VICENTE PÉREZ
El Consejo de Ministros ha aprobado una multimillonaria sanción propuesta por la Dirección General de la Costa y el Mar contra el Cabildo de La Palma por la construcción ilegal de una tubería de agua, y una pista de acceso, a lo largo de la nueva fajana, o delta lávico, creada por la erupción de volcán Tajogaite en 2021, y que supuso que La Palma ganara terreno al mar.
El importe de la multa asciende a 2,1 millones de euros, ya que se trata de una obra que no contó con autorización del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La tubería tiene una longitud de 9 kilómetros, con 1.700 metros sobre la fajana, de los cuales unos 1.400 están en dominio público marítimo-terrestre.
La obra se proyectó y ejecutó en el pasado mandato, cuando cogobernaban en el Cabildo palmero PP y PSOE, y lo presidía Mariano H. Zapata (PP), que en la actualidad es el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno canario.
Su sucesor al frente del Cabildo, Sergio Rodríguez (de CC), confirmó esta noticia y reconoció que el Cabildo «tiene que abordar esta sanción importante, en un momento en que está usando todos los recurso disponibles propios y ajenos para que la recuperación de las infraestructuras no se paralice».
«Las cosas no se hicieron bien en su momento, las formas no fueron las adecuadas, y el Cabildo tiene que pagar», señaló el mandatario insular. «Nadie discute la necesariedad en aquel momento de abordar esta obra, pero no hubo acuerdo entre el Cabildo y Costas y hoy lo que hay que abordar es el pago de 2,1 millones por tomar esa decisión», insistió.
SOTERRAR LA TUBERÍA, POSIBLE SOLUCIÓN
Asumida ya la multa, Rodríguez afirma que el Cabildo «está trabajando en un proyecto alternativo que permita el soterramiento, el acceso a las playas de la fajana», «retirar el tubo cuando haya una solución, que bien puede ser con el proyecto del túnel de El Remo a La Zamora, o una alternativa distinta».
Ese plan se presentará al Ministerio de Transición Ecológica e incluirá el cumplimiento de la normativa vigente, especialmente la medioambiental, para proteger los valores geológicos de la fajana, gestionar su «potencial turístico» y la «garantía del riego» para los agricultores.
Izquierdo tranquilizó al sector agrario, ya que “ni mañana, ni dentro de una semana, ni dentro de un mes, se suspenderá el riego”, y subrayó que gracias a esta infraestructura “hay muchísimos afectados que están reconstruyendo y haciendo un trabajo muy importante”.
Añadió que “existen distintas soluciones de ingeniería que podrían pasar por soterrar las tuberías”.
A su juicio, este plan de actuación podría ejecutarse en “cuatro o cinco años”, incluyendo medidas para la conservación de la fajana, que la “protejan a nivel geológico” y resalten su “potencial turístico”.
H. ZAPATA: «SANCIÓN INJUSTA; EL CABILDO DEBE RECURRIRLA»
Por su parte, Marianao H. Zapata tacha de «injusta» la sanción y ha defendido que la obra se consensuó entre todas las Administraciones públicas, tuvo aval técnico y jurídico, y se justificó por la situación de emergencia creada por la erupción, para que los agricultores continuaran regando las plataneras.
Además, el expresidente insular y ahora consejero del Gobierno regional pide al Cabildo que recurra esta sanción.
VICENTE PÉREZ
El Consejo de Ministros ha aprobado una multimillonaria sanción propuesta por la Dirección General de la Costa y el Mar contra el Cabildo de La Palma por la construcción ilegal de una tubería de agua, y una pista de acceso, a lo largo de la nueva fajana, o delta lávico, creada por la erupción de volcán Tajogaite en 2021, y que supuso que La Palma ganara terreno al mar.
El importe de la multa asciende a 2,1 millones de euros, ya que se trata de una obra que no contó con autorización del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La tubería tiene una longitud de 9 kilómetros, con 1.700 metros sobre la fajana, de los cuales unos 1.400 están en dominio público marítimo-terrestre.
La obra se proyectó y ejecutó en el pasado mandato, cuando cogobernaban en el Cabildo palmero PP y PSOE, y lo presidía Mariano H. Zapata (PP), que en la actualidad es el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno canario.
Su sucesor al frente del Cabildo, Sergio Rodríguez (de CC), confirmó esta noticia y reconoció que el Cabildo «tiene que abordar esta sanción importante, en un momento en que está usando todos los recurso disponibles propios y ajenos para que la recuperación de las infraestructuras no se paralice».
«Las cosas no se hicieron bien en su momento, las formas no fueron las adecuadas, y el Cabildo tiene que pagar», señaló el mandatario insular. «Nadie discute la necesariedad en aquel momento de abordar esta obra, pero no hubo acuerdo entre el Cabildo y Costas y hoy lo que hay que abordar es el pago de 2,1 millones por tomar esa decisión», insistió.
SOTERRAR LA TUBERÍA, POSIBLE SOLUCIÓN
Asumida ya la multa, Rodríguez afirma que el Cabildo «está trabajando en un proyecto alternativo que permita el soterramiento, el acceso a las playas de la fajana», «retirar el tubo cuando haya una solución, que bien puede ser con el proyecto del túnel de El Remo a La Zamora, o una alternativa distinta».
Ese plan se presentará al Ministerio de Transición Ecológica e incluirá el cumplimiento de la normativa vigente, especialmente la medioambiental, para proteger los valores geológicos de la fajana, gestionar su «potencial turístico» y la «garantía del riego» para los agricultores.
Izquierdo tranquilizó al sector agrario, ya que “ni mañana, ni dentro de una semana, ni dentro de un mes, se suspenderá el riego”, y subrayó que gracias a esta infraestructura “hay muchísimos afectados que están reconstruyendo y haciendo un trabajo muy importante”.
Añadió que “existen distintas soluciones de ingeniería que podrían pasar por soterrar las tuberías”.
A su juicio, este plan de actuación podría ejecutarse en “cuatro o cinco años”, incluyendo medidas para la conservación de la fajana, que la “protejan a nivel geológico” y resalten su “potencial turístico”.
H. ZAPATA: «SANCIÓN INJUSTA; EL CABILDO DEBE RECURRIRLA»
Por su parte, Marianao H. Zapata tacha de «injusta» la sanción y ha defendido que la obra se consensuó entre todas las Administraciones públicas, tuvo aval técnico y jurídico, y se justificó por la situación de emergencia creada por la erupción, para que los agricultores continuaran regando las plataneras.
Además, el expresidente insular y ahora consejero del Gobierno regional pide al Cabildo que recurra esta sanción.