PLANETA CANARIO
El Pleno del Cabildo grancanario en sesión extraordinaria ha aprobado este semana modificaciones presupuestarias por valor de 100 millones de euros destinados en su mayoría al Plan de Inversiones para la Reactivación Económica de Gran Canaria, lo que convierte a la Institución insular en la primera de Canarias en poner en marcha un programa económico tras la crisis de la Covid-19.
El acuerdo ha contado con el voto favorable de Nueva Canarias, PSOE y Podemos, y también con los de PP y Ciudadanos, a pesar de que estos dos últimos partidos dejaron claro que no era el plan que hubieran deseado para la isla ni creen que la vaya a reactivar con eficacia, pero que no querían que se dijera que por la oposición se iba a dejar de movilizar esta inversión pública en un contexto de grave crisis económica por los efectos de la pandemia.
La única abstención vino de Unidas por Gran Canaria-CC, cuyo portavoz, José Miguel Bravo de Laguna, se quejó de que no se había contado con la oposición, de que se trata de un plan sino de «una avalancha de dinero», transfiriendo parte del dinero a ayuntamientos que no tienen capacidad inversora cree que si se llega a un 60-70% de ejecución anual sería «un milagro».
De los 100 millones contenidos en las modificaciones de crédito, más de 90 corresponden al mencionado plan, que se complementan con otros 9 millones ya consignados en el presupuesto del Cabildo para el año 2020. Además todas las modificaciones fueron declaradas “inmediatamente ejecutivas” por lo que entran en vigor justo tras su aprobación sin necesidad de esperar al periodo de exposición pública, por lo que ya se ponen en marcha las inversiones contempladas.
«No es un plan para más asfalto sino para actividades estratégicas»
El plan de inversiones incluye 15 millones para la reactivación y mejora de las infraestructuras turísticas, 3,5 millones para el sector primario, 5,7 para industria, comercio y artesanía, 8 millones en obras para la mejora de la gestión del ciclo integral del agua y su producción sostenible, 2,2 millones para empleo y desarrollo local, 3,3 millones para política territorial, 9 millones para vivienda, 3,5 millones para igualdad, 7,6 millones para energías renovables, 3,7 millones para cultura, 4,3 para medio ambiente, 7,5 para obras públicas, transportes y movilidad, 13 millones para cooperación institucional y solidaridad y 13 millones para Presidencia.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, mostró su satisfacción por tener ya en marcha este plan que contiene acciones “estratégicas para el desarrollo de la isla y para generar actividad económica” que se suman a los “500 millones que en estos momentos está ejecutando el Cabildo en distintas inversiones, medidas de protección social y diversos programas en toda la isla”.
El Cabildo de Gran Canaria ha conseguido movilizar estos fondos, provenientes en su mayoría de los remanentes de la Institución, en tiempo récord para cumplir con el objetivo de implementar las medidas de estímulo con la mayor brevedad posible.
El impulso inversor y de obra pública combinará inversiones ejecutadas por la propia Institución con transferencias a ayuntamientos para paliar la brusca disminución de los ingresos municipales así como fomento de las inversiones privadas para conseguir un efecto dinamizador de la actividad económica y frenar el shock económico generado por la COVID 19 que por primera vez conllevó el cierre total de la principal actividad económica de Gran Canaria, el turismo.
Las inversiones priorizan, en línea con el programa de gobierno, sectores estratégicos para la diversificación de la economía de Gran Canaria, la mejora de la calidad turística, la soberanía energética, alimentaria e hídrica, la vivienda pública y social, la mejora de las carreteras, la protección del medio ambiente o el fomento del patrimonio histórico y cultural y el empleo.
En menos de cuatro meses según destaca el gobierno insular, se ha elaborado el plan de inversiones y se han realizado los trámites necesarios para comenzar a ejecutarlos, a lo que hay que sumar 60 millones adicionales en medidas de choque contra las consecuencias sociales de la pandemia.