PLANETA CANARIO
El Cabildo insular ha oficializado su retirada definitiva del accionariado de Bodegas Insulares de Tenerife, S.A. (BITSA), una empresa mixta fundada en los años 90 junto al Ayuntamiento de Tacoronte y cuya actividad, con capital público, había sido denunciada por competencia desleal ante la Comisión Europea por la Asociación de Bodegas de Vino de Tenerife (AVIBO).
La decisión ha sido celebrada por este colectivo , quien recuerda que Bruselas llevaba años observando con recelo las prácticas de BITSA, que, según pone de relieve AVIBO, se beneficiaba de ayudas públicas encubiertas, cesiones gratuitas de terrenos e instalaciones, y financiación pública que la convertía en un competidor desequilibrante frente a las más de 280 bodegas privadas que operan en la isla.
En 2014, AVIBO dio el paso de elevar el conflicto a la Comisión Europea. La respuesta llegó en 2018: Bruselas declaró ilegales varias de las ayudas percibidas por BITSA, aunque las calificó como “compatibles” con el mercado común basándose en informes que, según la asociación denunciante, omitían datos clave. Pese al dictamen ambiguo, el procedimiento sembró las bases de una vigilancia constante por parte de la Dirección General de Competencia de la UE.
Según expone esta asociación vitivinícola, BITSA continuó utilizando, sin coste alguno, más de 9.000 metros cuadrados de suelo público y unas instalaciones de 3.000 metros cuadrados propiedad del Cabildo. Este «trato privilegiado», según AVIBO, permitía a la bodega vender vinos a precios artificialmente bajos, afectando directamente al equilibrio del mercado y a la viabilidad de proyectos privados que no contaban con semejante respaldo.
En marzo de 2023, representantes de la Comisión Europea convocaron a los responsables del Cabildo, por entonces bajo mandato socialista, y exigieron el cese de las prácticas consideradas anticompetitivas. El ultimátum se concretó en julio de 2024: si España no ponía fin a la situación, enfrentaría un expediente sancionador con posibles multas millonarias.
Según subraya AVIBO, fue entonces cuando el nuevo gobierno insular (CC-PP) adoptó una postura decidida: Canceló el contrato de uso gratuito con BITSA y activó los trámites para deshacerse de la participación pública en la sociedad.
AVIBO segura que esta noticia ha sido celebrada por el conjunto del sector vitivinícola tinerfeño. A su juicio, esta retirada del Cabildo devuelve la «normalidad» a un mercado que, pese a las dificultades, ha logrado posicionarse como referente en calidad y exportación en el ámbito vitivinícola europeo.
Esta asociación insiste en que este desenlace sienta un precedente claro: «las Administraciones públicas no pueden ser juez y parte en sectores productivos, menos aún cuando utilizan recursos comunes para competir».
La asociación subraya que no se oponen a la promoción institucional del vino de Tenerife, pero sí a la intervención directa que distorsione la libre competencia.
Desde AVIBO se quiere «reconocer» el trabajo efectuado por el actual gobierno insular, en las figuras de su vicepresidente Lope Afonso, y los consejeros de Industria y del Sector Primario Manuel Fernández y Valentín González, que han sido «sensible»s a las reivindicaciones del sector vitivinícola, que «venían sufriendo cómo marcas como Viña Norte y otras de BITSA, competían con ellos a precios mucho más bajos, por las múltiples ayudas y ventajas que le confería el Cabildo, en detrimento de la libertad de mercado, del consumidor, y del uso eficiente de recursos públicos»,
Para el sector del vino en Tenerife, lo ocurrido representa «algo más que un ajuste económico: es un cambio de paradigma: es un paso necesario para garantizar un ecosistema empresarial justo, competitivo y sostenible”, concluye AVIBO.