PLANETA CANARIO
Unas 300 personas, según la asociación convocante, se han concentrado este lunes, 12 de abril, en Santa Cruz de Tenerife, ante las respectivas sedes de Presidencia del Gobierno canario y la Seguridad Social, convocadas por el ecolectivo Hostelería Unida de Tenerife para protestar por la situación en que se encuentra el sector de los bares, restaurantes, cafeterías, terrazas, guachinches y locales de ocio nocturno tras más de un año de restricciones por la pandemia y las tan insuficientes como lentas ayudas.
Portavoces de este colectivo denuncian la situación extrema en que se encuentran muchas empresas, una parte ya al borde de la ruina si no llegan ayudas pronto y en suficiente cuantía, así como bonificaciones fiscales, debido a que al confinamiento se han unido las limitaciones para ejercer su actividad en esta crisis sanitaria.
El drama del sector afecta a todo el Archipiélago, pero las medidas ahora más restrictivas se mantienen en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, con nivel de alerta sanitaria 3, que impide atender a clientes en el interior de los locales y solo es posible, con aforo restringido, en exteriores, como terrazas, sean provisionales o permanentes.
Anuncian además nuevas movilizaciones en las próximas semanas.
En la concentración, la asociación convocante escenificó la muerte de sus empresas mediante una imitación de una sepultura con el epitafio: «D.E.P. Aquí yace la hostelería canaria, obligada a cerrar sin ayudas; con ella se van muchos sueños y miles de familias a la ruina».
Los participantes en la protesta se quejan de que las subvenciones «no llegan» y las condiciones para poder beneficiarse de estas ayudas «son inasumibles» para unas empresas «devastadas por la pandemia».
Asimismo, denuncian que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTES) no se tramitan con la agilidad necesaria y los trabajadores tardan meses en cobrarlos, por lo que muchas empresas han tenido que adelantar las remuneraciones a sus trabajadores acogidos a esta situación ante la tardanza de varios meses por en ser abonados por la Administración Pública.
También aprecian «arbitrariedad» en las medidas, según al sector que se imponen, pues aprecian un gran rigor con la hostelería y menos con otras actividades.
Igualmente, sostienen que el pago de impuestos en las actuales condiciones en que no es posible asegurar una facturación mínima por las restricciones antipandemia es otra obligación imposible de cumplir.
Los manifesteantes no se oponen a seguir unas medidas estrictas de higinie y de prevención de la Covid, pero sí a que se «criminalice» a este sector a pesar de que «sólo el 5% de los contagios» se producen en estas actividades.
«Hemos cumplido nuestra parte: hemos seguido las medidas a rajatabla, cerrando cuando se tenía que cerrar, reduciendo el aforo, preocupándonos de seguir las directrices en recepción de mercancía, en limpieza, preocupándonos de la utllización de mascarillas entre empleados y clientes; pero son las Administraciones las que no han cumplido su parte», afirma este colectivo.
«Si hemos de cerrar, cerraremos temporalmente por el bien general, pero tendrán que ayudarnos; lo que no puede ser es que nos criminalicen y nos condenen a la ruina; en ese caso nos van a tener de frente, unidos y en la calle», advierten en un manifiesto.
