VICENTE PÉREZ
El puzle de la política canaria a raíz de las elecciones del pasado domingo abre varias combinaciones posibles para investir presidente del Ejecutivo autonómico y formar gobierno. En algunas de ellas por primera vez en los 36 años de autonomía canaria entra Ciudadanos (Cs), partido que, no obstante, tiene una norma: no investir ni pactar con imputados. Por tanto, no lo hará con Fernando Clavijo (el aspirante de CC-PNC), «investigado» en el caso Grúas. Y este lunes a algunos se les aceleró el corazón al leer titulares en El Día y La Provincia que el candidato del PSOE, Ángel Víctor Torres, ganador de las elecciones, está procesalmente «investigado», con lo cual Cs no podría apoyarlo.
Este diario preguntó entonces a Cs y desde el partido naranja indicaron que las noticias que tenían es que el líder socialista no estaba imputado, o, como ahora se dice en lenguaje jurídico, «investigado». ¿A qué se referían entonces los titulares de los periódicos? Puesto en contacto con el PSOE, desde su ejecutiva regional la respuesta ha sido, en efecto, que «no existe a día de hoy ninguna resolución que acuerde la condición de investigado de nadie», así que tampoco de Torres. Y comoquiera que dichos periódicos reprodujeron el principio del auto judicial, el PSOE puntualiza que «los encabezados, como bien es conocido, no forman parte de las resoluciones judiciales».
Por tanto, lo que sí existe es la apertura de una investigación judicial, aún en fase preliminar, y en la que, por lo pronto, van a ser investigados (todavía esa palabra no tiene el significado de imputado, sino la acepción del lenguaje común) responsables de Deportes del Cabildo grancanario (institución de la que Torres es vicepresidente en este último mandato y consejero de esa área, ahora ya en funciones hasta que se constituya la nueva corporación surgida de los comicios del 26 de mayo).
CC denuncia cánones supuestamente no abonados
La denuncia la presentó en abril Fernando Bañolas, consejero de Coalición Canaria (CC) en ese Cabildo, dirigida contra Torres, por un presunto delito de malversación de caudales públicos en el uso del pabellón Gran Canaria Arena y sus anexos en la ciudad deportiva de Siete Palmas, lo que podría haber generado, según el denunciante, «un agujero» de más de 660.000 euros en las arcas de la corporación insular relativos a las tasas o cánones por la celebración de conciertos y espectáculos en esos recintos deportivos.
Bañolas, que incluso dio una rueda de prensa entonces, indicó que los 306.165 euros que figuran como abonados por los promotores de esos actos desde 2015 han quedado «en un limbo», pues dijo que el interventor no sabe de dónde procede ese dinero al no existir unos precios públicos ni unos criterios fijos para el cobro de esos servicios.
Así que Torres no está imputado, pero la realidad es que tampoco resulta tranquilizador para los votantes socialistas un Juzgado haya abierto diligencias previas que le afectan y sobre las que habrá dos opciones en lo que a él respecta en el horizonte próximo: que se archiven o que sea citado como imputado. Es decir, se abre una incertidumbre como la que tuvo Clavijo durante meses con el caso Grúas.
El PSOE ha replicado este viernes que se trata de «una denuncia política» contra Torres, curiosamente, la misma expresión que venido utilizando hasta la extenuación Clavijo con el caso Grúas, sobre todo antes de ser imputado por prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, motivo por el que ya tuvo que declarar antes de las elecciones ante el juzgado lagunero que lleva la causa, referida a hechos de cuando era alcalde de La Laguna, denunciados por Unidas Podemos y por XTF-NC, dos partidos de la oposición. Esa imputación, reforzada por los informes de la fiscal María Farnés, la misma que la del caso Las Teresitas, no ha impedido al político lagunero conseguir el domingo pasado mejores resultados que en 2015.
La denuncia, con «hechos falsos», según el PSOE
Los socialistas han asegurado que la denuncia de Bañolas se basa en «hecho falsos que solo tienen como objetivo intoxicar el actual momento político en Canarias después de que el PSOE ha ganado las elecciones con rotundidad», pero admiten que «existe un auto en el que se contempla que no están determinadas la naturaleza ni circunstancias de los hechos denunciados ni las personas que en ellos han intervenido, resolución judicial cuyo encabezado ha sido lo único publicado». En este auto, subraya el PSOE, «no se hace referencia a ningún supuesto delito concreto ni a ninguna persona concreta, por tanto tampoco a Ángel Víctor Torres» y añade que «simplemente es notificado en su condición de presidente del Instituto Insular de Deportes a los efectos de solicitarle información».
En las diligencias previas, expone el PSOE, se acuerda solicitar información al Cabildo de Gran Canaria sobre los eventos celebrados en el Gran Canaria Arena desde su inauguración.
Cuando Bañolas divulgó su denuncia, Torres la atribuyó a un intento por parte de CC de contrarrestar con una «denuncia política» en campaña electoral la imputación de Clavijo en el caso Grúas. Y alegó, en su defensa, sobre los hechos denunciados, que desde 2005 se celebran eventos culturales y musicales en el ciudad deportiva de Siete Palmas y que hasta 2005 y 2015 hubo casi un millón de euros de costes para el Cabildo y prácticamente no se ingresó nada. «Es en este mandado cuando se han ingresado más de 400.000 euros», dijo entonces.
El PSOE dice que el interventor solo se dirigió al director gerente, no a Torres
En todo caso, la nota de prensa de los socialistas canarios difundida este viernes 31 de mayo se realiza otra significativa puntualización sobre los hechos que se están investigando: «Ante la información de que el interventor advirtió sobre un supuesto descontrol de los precios públicos al gerente y al consejero de Deportes, lo cierto es -y así aparece en los documentos -que en lo relativo a esos precios, solo informó sobre su establecimiento y, además, únicamente al director gerente, con lo que ese dato relativo a que se le comunicó a Torres no es cierto».
Y, por último el PSOE de Canarias enfatiza que la gestión realizada por Torres en sus responsabilidades en el Cabildo de Gran Canaria es intachable, actuando siempre en defensa del interés general». Una afirmación que ahora se podrá verificar de la manera siempre más incómoda para los denunciados: en los tribunales de Justicia.