VICENTE PÉREZ
La tramitación de los planes especiales de protección de los conjuntos históricos de la capital tinerfeña acumula una sarta monumental de retrasos y avatares. Es la historia de nunca acabar. En la última Comisión de Control, el concejal de Urbanismo, Ramón Lanzcano, anunció que los redactores del plan del Antiguo Santa Cruz, los arquitectos Federico García Barba y Joaquín Mañoso, han presentado su renuncia a seguir con el encargo alegando la imposibilidad de aportar la nueva documentación (una ficha de cada inmueble catalogado con información más precisa y completa que hasta ahora) que les exige la nueva Ley de Patrimonio Cultural, en vigor desde junio pasado.
Y por lo que respecta al plan de Los Hoteles, el edil avanzó que será necesario hacer un nuevo contrato con el otro equipo redactor para dar cumplimiento a esta nueva normativa.
Lazcano (de Ciudadanos) no dudó en tachar de «salvajada» esta nueva legislación autonómica y el portavoz del PP, y exconcejal de Urbanismo, Carlos Tarife, la descalificó como «un disparate», y ello a pesar de que su partido la votó a favor cuando se aprobó en el Parlamento canario, algo que él mismo recordó durante su intervención en la Comisión de Control.
De todos modos, ambos planes, elaborados con la anterior ley, que databa de 1999, se encuentran en lista de espera para culminar su trámite de evaluación ambiental estratégica, que incluyó su exposición pública en el verano del pasado año, de lo cual se encarga el Gobierno canario, a la espera de que el Ayuntamiento santacrucero cree su propio órgano ambiental, facultad que recoge la polémica Ley del Suelo, que redujo el papel de la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (Cotmac).
El ahora concejal de la oposición y ex alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), calificó de «mala noticia para el casco histórico» la paralización de estos dos planes, «porque es como empezar de cero, con lo que seguiremos en un limbo jurídico inevitable e injusto para los vecinos». De ahí abogue por «buscar una salida para que se rehabiliten tantos inmuebles que están con mallas y deteriorados en la ciudad».
Tarife también usó la misma expresión: «una mala noticia», pues fue precisamente el PP, que llevaba en el pasado mandato Urbanismo, el que decidió adjudicar por concurso a arquitectos externos la redacción de estos planes, para agilizar su tramitación. «Fue un mandato en el que yo lo pasé mal, porque se nos acusó de ser destructores del patrimonio cuando fuimos los impulsores de este planeamiento», se lamentó el edil del PP, en alusión a las críticas que recibió por autorizar el derribo de tres inmuebles en el antiguo barrio de Miraflores que para el Cabildo merecían ser protegidos, y otros tres en esa misma zona (defendidos también por los funcionarios del Cabildo) han quedado en el corredor de la muerte, tras la presión social y política, a la espera de que los promotores acepten salvar las fachadas mediante una fórmula prevista en la Ley del Suelo.
Tarife consideró que no tiene lógica que se empiece de cero la redacción de los planes por las nuevas exigencias legales, sino que se habría que aprovechar la parte ya hecha y encargar el trabajo que pudiera faltar. El concejal del PP defendió dar incentivos a la rehabilitación y pidió al concejal de Urbanismo «que no siga el consejo del PSOE», con el que cogobierna, «de no externalizar la redacción de los planes».
Y es aquí donde el portavoz de Unidas Podemos, Ramón Trujillo, recordó que precisamente cuando estos planes los redactaban funcionarios de la Gerencia Municipal de Urbanismo, allá por el año 2015, el acuerdo con el Cabildo de Tenerife era total sobre los inmuebles que había que catalogar (proteger) y fue al externalizar su redacción el PP cuando vino el desacuerdo porque los arquitectos que ahora han renunciado al encargo fueron los que se inventaron una categoría de «protección documental» inexistente en la legislación que permitiría derribar inmuebles con valor para el Cabildo, simplemente dejando constancia de que existieron mediante fotos y planos. En todo caso, Trujillo defendió buscar las soluciones necesarias para el patrimonio histórico santacrucero, gran parte del cual se halla en los cascos históricos (en especial los de El Toscal y el Antiguo Santa Cruz) en estado de abandono y deshabitado.
El edil de Urbanismo explicó que se va a intentar aprovechar todo lo ya realizado con los planes del Antiguo Santa Cruz y Los Hoteles Pino del Oro, que está estudiando nuevos incentivos para la rehabilitación de edificios catalogados y que se está trabajando en el nuevo Catálogo de Patrimonio Histórico a partir de los 500 inmuebles que desde hace 13 años pide proteger el Servicio Administrativo de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, al que se le hizo caso omiso en el Plan General de Ordenación que se aprobó en 2013, durante el gobierno CC-PSOE, y fue gestado en la época en que era alcalde MIguel Zerolo (CC).