PLANETA CANARIO
La Fundación Canaria de la Construcción (Funcac) ha anunciado la puesta en marcha de la marca Puerto Deportivo Verde. Para justificar esta iniciativa esta patronal se pregunta «por qué la planificación de puertos deportivos en Canarias es prácticamente nula y a qué se debe el veto de hecho a la inversión privada» y considera que «los puertos deportivos tutelados por los gobiernos autonómicos, dependen de la forma de gobernar de las diferentes autonomías».
La nueva marca de puertos verdes incluye tipos de protección cuyas características serían, en cuanto a la clase 41, actividades culturales, deportivas relacionadas con la pesca artesanal, servicios de educación y formación en materia de conservación de la naturaleza y el medio ambiente. Y con respecto a la clase 42 incluye los servicios de asesoramiento relacionados con la seguridad y protección del medio ambiente, investigación en el ámbito de protección del medio ambiente. Finalmente en cuanto a la clase 44 se contemplan los servicios de centro de salud.
El presidente de la Funcac, José Ana Pérez Labajos, señala que «en Cantabria o Cataluña proliferan las actuaciones de tipo privado, mientras que en otros enclaves con gobiernos más asamblearios el veto de asociaciones pseudo ecologistas o de plataformas antipuertos constituidas sobre la marcha ad hoc influyen en las decisiones de la Administración de manera negativa».
No obstante, con esta nueva marca, esta patronal «pretende coadyudar a que la administración dinamice la inversión privada cuando esté respaldada por criterios de protección más allá de una simple valoración de impacto ambiental, preceptiva en las concesiones administrativas».
La gestión de los muelles deportivos que desarrollar en las zonas de servicio de los puertos de interés general, expone la Funcac, «fue cedida desde los años noventa cuando era presidente del Gobierno central, José María Aznar, al Partido Nacionalista Vasco (PNV) en esta autonomía; a continuación la responsabilidad se fue transmitiendo a los distintos gobiernos autonómicos».
A juicio de Labajos, «el problema es que la gestión acaba siendo totalmente política al terminar subordinadas las competencias de Puertos del Estado a los ayuntamientos y cabildos o diputaciones, cuando este triplete corresponde al mismo color político».
La Funcac subraya que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife «hace una gran labor con actuaciones e inversiones en el litoral como es el proyecto de Valleseco o dique de protección de San Andrés que ha culminado con las cíclicas inundaciones que sufría el pueblo». Pero acto seguido recuerda que «la responsabilidad de las autoridades portuarias son las vinculadas únicamente al tráfico marítimo y por supuesto a la concesión de las autorizaciones correspondientes a dichas obras».
“Pero en mi opinión», subraya el presidente de la patronal, «la administración portuaria según informes del mismo Gobierno de Canarias se ha erigido en iniciativas que no le corresponden ya que los estudios medioambientales de las diferentes zonas del litoral deben de hacerse desde una entidad superior que englobe todas las características del territorio como son: desembocaduras de barrancos y las escorrentías; y de hecho, según este punto de vista el dique de contención de San Andrés está mal calculado, pues corrige la altura de la ola pero no la longitud».