VICENTE PÉREZ
La gestión de la inmigración irregular en Canarias por la oleada de pateras desde 2020 representa un reto mayúsculo para las administraciones públicas y la sociedad canaria en general. El caso de los menas, como se ha dado en llamar ahora a los menores inmigrantes no acompañados, es una buena de piedra de toque en este sentido.
En Canarias hay 2.600 niños y adolescentes en esta situación, que están a cargo del Gobierno regional, pero la falta de centros específicos donde darles la atención especializada que requieren ha llevado a la Consejería de Derechos Sociales a alojar temporalmente en hoteles y apartamentos a una parte importante.
Los municipios turísticos de Canarias, a través de la asociación que los aglutina, la AMTC, han reclamado esta semana que se reubique «de manera inmediata» a los menores llegados en pateras que están en alojamientos turísticos.
Los ayuntamientos de los 13 principales municipios turísticos recuerdan en un comunicado que «la provisionalidad de esta medida, contraria al espíritu y a la letra de la Ley de Atención Integral a los Menores de Canarias, corre el riesgo de convertirse en estable, mientras solo se responde a la obligación de alojar y alimentar a estas personas y no se las atiende conforme al sentido más amplio que tiene el concepto de la tutela”.
Los ayuntamientos temen que la solución provisional se vuelva permanente
La AMTC, preocupada por esta situación ha instado a que se encuentre una alternativa al alojamiento en hoteles y apartamentos de las islas, ya que, a su juicio, no son el mejor lugar para su integración ni para conocer la realidad de cada uno de ellos y sus necesidades».
La vicepresidenta de la organización y alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, demanda de la Consejería “más celeridad” en el desarrollo de fórmulas que acaben con una situación que considera “desbordada e improrrogable”. En Mogán, hay 600 menas en complejos turísticos.
Para que no se les acuse de racistas, la AMTC deja claro que «comparte la preocupación por el fenómeno de la migración irregular a la que se ven forzada miles de personas en África por las crisis políticas o humanitarias que viven en sus países de origen y ofrece su total colaboración a las autoridades regionales y nacionales, pero no puede contemplar impasible cómo amenaza con hacerse permanente una solución que solo podría entenderse factible si hubiera sido provisionalísima”.
De esta asociación forman parte los ayuntamientos de Adeje, Antigua, Arona, Guía de Isora, La Oliva, Mogán, Pájara, Puerto de la Cruz, San Bartolomé de Tirajana, Santiago del Teide, Teguise, Tías y Yaiza.
El Gobierno canario espera más recursos estatales y más derivaciones a otras regiones
Preguntada al respecto por PLANETA CANARIO, la Consejería de Derechos Sociales que preside Noemí Santana (Sí Podemos) ha manifestado su «coincidencia» con los ayuntamientos turísticos en que alojar a los menas en hoteles «no es el mejor recurso» pero, hecho este reconocimiento, asevera que «en la actualidad el Gobierno de Canarias tutela alrededor de 2.600 menores y hasta que no se cuenten con disponibilidad de plazas, deberán de ser acogidos en estos recursos» en zonas turísticas.
Además, la Consejería recuerda que el Gobierno de Canarias aprobó a finales de diciembre un decreto para regular los dispositivos de emergencia y que incluye la posibilidad de usar establecimientos turísticos como tales.
Entre tanto, el Gobierno canario espera la llegada de recursos financieros y derivar a otras comunidades autónomas a parte de los menas. En una reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales, celebrada este jueves, el Gobierno estatal y las comunidades autónomas analizaron un primer borrador de acuerdo para repartir 27,7 millones de las arcas estatales entre las regiones que atiendan a los menas, tanto a las que soportan la presión migratoria como a las que acojan a los menores que se les deriven desde Canarias.
De entrada, el Archipiélago canario recibirá dos millones de euros al situarse en la ratio de 33 menores inmigrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes. Esta cantidad se podrá ver incrementada cuando se defina qué cantidad de los 28 millones se destina a cada propuesta, señaló ayer la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, según informó Canarias 7.
A pesar de este incentivo a del Estado a la solidaridad territorial para la acogida de chicos extranjeros, Canarias sólo ha conseguido cerrar el traslado a la Península de un centenar de menores de los cerca de 2.600.
Santana pide «calma» tras los incidentes en Mogán y la AMTC los achaca a la «ineficacia» de la solución
A la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) le llama la atención la atención sobre la aprobación, por el Gobierno de Canarias, del Decreto Ley 23/2020, de 23 de diciembre, que, en su disposición adicional, habilita como centros de acogida inmediata de menores extranjeros no acompañados, entre otros, a los establecimientos turísticos “aun no cumpliendo alguno de los requisitos reglamentariamente establecidos”, ya que no son los lugares ideales para la atención a estas personas.
“Echamos de menos que la Consejería de Derechos Sociales no muestre la misma celeridad para cumplir con sus competencias, gestionando la acogida de estos menores en todas las comunidades autónomas del estado español, cuando incluso algunas como la Junta de Castilla y León ya ha manifestado expresamente su disposición a asumir su atención”, señala Onalia Bueno en un comunicado en nombre de estos 13 ayutantamientos.
Esta semana tuvieron lugar incidentes en uno de los apartamentos donde se alojan estos adolescentes extranjeros, cuando un menor marroquí fue detenido tras una pelea por arrojar objetos a policías locales y guardias civiles. De ahí que, según ha informado La Provincia, Noemí Santana haya pedido a la Policía Canaria “una vigilancia específica” de los alrededores de los tres complejos turísticos de Mogán que albergan a más de 600 menores migrantes. Aunque la consejera ha pedido también «calma» porque se trata de hechos aislados.
Para esta organización, además, «no puede sorprender que, en este marco de interinidad y masificación de las condiciones de vida de estos menores, se produzcan problemas de convivencia como los conocidos esta semana en Gran Canaria; altercados que revelan la ineficacia de alojar a cientos de personas en complejos turísticos alejados de sus necesidades reales y de la atención debida».
La alcaldesa de Mogán, en otro comunicado a título individual, ha solicitado por ello a la consejera de Derechos Sociales, que, con urgencia, convoque un reunión con la Federación Canaria de Islas (FECAI), en la que están representados los 7 cabildos, con el objeto de realizar «una distribución equitativa de la acogida de menores extranjeros no acompañados entre los cabildos y ayuntamientos del Archipiélago, tal y como se ha llevado a cabo con anterioridad en crisis similares».
