Fepeco exige al Gobierno canario que investigue el «agravio » del sobreprecio del combustible en las islas no capitalinas

El presidente de la patronal provincial de la construcción asegura que el 20% de diferencias del diésel en La Palma, El Hierro y La Gomera con respecto a Tenerife no se justifica por el coste del transporte y daña estas economías insulares

Óscar Izquierdo, presidente de Fepeco

La principal patronal de la construcción en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Fepeco, a través de su presidente, Óscar Izquierdo, ha informado de que las quejas más comunes y «más sangrantes» para el tejido empresarial en la Palma,  La Gomera y El Hierro, es el elevado precio del combustible, concretamente el diésel, «muy descompensado con respecto a las tarifas existentes en las islas capitalinas, llegando a un diferencial de 20 céntimos con la misma empresa distribuidora».

Según expone Izquierdo en un comunicado, en estas islas menores, «las empresas de transportes, para obtener algún beneficio, tienen que adquirir el combustible en grandes cantidades, para que le pueda salir algo más rentable que realizando su compra de manera habitual». «Con la compra de un mínimo de 5.000 litros no consiguen una equiparación de precios con Tenerife, lo que trae consigo gastos extraordinarios, como el tener unas instalaciones preparadas para tal fin», agrega el portavoz empresarial.

Considera Fepeco que la productividad  «queda bastante afectada por esta distorsión en los precios, que aumenta considerablemente los costes y resiente la competitividad de las empresas locales» y abogo por «compaginar la competencia en un mercado libre, con la vigilancia correspondiente para que no se produzcan situaciones de oligopolio y sobreprecio en los hidrocarburos». «El Gobierno de Canarias tiene la obligación de investigar lo que está ocurriendo y preocuparse para que se cumplan las normas en materia de competencia, porque esto no se justifica sólo por el precio del transporte», observa esta asociación de entidades  de la construcción.

Izquierdo denuncia que esta situación constituye «un agravio para los ciudadanos y el tejido empresarial palmero, gomero y herreño», lo cual «no sólo propicia la emigración de ciudadanos para las islas capitalinas, sino también, que las empresas estudien la posibilidad de dar el salto, con lo que ello significa de empobrecimiento económico para las no capitalinas».

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