VICENTE PÉREZ
El catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Villorria, uno de los expertos españoles más prestigiosos sobre ética en la Administración Pública, sostiene que «España no puede seguir compitiendo internacionalmente si quiere ser una de las economías más poderosas con la imagen de corrupción política que estamos dando al mundo: hemos pasado del puesto 11 al 20 en la Unión Europea en el índice de menos a más corrupción». «Tenemos que cambiar esto y hemos perdido demasiado tiempo ya, pues la corrupción es uno de los factores de la crisis económica», advierte este politólogo
Villorria ha visitado este año Tenerife para participar en jornadas sobre gobierno abierto en Arona, adonde volverá este 16 de mayo para hablar sobre la importancia de un código ético y del buen gobierno en las entidades locales, durante unas actividades organizadas por la Concejalía de Transparencia y Participación Pública que dirige José Antonio Reverón.
Este edil es precisamente denunciante del llamado caso Arona, con sentencia firme ya desde finales de 2018, y que ha supuesto la inhabilitación durante 17 años del exalcalde José Alberto González Reverón, de CC cuando cometió los hechos delictivos, y de seis exconcejales por un delito continuado de prevaricación urbanística.
El catedrático de Política, autor de más de 200 publicaciones entre libros y artículos sobre ética pública y director el Observatorio en Buena Gobernanza en la universidad donde da clase, recuerda que «España tiene 58 puntos sobre 100 en el índice de transparencia internacional (cuando más puntos, menos corrupto eres), de modo que el 1 del mundo tiene 88 puntos, Dinamarca; y en todo el mundo somos el 41».
«Somos, junto a Hungría, el país que más ha perdido puntos en los últimos seis años, y eso implica que el mundo nos ve más corruptos, lo cual afecta a las inversiones, pues los inversores no quieren invertir en un país corrupto, salvo que vaya a robar», expone Villorrria. Desde esta perspectiva económica, advierte de que «estamos perdiendo dinero por esa imagen de corrupción, así que España está en una situación que no es la apropiada para uno de los países que quiere ser una de las economías más poderosa, pues no podemos seguir compitiendo internacionalmente si no llegamos a 70 puntos».
«Cuando más corrupción hubo, no preocupaba a la gente»
Para los españoles, la corrupción es un problema, pero no ha sido así siempre. «En 1994», señala, «la percepción de la corrupción era elevada, pero desde 1996 a 2009 desaparece como preocupación de los ciudadanos, precisamente cuando más corrupción ha habido; pero de repente la preocupación por este asunto empieza a subir cuando la economía empieza a ir mal o muy mal, cuando empezamos a perder empleo, nos recortan derechos sociales, y cada día hay un escándalo nuevo, y es ahí cuando conectamos los dos fenómenos».
«Porque toda esta crisis tiene que ver también con la corrupción, y en estos momentos somos uno de los países de Europa donde más se cree que la corrupción está extendida mucho o bastante (94% de la población lo creía en 2017, cuando la media en Europa es el 68».
Villorria vincula con estas prácticas ilícitas «el despilfarro» con los fondos públicos: «Hemos entregado a los bancos 60.600 millones de euros que no vamos a recuperar, lo cual consiguió la banca porque captura las decisiones de los políticos; y luego se ha despilfarrado en infraestructuras unas cantidades brutales: De 1985 a 1995 un total de 15.000 millones de euros, cerca de un 15% del PIB de 1995; porcentaje que llegó al 20% en el periodo 1996-2007, con 147.000 millones de euros; así que hemos tirado esa enorme cantidad de dinero, y lógicamente la ciudadanía está muy enfadada».
«La confianza en las instituciones ha pasado del 70% al 20%»
En tales circunstancias, alerta, el grado de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en España ha pasado de casi 20 puntos por encima de la media europea (más del 70% de los españoles estaba satisfecho con la calidad de su sistema democrático) a apenas poco más del 20% en los últimos años.
Eso se refleja también en el grado de confianza en el Parlamento estatal de cada país: «En Europa la media es del 36%, en España 18%, pero en el conjunto de la UE de 2005 a 2012 ese índice bajó el 7%, mientras aquí cayó el 26%».
Propuestas para cambiar esta situación
¿Cómo podemos cambiar esta situación? Es la gran pregunta que quiere responder este experto en política. «Desde luego, hay cambios culturales, a largo plazo, que consisten en reforzar la educación cívica de nuestros jóvenes, su ética y en valores, lo que nos llevará una o dos generaciones».
Hay otros cambios a medio plazo, «que tienen que ver con recuperar equidad, pues en este país ha avanzado enormemente la desigualdad de rentas (en España y Rumanía es donde más ha aumentado en los años de la crisis); y cuanta más desigualdad, más corrupción, pues la primera genera desconfianza y cada uno va a la suya, olvidándose del bien común».
A corto plazo, desde su punto de vista, la solución es «mejorar nuestras instituciones, viéndolas en su conjunto, con un análisis global, analizando en qué medida tienen respeto integral por la democracia, si rinden cuentas, si respetan la transparencia, si luchan contra la corrupción, y tomando las medidas necesarias para que así sea».
A su juicio, los parlamentos, «el poder legislativo, en España en términos de transparencia puede mejorar, pero también en leyes de integridad, pues los propios diputados no respetan a veces las incompatibilidades, no tienen códigos éticos…». Unos parlamentarios que, para este politólogo, «no deben rendir cuentas solo ante sus partidos, sino ante los ciudadanos, pues a los diputados les suele preocupar sobre todo quedar bien con su formación política respectiva, porque es la que les es pone y les quita de las listas, y si son críticos internamente, se quedan fuera de la foto». Igualmente cree que necesitan más transparencia los partidos.
En conclusión, el catedrático apunta que «necesitamos una visión integral de la situación y a partir de ahí desarrollar políticas estratégicas de lucha contra la corrupción», entre las que propone medidas como las del gobierno abierto, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Todo ello, puntualiza, «requiere una voluntad política de entender que si este país no hace sus deberes para tener buenas instituciones públicas, seguiremos con altos niveles de desconfianza y corrupción».
No se olvida tampoco Villorria del sector privado, pues defiende que «las empresas en España también necesitan desarrollar programas de códigos éticos, y que eviten los sobornos, por ejemplo».
La moral social y las leyes injustas
En un plano más teórico de sus reflexiones, define la moral social como «un conjunto de concepciones que en una sociedad son mayoritarias e indican lo que está bien y está mal». Para aplicarlas, una sociedad necesita unas «instituciones, que son reglas del juego de alguna forma previsibles y nos determinan modelos de conducta que nos permiten vivir en comunidad».
Tal es así, enfatiza, que «los empleados públicos, si tuviéramos muy buenas instituciones, cumpliendo las leyes conseguiríamos que el país avanzara. pero el problema es que nos encontramos con que tenemos que aplicar leyes que no son buenas, mal escritas, incongruentes, secuestradas por grupos de interés, o con intereses particulares que no sirven al interés general, leyes a veces fruto de pactos partidistas que tienen objetivos muy cortoplacistas y no piensan a largo plazo..; leyes injustas que no respetan elementos fundamentales de equidad». «Pero no podemos saltárnoslas», advierte, «porque habría una inseguridad jurídica general y tendríano roblemas quienes no las aplican, de modo que lo único que se puede hacer interpretarlas para que hagan el menor daño posible».
La ética de los servidores públicos: el interés general
Para que un país marche bien, desde su punto de vista es preciso que todo el mundo actúe conforme a una «ética profesional», incluyendo el político, «que ejerce una profesión temporal en el servicio público». «Si cada uno desarrolla bien su profesión», reflexiona Villorria, «el país funciona mucho mejor; y para ello hay que destacar, recuperar el bien interno, es decir, la razón de ser de la profesión de cada uno, algo que sabemos preguntándonos para qué sirve nuestra profesión, y qué es lo que la justifica socialmente, por qué es tan necesaria y por qué si lo haces bien todos te van a respetar».
Naturalmente hay «bienes externos» para que cada profesional pueda vivir, como es el dinero, pero conviene no perder de vista que, en el caso de los funcionarios y políticos, «el bien interno es servir los intereses generales, y hacerlo además con respeto a la dignidad del ser humano».
Pero el pilar en el que descansa todo este sistema deseable expuesto por Villorria son los valores, la ética, que «debe guiar la conducta de los ciudadanos, valores que si interiorizamos guían las conductas».
Por eso propugna que «hoy en día es muy importante definir el marco de valores en los servicios públicos, y con ese propósito hay que reformar a los políticos y a los funcionarios en los valores del servicio público tal como se entiende hoy, porque si no probablemente pueden actuar con valores que ya están fuera de la realidad actual».