentan con el tiempo necesario ni con los instrumentos de valoración adecuado, por lo que en el caso de tener que valorar la situación personal, familiar y social, se basarán en el análisis de la documentación aportada y no en la visita o análisis real del entorno en el que vive la persona hospitalizada.