PLANETA CANARIO
La asociación Agua para La Palma rechaza la “injustificada e irresponsable” instalación de la primera planta desaladora de agua marina permanente para riego en la isla, que el Cabildo de La Palma, a través de su Consejo Insular de Aguas (CIALP), ya ha iniciado en Breña Baja.
En un comunicado, este colectivo ciudadano cuestiona además el procedimiento de emergencia para sacar adelante esta infraestructura cuando, a su juicio, no se da ninguna circunstancia que pueda amparar esta vía urgente, pues no hay sequía, tras dos años de lluvias normalizadas, el último incluso por encima de la media. Hasta en Tenerife, que sí declaró oficialmente en 2024 la emergencia hídrica por la sequía (no así en La Palma), ya se ha dado por finalizada esta medida administrativa, advierte esta entidad ciudadana.
Para Agua para La Palma, esta apuesta por el agua industrial supone además “una equivocada decisión desde el punto de vista de la energía, en dirección contraria a cualquier objetivo real de soberanía energética, puesto que, a pesar de que el Cabildo presuma de que es la desaladora con la tecnología más eficiente que existe en consumo eléctrico, añadirá más demanda a un sistema eléctrico insular que, prácticamente en su totalidad, se abastece de combustibles fósiles importados (apenas un 2% de penetración de renovables)”.
En este sentido, la asociación advierte de la “irresponsabilidad” de apostar por el agua industrial en la isla con mayor pluviometría y con acuíferos que almacenan cada año cuatro veces más agua de la extraída, y “para colmo, en medio de una situación geopolítica internacional marcada por la guerra de EEUU contra Irán, que, según todas las previsiones, va a disparar los precios del petróleo en el futuro inmediato y generar grandes incertidumbres sobre la economía”. “Es una política suicida del Cabildo, porque nos deja cada vez más en manos del exterior”, alerta.
UN SISTEMA ELÉCTRICO INSULAR OBSOLETO
A ello hay que añadir que “el sistema eléctrico de La Palma, con varios apagones, ha dado muestras de debilidad por la obsolescencia de los grupos de generación de Endesa y de la red de transporte”. Un problema que no parece tener solución a corto ni medio plazo, sobre todo tras el fracaso del concurso público convocado por el Ministerio de Transición Ecológica y Energía para renovar los grupos eléctricos de la central de Los Guinchos, licitación en la cual las empresas inicialmente interesadas han desistido de participar.
Tal es así que el propio consejero de Transición Ecológica Mariano Hernández Zapata, ha tenido que defender recientemente en el Parlamento canario que la solución para garantizar el suministro eléctrico en la isla pasa por el almacenamiento de energía en baterías y de una central de bombeo hidráulico, proyectos que podrían demorarse muchos años.
El agua que se desale en Breña Baja, hasta 2.500 m3 diarios, será impulsada hasta el canal LP-1, a unos 500 metros de altitud, lo que incrementará aún más el gasto energético. Al coste de la instalación, 2.130.000 euros, habrá que agregar también el de otras obras accesorias, como las conexiones a la red hidráulica insular.
El Cabildo justifica esta inversión por la reducción del caudal de agua de los pozos del Valle de Aridane (que abastecen solo el 10% del consumo insular) debido a la conductividad (o salinización), problema que achaca a gases volcánicos, valiéndose de un informe del Instituto Geológico y Minero (IGME), pero la asociación ya ha replicado que la causa es la intrusión marina por su sobreexplotación, como ha corroborado en un informe el químico Julio Muñiz.
«RAPIDEZ CON DESALADORAS, LENTITUD CON OTRAS OBRAS»
Por ello, Agua para La Palma vuelve a denunciar que, mientras se pretende destinar ingentes fondos públicos a esta y otras futuras desaladoras previstas o apoyadas por el CIALP, los organismos competentes en la materia “siguen sin abordarse con la misma celeridad actuaciones prioritarias que harían innecesario recurrir a la desalación.
Y prioritarios deberían, ser, para este colectivo, instalar los tranques o cierres hidráulicos en las galerías para regular la extracción de agua del acuífero en función de la demanda, en vez de tirarla a los barrancos cuando no hay demanda.
Sobre otras propuesta de la asociación, como es la renovación de las redes de transporte de agua para evitar que se pierda en algunos casos hasta el 50%, “sigue sin ser una prioridad oficial y cuando se convocan concursos públicos para obras de este tipo, como el entubamiento del arterial canal LP-1, el CIALP aboga por alternativas constructivas caras e inviables”.
Pasa lo mismo, según Agua para La Palma, con la reperforación del Túnel de Trasvase, otra de las reivindicaciones históricas de este colectivo, cuya obra ya adjudicó el CIALP, tras quedar desierta en una primera licitación, pero que incluye la construcción de una galería paralela “innecesaria y perjudicial” para el proyecto y además esta obra vuelve a toparse con la dificultad de que la adjudicataria tiene dificultades para subcontratar a otras empresas debido al reducido presupuesto de esta licitación.
“ENGAÑO ESTADÍSTICO SOBRE EL AGUA EMBALSADA”
Otro motivo de crítica de la asociación tiene que ver con un “engaño estadístico”, en el sentido de que “se traslada una imagen de escasez generalizada de agua basándose en el supuesto bajo nivel medio de llenado de las balsas del Cabildo palmero, cuando ese cálculo incluye La Laguna de Barlovento, que representa en torno al 50% de la capacidad total de almacenamiento insular, pero que en realidad no puede contener sino una parte de su capacidad real, por las roturas en su lámina impermeabilizante”.
El colectivo palmero añade que, salvo casos concretos como el de esta laguna y la balsa de Vicario (pendiente de conexión con la red), el resto de embalses se encuentran en niveles elevados de almacenamiento gracias a las lluvias.
EL CIALP AFIRMA QUE EL AGUA SE DESTINARÁ A UNOS 2.200 REGANTES
El gerente del CIALP, Javier Peña, ha explicado en declaraciones a EFE que la desaladora tendrá un coste superior a los 2 millones de euros, de los que 1,25 millones proceden de una subvención de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, mientras que el Cabildo financia las instalaciones auxiliares necesarias para el tratamiento de la salmuera y la conexión con la red de riego.
El caudal desalado se destinará a la comunidad de regantes Breñas-Mazo, que integra a unos 2.200 usuarios, con la que se ha acordado un sistema de intercambio de recursos hídricos por el que el agua desalada se utilizará en fincas situadas a cotas más bajas. A cambio, la comunidad aportará desde sus galerías un volumen equivalente al canal LP-1 para abastecer al sur de la isla.
La previsión es que la planta entre en funcionamiento durante el verano, cuando la demanda de agua para riego es mayor.
En la vertiente oeste de la isla se prevé también la instalación de más desaladoras mediante fórmulas de colaboración público-privada.