PLANETA CANARIO
El Gobierno estatal ha adoptado este viernes un real decreto-ley con medidas complementarias en el ámbito laboral para paliar los efectos derivados de la crisis sanitaria de la COVID-19.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha explicado en rueda de prensa que la nueva norma establece mecanismos legales y recursos públicos «ingentes» para que los empresarios puedan acudir a los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) y asegurar el mantenimiento de los contratos. En este sentido, no podrán propiciar despidos por causas de fuerza mayor, técnicas, económicas, organizativas y de producción.
Los contratos temporales no se podrán extinguirse por esta emergencia sanitaria, sino que se interrumpen, y se reanudarán una vez concluya la crisis sanitaria. «No es necesario despedir a nadie en nuestro país; esta crisis es un paréntesis y creemos que hay mecanismos suficientes para que entre todos hagamos un uso responsable de los bienes públicos», subrayó la ministra.
Un aluvión de ERTES se ha producido en las últimas semanas pero se sigue recurriendo al despido y la extinción de contratos temporales como vía de ajuste. Aparte de los ERTE, los sindicatos CC.OO . y UFT esperan una reducción de afiliaciones de entorno a un millón de personas. Las cifras de paro mostrarán pronto dimensiones nunca vistas.
Díaz también ha avanzado que se simplificarán los expedientes de regulación temporal de empleo. Las empresas tendrán que rellenar un formulario con los datos personales del trabajador, su Documento Nacional de Identidad y su número de cuenta. Las oficinas del servicio público de empleo tramitarán y reconocerán las prestaciones por desempleo con prontitud. Estas prestaciones, ha aclarado la ministra, se otorgarán incluso a aquellas personas que no cumplen con los plazos de cotización previa habituales.
Por otra parte, la ministra ha anunciado que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social revisará de oficio todos los ERTE, comprobará las causas alegadas para solicitarlos y, en caso de solicitudes con falsedades e incorrecciones, o si se observa cualquier tipo de fraude, las empresas «tendrán que devolver hasta el último céntimo de euro percibido, incluida la prestación por desempleo del trabajador afectado».