VICENTE PÉREZ
Adriana Brito, novia de Alejandro Torres, un joven militar de 23 años que falleció ahogado en la costa de Puerto de la Cruz el 5 de octubre pasado y cuya familia denunció ante la Policía Nacional falta de auxilio por parte del CECOES 1-1-2, ha decidido romper su silencio y divulgar un vídeo en Facebook en el que se queja de la falta de respuesta de este servicio público del Gobierno canario a la investigación que reclamaron, y cree que casi 11 meses después por la muerte de su pareja «no se ha hecho justicia».
Esta joven, que fue rescatada del mar en el mismo suceso, relata que ella se encontraba en un lugar ya seguro en las rocas, pero el personal del helicóptero del Grupo de Emergencias y Seguridad (GES) decidió trasladarla a tierra y ningún rescatador se sumergió en busca de su novio, a quien había visto hundirse momentos antes, porque le indicaron que no llevaban la equipación necesaria para ello. En su momento lo contó en una carta que leyó, con entereza, la madre del fallecido, Natalia González, un testimonio que llevó a la familia a denunciar los hechos ante la Policía Nacional y de manera pública.
Días después, la Dirección General de Seguridad y Emergencias (DGSE) remitió un comunicado, que publicó PLANETA CANARIO, en el que aseguraba que no había encontrado «ninguna anomalía ni incorrección, ni deficiencia», en este operativo de rescate, por lo que había archivado esta investigación tras estudiar las grabaciones de las imágenes y los audios registrados durante la actuación del helicóptero, así como examinar «durante varias horas» el relato de su tripulación, compuesta por cinco personas.
De ahí que Adriana Brito se pregunte cómo es posible que «en dos días» el Gobierno canario cerrara esta investigación sin tomarle declaración a ella, que era «la única testigo» de los hechos. «A mi no me llamaron nunca para pedirme el testimonio y la cerraron diciendo que todo estaba perfecto», se queja la joven en el vídeo.
«Hay muchas preguntas aún sin respuesta y no me voy a callar»
En su nota de prensa de hace 11 meses, la Dirección General de Emergencias y Seguridad alegó que la prioridad de llevar a la novia de Alejandro a otro lugar la considera «adecuada por estar expuesta peligrosamente al acantilado, su lógico estado de nerviosismo, y su intención de lanzarse al agua».
En cuanto a la peligrosidad del oleaje en aquel momento, asegura Adriana Brito que «en Instagram el GES ha publicado vídeos de actuaciones que han hecho, en las que el mar estaba muchísimo peor» por lo que cuestiona «qué diferencia hay con el rescate de Alejandro».
En referencia a su nerviosismo mencionado en el comunicado oficial, la joven responde que quién es capaz de estar tranquilo ante una situación así: » Yo creo es totalmente comprensible que aquel día estuviese nerviosa, llorando y gritando, porque mi pareja estaba en el mar y me estaban diciendo que no se quieren tirar al mar a salvarlo; pese a que yo en todo momento , en la llamada al 112, decía que yo estaba bien y toda la ayuda que nos fueran a dar, por favor, para Alejandro, porque el es el que estaba mal, el que estaba en el agua».
«Todavía no hay barco de Salvamento Marítimo en el Norte de Tenerife»
Además, Adriana Brito recuerda que cuando ocurrió el accidente de su ser querido se comprobó que Salvamento Marítimo no tenía ni «desafortunadamente» tiene aún un barco operativo en el Norte de Tenerife, y que el que tenía Cruz Roja en el muelle de Puerto de la Cruz se había averiado una semana antes de aquel aciago 5 de octubre, sin que se pusiera uno de repuesto. .
La novia del fallecido confiesa estar ya «cansada» y no aguantar más: «Ya no me voy a callar nada más; pido respuestas y que se haga justicia. Aquí ya no se trata de si yo me tiré al mar, que eso también lo han puesto en duda, aquí se trata de si se podía hacer algo por la vida de Alejandro y no se hizo».
Expresa esta joven su «eterno» agradecimiento a las personas que les apoyaron en una recogida de firmas para ejercer la «presión» social que permitiera hacer justicia y que esta situación no se repita, pero considera que, en el tiempo transcurrido, las explicaciones del 1-1-12 no han sido suficientes.
El Gobierno canario archivó la investigación al no ver nada anómalo en el rescate
En su comunicado de octubre de 2019, la citada Dirección General explicó que los rescatadores del GES «no están equipados ni entrenados para operaciones subacuáticas, sus equipos de protección y líneas de vida están preparadas para garantizarles la flotabilidad en las misiones de rescate y solo en situaciones muy concretas pueden desproveerse de este equipamiento para sumergirse: cuando se haya avistado a la víctima, esté al alcance de su capacidad física y no existan peligros añadidos de rompientes, oleajes, o corrientes, entre otros factores».
Por tanto, este organismo público concluyó entonces que las actuaciones del helicóptero, es decir de sus tripulantes, pilotos y personal de este rescate, «se ajustaron con precisión a las normas y procedimientos técnicos aplicables a la situación que debían afrontar».
Pero, «sin perjuicio de lo que resulte de las actuaciones judiciales en curso, iniciadas a causa del fallecimiento del joven, la Dirección General de Emergencias y Seguridad estimó hace 11 meses que no se requerían nuevas investigaciones por su parte, al menos por ahora».
Este organismo público y la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad a la que pertenece insistió en aquella nota de prensa que lamentaba el fallecimiento del joven, y reiteraba a los familiares sus condolencias y el ofrecimiento de transmitirles la información que requieran, pues además todas las actuaciones de los servicios de emergencia se registran, en soportes visuales y sonoros que permiten reconstruir lo sucedido con precisión.