PLANETA CANARIO
Prosigue la investigación judicial del caso Sacyr-Emmasa, en el que están investigadas cinco personas por presunta prevaricación y malversación, entre ellas el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y el secretario del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Luis Prieto, quien prestó declaración este martes 11 de abril ante el Juzgado, según han informado el grupo municipal de Unidas Podemos, denunciante de los hechos y que ejerce la acusación particular.
También han declarado ante el juez esta semana Álvaro Aguirre (directivo de Sacyr), Julio Pérez Hernández (actual consejero y portavoz del Gobierno canario, en su día primer teniente de alcalde en Santa Cruz) y Beatriz Rodríguez Pastor en calidad de testigos, detalla en un comunicado la misma fuente.
Sacyr abonó 59 millones en concepto de canon por gestionar durante 25 años el servicio de aguas de Santa Cruz de Tenerife, del que se encarga Emmasa, empresa pública que daba beneficios cuando se privatizó su gestión. De esa cifra, el Ayuntamiento devolvía cada año a Sacyr a través de Emmasa 2,3 millones, hasta que, pagados ya 33,6 millones, ordenó parar los pagos el anterior gobierno municipal (PSOE-Cs) que presidió Patricia Hernández, tras advertir técnicos municipales que tal abono millonario carecía de justificación.
En un contundente informe, el Consejo Consultivo de Canarias dejó claro que «la cantidad abonada por SACYR correspondiente al canon era parte del precio del contrato» y concluye que el Consejo de Administración de Emmasa hizo en 2007 «una interpretación unilateral» del contrato con el consistorio, «sin solicitar la incoación del preceptivo procedimiento», y la comenzó a aplicar. A juicio de este órgano jurídico de la Comunidad Autónoma, «se deduce con claridad que la cantidad abonada por SACYR correspondiente al canon era parte del precio del contrato» y no tenía, por tanto que serle devuelto.
Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos, lo considera «el segundo caso de presunta corrupción más grave de la historia de Santa Cruz, después del caso Las Teresitas».
El grupo de gobierno en el Ayuntamiento capitalino (formado por CC y PP), ha rechazado personarse en la causa como acusación particular, aduciendo un informe de la asesoría jurídica municipal.
Trujillo critica por ello al alcalde, José Manuel Bermúdez, porque «nunca ha estado en la lucha contra la corrupción, ni se le espera, y lo único que ha hecho es perjudicar los intereses de la ciudadanía con su gestión nefasta del ciclo del agua, en la que ha permitido a Sacyr rebajar las inversiones comprometidas de 165 millones a 106, retrasarlas y poder obtener beneficios de 80 millones de euros entre 2022 y 2031».
Alude así el concejal de Unidas Podemos al acuerdo entre la multinacional y el Ayuntamiento, que incluye también la devolución de los 33,6 millones en 9 años y, sorprendentemente, el compromiso de ambas partes de no cuestionar la legalidad de la decisión adoptada en 2007 por el Consejo de Administración de Emmasa, que precisamente es el que ha dado pie a la causa penal.