PLANETA CANARIO
La Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aprobado por unanimidad una moción presentada por el Grupo Territorial Socialistas de Canarias por la que se insta al Gobierno a analizar la posibilidad de declarar la Obligación de Servicio Público (OSP) en las líneas aéreas de conexión de Canarias con el resto del Estado español.
Esta petición, defendida por el senador por Lanzarote, secretario primero de la Mesa del Senado y miembro de la Diputación Permanente, Manuel Fajardo, se suma a la ya presentada por el Gobierno de Canarias, a través del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, para acordar el establecimiento, con carácter experimental, de una OSP Canarias-Península que permita controlar el alza de los precios de los billetes aéreos.
En este sentido, Fajardo expuso durante su intervención que, “a partir del momento en que se produjo el aumento del descuento de residente al 75% para las rutas que conectan estos territorios entre sí o con la Península u otros destinos internacionales, no existen alternativas reales de transporte en condiciones similares de inmediatez y frecuencia”, informó el PSOE en un comunicado.
Asimismo, el senador canario confirmó la necesidad de implantar una OSP en la conectividad aérea y, en consecuencia, la posibilidad de establecer precios máximos de referencia, así como garantizar una prestación mínima de servicios regulares en términos de continuidad, regularidad y capacidad mínima.
Por su parte, el senador por Gran Canaria Ramón Morales recordó el grave prejuicio que supone para la economía y el turismo del Archipiélago las específicas circunstancias de la ultraperificidad y de la doble insularidad. “Esta medida debe garantizar, por parte de las compañías, la conectividad que necesita Canarias con el resto del territorio peninsular y acabar con la especulación en el precio de los billetes”, explicó Morales. Es por ello que instó al resto del grupo de senadores a apoyar esta moción “para que, tanto los canarios como los peninsulares o residentes que viven en la Península, puedan viajar a las islas con unos precios razonables”.
Gobierno central y canario acuerdan ensayar una OSP
El Gobierno central y el de Canarias ya acordaron en enero que, de forma experimental, una ruta aérea entre la Península y Canarias sea una Obligación de Servicio Público (OSP) para controlar el alza desmesurada de los precios, según ha informado este miércoles el consejero regional de Transportes, Sebastián Franquis.
El consejero ha indicado que la ruta que se decretará como Obligación de Servicio Público se pondrá en marcha antes de próximo verano (aunque para entonces todo dependerá del resultado de las elecciones de mayo) y la decisión de cuál será se adoptará en un próximo encuentro de la mesa de trabajo establecida entre la Consejería y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
“Por primera vez los gobiernos de Canarias y de España hemos acordado que vamos a implantar en una de las rutas que opera entre Canarias y la Península una OSP”, ha indicado Sebastián Franquis, quien ha añadido que “tenemos claro que la vamos a implantar como experiencia piloto porque queremos ver los resultados que se van a producir a partir de que se ponga en marcha”.
El objetivo es limitar los precios sobre todo en los momentos en que se ha constatado que se está produciendo un incremento notable en el precio de los billetes en las épocas del verano y en Navidades, ha agregado Sebastián Franquis.
La patronal avisa: limitar precios reduciría las ofertas de billetes baratos
La patronal del sector integrada en la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha calificado la medida como una clara “intervención pública” en el mercado, que ni está justificada, ni cree que tenga el visto bueno de Bruselas. El presidente ALA, Javier Gándara aseguró en enero pasado a EAl DIA que de los datos ofrecidos por el consejero de Transportes del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, no se deduce que los precios actuales sean desproporcionados. Según esas cifras, durante el año pasado la tarifa media que abonó el 64% de los viajeros entre las Islas y la Península fue de 117 euros por trayecto, y de ese porcentaje, al 55% le costó menos de 100 euros.
Gándara considera que poner un tope al billete supondría reducir considerablemente la oferta de billetes baratos. “Para que la media a residentes sea de 30 euros es imposible que haya tantos precios desorbitados, porque si no no da la media”, insiste.
El directivo de la patronal aérea considera además que la OSP proyectada podría ser contraproducente, además de cuestionada por la Comisión Europea, organismo al que, recuerda, España debe solicitar la medida por afectar a la libre competencia en el mercado del transporte aéreo. “Lo que hay que ver es si no va a ser peor el remedio que la enfermedad y sobre todo que las OSP es una intervención del mercado y eso está completamente regulado por la CE”, señala.