PLANETA CANARIO
El proyecto de una gran central hidroeólica en Gran Canaria, en las presas de Chira y Soria, se encuentra en su trámite final, y supondrá una inversión total de más de 450 millones de euros, que acometerá la empresa estatal Red Eléctrica de España (REE), con la que la isla obtendrá el 36% de la energía que gasta utilizando fuentes renovables.
Impulsada con entusisasmo por el Cabildo grancanario (cogobernado por NC, PSOE y Podemos) para dar un salto hacia las fuentes de energía no contaminantes, esta iniciativa cuenta sin embargo con voces en contra, sobre todo ecologistas, por los tendidos aéreos previstos en el barranco de Arguineguín y los movimientos de tierra.
El asunto ha saltado estos días a la arena de la política, porque la diputada tinerfeña de CC-PNC en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, cuestiona en cuatro preguntas al Gobierno español la legalidad de la concesión otorgada en 2015 a REE para construir en Gran Canaria la central hidráulica de bombeo entre las presas de Chira y Soria.
La parlamentaria considera que el proyecto de REE incumple directivas de la UE y genera un impacto ecológico sobre «cinco espacios naturales de la Red Natura 2000», según ha manifestado este viernes en un comunicado, al tiempo que ha planteado si es prioritaria ahora esta inversión pública.
La reacción del Cabildo gracanario no se ha hecho esperar, y este sábado en un comunicado, el presidente del gobierno insular, Antonio Morales, (NC), ha acusado a la parlamentaria de «intentar obstruir el desarrollo sostenible de Gran Canaria», con una actitud «irresponsable» que vincula al insularismo (Oramas es tinerfeña, de ATI-CC).
Una plataforma ecologista contraria al proyecto ha recogido miles de firmas
Hasta ahora las críticas habían sido del movimiento ecologista. En septiembre pasado se presentó la plataforma Salvar Chira-Soria, barranco de Arguineguín, formada por las asociación Turcón-Ecologistas en Acción y Parents for Future, además de personas a título individual. También la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción ha planteado sus dudas desde hace años en torno al proyecto, y alerta de consecuencias “irreversibles” en el medio ambiente.
La plataforma ha calificado las obras de “atentado paisajístico y medioambiental” en “uno de los últimos espacios vírgenes del suroeste de Gran Canaria”. Uno de sus portavoces es el arqueólogo Julio Cuenca, descubridor de la cueva de Risco Caído, lugar reconocido por la Unesco como Patrimonio Mundial de la Humanidad dentro del espacio Montañas Sagradas de los antiguos canarios, y afirmó que “la sociedad canaria apenas sabía nada de este megaproyecto que, de llevarse a cabo, constituiría uno de los más graves ecocidios perpetrados en Gran Canaria, en toda su historia», porque afectaría a cinco espacios naturales de la Red Natura 2000, en concreto, a la Zona Especial de Conservación (ZEC) Nublo II, Macizo de Tauro II, Franja Marina de Mogán y Tauro; además de la Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) de Ayagaures y Pilancones.
El movimiento ecologista ha recabado 3.155 firmas contra este proyecto en la plataforma YouMoveEuropa , y otra petición en Change.org lleva recogidas 5.258 firmas.
Las críticas de Ana Oramas al proyecto
Pues bien, la diputada ha llevado este asunto al Congreso y ha preguntado si tiene conocimiento sobre una obra que consiste “en desalar agua del mar y bombearla a lo largo de 30 kilómetros a 900 metros de altura para alimentar una central hidroeléctrica entre dos presas”.
Sobre las obras de esa central hidroeléctrica, junto a la presa de Chira, y la desaladora que se proyecta junto a la desembocadura del barranco de Arguineguín, Oramas pide al Gobierno que explique, en la próxima sesión de control, «qué conocimiento tiene» sobre las afecciones a espacios protegidos, incluyendo la ZEC Franja Marina de Mogán (ES7010017), que posee extensos sebadales sensibles a la salmuera, competencia del Estado, «se van a verter 3.800 metros cúbicos de salmuera al día».
La diputada de CC también preguntará al Gobierno estatal sobre el posible incumplimiento de “la legislación europea vigente que impide a un mismo operador ejercer la distribución y acumulación de energía en un mismo territorio” y ha hablado incluso del riesgo de perder «soberanía energética» con la concesión a REE de su explotación por 50 años, según ha publicado Canarias Ahora.
Con esta cuestión, Oramas pretende poner sobre la mesa «la pérdida de soberanía energética, debido a la concesión, en 2015, de la central hidroeléctrica de bombeo Chira-Soria a REE por un periodo de 50 años por parte del Cabildo de Gran Canaria». Y encuentra «de dudosa legalidad esta concesión por incumplir «la Directiva UE/2019/, que en su artículo 36 impide la propiedad de instalaciones de almacenamiento por parte de los gestores de redes de distribución».
La réplica de Antonio Morales a Ana Oramas
La respuesta del Cabildo no se ha hecho esperar. El presidente, Antonio Morales, ha hecho incluso una lectura en clave de pleito insular, invocando la época en que, a juicio del mandatario, ATI-CC se opuso a la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y que ahora se plasmaría en » un intento por frenar una inversión de 452 millones de euros para la ejecución de la Central Hidroeléctrica de Chira-Soria, esencial para la sostenibilidad de Gran Canaria y que la convertirá en referente internacional».
«Su falta de interés real», prosigue Morales, q»ueda además patente en que ni siquiera ha realizado consulta alguna al Cabildo de Gran Canaria, propietaria de las presas e impulsor de este proyecto trascendental para avanzar en la soberanía energética, hídrica y alimentaria de Gran Canaria, lo que además constituye incluso una deslealtad institucional.
“Nos parece una falta de respeto a la autonomía insular y un ejercicio interesado, partidista e insularista de bloqueo de una iniciativa medioambiental pionera que colocará a Gran Canaria a la vanguardia de las energías limpias. Imaginamos su reacción si alguien hubiese cuestionado iniciativas legítimas nacidas en la isla que representa. ¿O acaso es consciente de ello y desde su formación política se quiere reproducir el proceso para frenar los anhelos de la sociedad grancanaria de conseguir su universidad?”, cuestiona el presidente del Gobierno de Gran Canaria.
Las dudas de Oramas, «respondidas» por el Cabildo
En cualquier caso, en su condición de titular y promotor, el Cabildo ha decidido responder «con precisión» a las preguntas que la diputada ha realizado en las Cortes:
Pregunta 1: sobre el conocimiento y objeto de la obra
Las obras, según el Cabildo, definen una central hidroeléctrica reversible fundamentada en el aprovechamiento del desnivel existente entre el embalse superior (Chira) y el inferior (Soria), con el objetivo de almacenar energía renovable no gestionable de otra manera, pero sí en forma de agua mediante su elevación a las presa superior con energía renovable en horas valle para dejarla caer y genere energía cuando sí es necesaria para su consumo.
Todo ello constituye además una puesta en valor del patrimonio hidráulico insular, pues no sería posible sin las imponentes obras que se realizaron en el siglo pasado, unas presas que cobrarán aún más sentido para el devenir de Gran Canaria.
Para garantizar este círculo virtuoso, las obras se completan con una desaladora y el bombeo del agua desalada a 600 metros de altura y a lo largo de 17,5 kilómetros del Barranco de Arguineguín, una herramienta que soluciona dos problemas: la emergencia climática y la emergencia hídrica.
Pregunta 2: sobre las afecciones a la Red Natura 2000
La solución de la central hidroeléctrica se desarrolla en su mayoría fuera de los espacios naturales y afecta solo parcialmente y de manera poco significativa a tres espacios protegidos de la Red Natura 2000: ZEC Macizo de Tauro II, ZEC El Nublo II y ZEC Franja Marina de Mogán, y en ningún caso se trata de afecciones significativas sobre los objetivos de conservación (hábitats y especies) de las zonas de especial protección (ZEC) y zonas de especial protección para las aves (ZEPA), como tampoco sobre su funcionalidad ecológica, según expone el Cabildo.
Además, es importante resaltar que el principal objetivo de la Reserva de la Biosfera es armonizar la conservación de la diversidad biológica y cultural con el desarrollo económico y social a través de la relación de las personas con la naturaleza. De acuerdo con este objetivo, la central proporciona agua al sector primario, a la lucha contra los incendios, a las repoblaciones y contribuye a la lucha contra la desertización.
Para la incorporación de la salmuera al medio marino, que se producirá fuera de la ZEC Franja Marina de Mogán y sin afección a sebadales, pues son inexistentes en esa zona, el emisario estará dotado del sistema de dispersión más eficiente que existe, el difusor tipo Venturi, lo que además garantiza que el incremento de la salinidad sea únicamente de 0,2 unidades, un 90 por ciento inferior al máximo admisible para el grupo de especies más sensibles.
Pregunta 3, sobre el supuesto incumplimiento de la legislación
Asegura el gobierno insular que «no hay ningún incumplimiento legislativo del ordenamiento jurídico en vigor, ni nacional, ni europeo, como no podía ser de otra manera».
La Ley estatal 17/2013 es la que regula los sistemas eléctricos insulares y establece que las instalaciones de almacenamiento por bombeo tendrán como finalidades principales la garantía del suministro, la seguridad del sistema y la integración de energías renovables no gestionables y, siempre que tengan esta finalidad, la titularidad de la gestión corresponde al operador del sistema.
Pregunta 4, sobre la supuesta pérdida de soberanía
La central hidroeléctrica, a juicio del gobierno del Cabildo, «no solo no supone pérdida de soberanía alguna, sino que es la gran oportunidad para empezar a romper la dependencia enérgica de fuentes fósiles y del exterior, además de dotar a Gran Canaria de una herramienta imprescindible para la gestión del sistema eléctrico de Gran Canaria».
Este proyecto, desde el punto de vista del Cabildo, «permitirá mejorar la rentabilidad de las inversiones de los pequeños y medianos empresarios del sector renovable y es una clara medida para la soberanía energética que permitirá adoptar mejores decisiones en la generación, distribución y consumo de energía».
Tanto es así, alega la institución insular, » ue sin la Central Hidroeléctrica de Chira-Soria sería imposible avanzar hacia la soberanía energética plena que exige el Acuerdo de París y, conforme a su contenido y a objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en el camino hacia la urgente descarbonización mediante el aprovechamiento de las energías limpias, la Central Hidroeléctrica Chira-Soria constituye la principal herramienta para alcanzar una cobertura media anual con energías limpias del 51 por ciento en el uso final de la energía eléctrica consumida en Gran Canaria.
Actitud irresponsable»
Por todo ello, el presidente grancanario considera «una irresponsabilidad y una acción insolidaria» que la diputada tinerfeña “intente poner en peligro una inversión a fondo perdido del Estado en Gran Canaria de más de 400 millones de euros que creará puestos de trabajo en estos momentos de crisis, y que darán lugar a una central de referencia en el almacenamiento de energías renovables, en la producción de energías limpias, de agua para frenar la desertización y para la potenciación del sector primario”.
Asimismo, “asombra el desconocimiento que las preguntas de la diputada formula sobre este proyecto cuya concesión fue realizada hace nueve años, que ha sido sometido a tres expedientes de información pública”, aparte de que el Consejo Insular de Aguas está disponible para cualquier aclaración técnica que precise.