PLANETA CANARIO
La Asociación Social Volcán Cumbre Vieja, formada por personas damnificadas por la erupción de 2021, se queja de la lentitud en el proceso de reconstrucción de La Palma hasta el punto de sentirse «olvidadas», pese a que hay consignados para este año en los presupuestos públicos 150 millones de euros (50 del Gobierno canario y 100 transferidos por el Gobierno estatal), cuando han pasado ya más de 28 meses desde acabó el fenómeno geológico.
Este colectivo de afectados por el volcán critica en un comunicado que toda la isla se beneficie del 60% de la bonificación del IRPF, medida que CC negoció con el Gobierno estatal para compensar por los daños económicos de esta catástrofe, pero que, según estos afectados, está resultando “injusta” porque no distingue si el beneficiario es damnificado o no.
La asociación también cuestiona que se “se favorezca” a toda la isla en los ERTEs, en la moratoria en el pago de los préstamos y en la ayuda por los costes de retirada de la ceniza, como si realmente toda La Palma hubiera sufrido por igual los devastadores efectos de la erupción, lo cual no es así.
Rechazan el previsto reparto de las ayudas por pérdida de renta agraria
De una de las últimas medidas tomadas por el Gobierno canario, esta agrupación de afectados rechaza la resolución de ayudas valorada en 10 millones de euros por pérdida de renta del sector platanero en la campaña 2022-2023 y por gastos para la limpieza de cenizas en fincas agrarias. Un documento de la Consejería regional de Agricultura aún no publicado en el Boletín Oficial de Canarias pero que ya es conocido de manera extraoficial, y que esta asociación no comparte por “la insuficiencia y el mal reparto” de las cuantías concedidas y la «falta de transparencia sobre los criterios» utilizados para distribuir estas compensaciones económicas.
Se llega el caso de que, con esta resolución, de no corregirse «cobrarían más los propietarios de plataneras del norte de la isla que los propios damnificados por el volcán que vieron sus explotaciones agrarias sepultadas bajo la lava y la ceniza».
Lentitud burocrática y ‘decreto de pagos’ aún sin aprobar
A todo ello se une el “lastre” que está suponiendo “la lentitud” de la burocracia de unas Administraciones públicas “incapaces de ir al ritmo que demandan los afectados en una emergencia de este calibre, que ya acumulan un sufrimiento psicológico y económico cada vez más difícil de sobrellevar”, por lo que “ahondar en más retrasos en las soluciones puede tacharse hasta de inmoral”.
Además, la situación de incertidumbre es «total», según esta asociación, sobre el previsto decreto de pagos, es decir, la regulación sobre cómo se va a compensar por el valor total de las propiedades que perdió la población damnificada, qué valoración se dará a las fincas agrícolas por metro cuadrado y a los inmuebles, y qué compensación económica se les dará a los agricultores damnificados quienes prefieran no continuar su actividad.
Este colectivo exige que la normativa que regirá estas ayudas se apruebe cuanto antes, y que se dé participación en este proceso a los afectados, ya que, a su juicio, en esta legislatura se ha producido un “preocupante retroceso en los mecanismos participativos, que siempre han sido insuficientes pero ahora son llamativamente escasos”.
Incertidumbre sobre la reconstrucción de calles y caminos
Tampoco se sabe nada de la planificación y los plazos para reconstruir las vías de comunicación destruidas por la lava para dotar de accesos y servicios básicos a las parcelas de los afectados, «convertidas ahora en un negro e inaccesible malpaís, que es también el color con el que muchas personas golpeadas por este volcán ven el futuro si la reconstrucción no empieza a caminar de una vez”.
La misma «falta de información y de certezas» es la que padecen los propietarios de segundas viviendas sepultadas por la lava, quienes poseían apartamentos turísticos y viviendas vacacionales, también destruidos por la erupción, «a quienes se les han prometido ayudas que no han llegado ni se sabe cuándo llegarán». Lo mismo ocurre con las empresas desaparecidas bajo las coladas en esta catástrofe.
Por ello, la asociación exige al Gobierno canario que “siembre certidumbres” y “no prolongue esta lentitud político administrativa”, a pesar de existir una dotación presupuestaria de 150 millones de euros para la reconstrucción.
Pero las críticas de la Asociación Social Cumbre Vieja no se quedan solo en Canarias, pues también reclaman al PSOE, que gobierna en el Estado, y su comisionado para la Reconstrucción de La Palma, un papel “más activo para ser garante” de que los 100 millones consignados por las arcas estatales se emplean en el plazo y la finalidad con que se anunciaron.
