PLANETA CANARIO
El Cabildo de Tenerife ha anunciado que retoma el convenio con el Ayuntamiento de El Rosario para ensanchar y dotar de seguridad el tramo de carretera insular TF-226 que une La Esperanza con Agua García, denominado calle de El Sol, donde se han producido accidentes de tráfico y atropello de peatones (con el fatal desenlace de dos muertes).
Llama poderosamente la atención que el gobierno insular (PSOE-Cs) activa este convenio, firmado a finales del pasado mandato (mayo de 2019, cuando cogobernaba el Cabildo el pacto CC-PSOE), después de que el Ayuntamiento metropolitano haya denunciado su incumplimiento por vía judicial, a través de un contencioso-administrativo, litigio que se encuentra en fase de contestación de la parte demandada.
En una nota de prensa, divulgada a finales de diciembre, el Consejo de Gobierno del Cabildo informa de que había aprobado una «adenda de mejora del proyecto de urbanización de la calle del Sol para convertir en travesía urbana un tramo de la TF-226» con una inversión de 2.716.179,01 euros, de la que la Corporación insular asume 1.943.384 euros y el resto el Ayuntamiento.
El vicepresidente primero y consejero de Carreteras, Enrique Arriaga (Cs), indica que «la mejora» aprobada contempla la instalación de alumbrado público, en este tramo de vía. Una dotación básica de la que carecía el convenio inicial firmado en mayo de 2019, aunque fuentes del consistorio han aclarado que esta iluminación pública sí estaba previsto realizarla, con fondos municipales.
Las obras, según el comunicado del Cabildo, comenzarán en el segundo trimestre de 2022 y consistirán en el acerado y la repavimentación de la calle, la construcción de zonas de aparcamiento, la instalación de mobiliario urbano, la mejora de las instalaciones de abastecimiento y saneamiento; la canalización de las futuras redes de electricidad y telecomunicaciones; la dotación de la señalización viaria horizontal y vertical y la reposición de los muros de cerramiento de las fincas adyacentes a la vía.
También, debido a que el tramo objeto del proyecto de la carretera insular TF-226 se ve interceptado por algunas calles del núcleo de La Esperanza, se ha previsto que en los cruces se procederá a actuar en los primeros metros de las vías adyacentes a las intersecciones. A lo que hay que sumar la construcción de una rotonda en el cruce de TF-226 con la calle La Fuente.
Del mismo modo, Arriaga explica que, una vez ejecutada esta actuación, será cedida al municipio la titularidad de este tramo de cerca de 650 metros de la carretera insular.
Esta intervención supondrá la ampliación de la calle y una notable mejora en la seguridad vial para peatones y conductores, señala el director insular de Carreteras, Tomás Félix García, quien añade que una vez que comiencen las obras se espera que estén terminadas en un plazo de 24 meses.
El alcalde, Escolástico Gil (de IR-Verdes), acusó a principios del pasado año al Cabildo de “dar la espalda al municipio” en lo que describió como una “fijación, resentimiento y sectarismo político contra El Rosario” por parte del gobierno insular, en una cuestión en la que hay vidas en juego.
Tal es así que en febrero el gobierno municipal anunció en EL DÍA que abrirá la vía judicial e interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Cabildo de no incluir una partida económica en el presupuesto general 2021 para poder ejecutar estas obras.
Pero al enfado político se unió también el enfado vecinal, ya que un grupo de residentes en el entorno de esta carretera y usuarios de esta vía se dirigieron el pasado año a PLANETA CANARIO para mostrar su indignación por el retraso en la mejora anunciada y el peligro que supone el estado actual de esta travesía.
Hay que recordar que el Ayuntamiento gestionó que una treintena de propietarios del suelo afectado por esta obra lo cedieran de forma gratuita, excepto una familia. Los terrenos donde se construirá la rotonda fueron adquiridos por el Consistorio.
Este no es el único asunto en el que el Ayuntamiento ha hecho estas críticas al Cabildo que preside Pedro Martín (PSOE), y especialmente sonada fue la polémica por la negativa del gobierno insular en este mandato a financiar con carácter urgente la estación depuradora de aguas residuales del polígono industrial de La Campana, a pesar de la emergencia medioambiental que supuso la rotura del pozo al que, sin los permisos correspondientes, el Ayuntamiento, cuando gobernaba el PSOE, derivó bajo la autopista TF-1 los efluentes de estas industrias, y también pese a que la institución insular, a través de su Consejo de Aguas, en años anteriores había planificado con el consistorio esta instalación, para lo cual encargó el proyecto de la obra, y el municipio había cedido el suelo correspondiente. Finalmente, el Cabildo ha puesto 2 millones para este depuradora, por iniciativa de CC-PNC, al sumar la oposición más votos que el gobierno en una votación del pleno insular.