VICENTE PÉREZ
El aire para inflar los neumáticos tradicionalmente ha sido gratuito en las gasolineras. Pero de un tiempo a esta parte algunas han empezado a cobrar por este servicio, lo cual no es ilegal, ya que por ley a lo que están obligados es a prestarlo, pero no a darlo gratis.
Sin embargo, algunos usuarios lo consideran un aliciente para luego consumir otros productos en la estación de servicio, aparte del combustible, ya que muchos de estos establecimientos hace tiempo que incorporan cafeterías y tiendas.
Quien ha puesto ahora el grito en el cielo es la Alianza de Vecinos de Tenerife, cuyo coordinador, Abel Román, no cuestiona la legalidad del cobro del aire, un euro por un tiempo de uso determinado, sino que este cambio en la isla haya coincidido con el «drama humanitario» de la crisis económica del coronavirus COVID-19. Este colectivo alude en concreto a las empresas DISA y British Petroleum (BP),
«En esta crisis humanitaria que nos ha tocado vivir, la solidaridad ante el sufrimiento es lo que puede ayudarnos a afrontar las consecuencias de esta pandemia sanitaria», observa Román, quien cree «imprescindible que las empresas con arraigo y capacidad económica, sean solidarias con los canarios y bajen o mantengan los precios de los productos de primera necesidad y sobre todo que ¡no nos cobren el aire que ponemos a nuestras ruedas en las gasolineras» por lo que considera lo ocurrido como «insoportable e indignante».
«No es una cuestión de legalidad, sino de solidaridad»
Apela la Alianza de Vecinos a la imagen social corporativa de las empresas, que, a su juicio, debiera propiciar que «no solo valga el dinero y el negocio, sino también el drama sanitario, social y económico que vive Canarias». En el caso de la empresa DISA, pide por poner aire en las ruedas un euro por 5 minutos, y si usted se retrasa, le cobran ¡otro euro!».
«En Alianza de Vecinos de Tenerife», subraya su portavoz, «estamos seguros de que en la actual crisis humanitaria que padecemos, vamos a contar con empresarios de todo tipo, alimentación, hostelería, bares, restaurantes, farmacias, mercados etc. que mantendrán o bajaran los precios de sus productos y servicios; y no serán insensibles o tan poco inteligentes como para no hacerlo». «La sociedad tinerfeña sufriente no actuará con indiferencia ante los comportamientos empresariales no éticos», apostilla.
Este diario ha contactado con el servicio de comunicación de DISA, y vía telemática hemos tratado de ponernos en contacto con BP y la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, aunque no ha sido posible recabar su punto de vista en el momento de publicar esta información. Sí ha respondido vía email el secretario general de la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (AEVECAR), Víctor García Nebreda, que, si bien admite que esta entidad no está implantada en Canarias, sí quiere dar su versión sobre este asunto.
«Es decisión de cada empresa y solo cubre costos de nuevos equipos»
El portavoz de esta patronal aclara que «en cuanto a normativa no hay ninguna prohibición» de cobrar el aire, decisión que es algo «potestativo de las empresas», y señala García Nebreda que «lo que en todo caso es obligatorio es disponer del servicio y pasar las revisiones de los equipos que la legislación determina para que el funcionamiento sea correcto y la seguridad de los clientes que lo usan sea la adecuada».
Dicho esto, explica que «los equipos de medida que actualmente se ponen suelen ser electrónicos, con una fiabilidad muy buena y con un coste mucho mayor que los equipos manuales que solía haber en las estaciones; por ello, es lógico que una gran parte de los empresarios opte por cobrar una cantidad, generalmente muy pequeña, por la utilización de los mismos con el fin de al menos cubrir los gastos de mantenimiento y amortización».
En todo caso, insiste el secretario general de AEVECAR en que «no deja de ser una decisión empresarial, aunque motivada por la razón de cubrir los gastos del equipo» . Y añade que «realmente las recaudaciones por el uso de los equipos de aire son, en todo caso, muy pequeñas y no constituyen una unidad de negocio como tal, pues se trata de dar un servicio los ciudadanos, que además está recogido en disposiciones de Consumo de la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas».
