Las personas sordas denuncian los retrasos en reconocerles el grado de discapacidad en Canarias

La federación FASICAN expone los problemas de este colectivo a la Diputada del Común. Se queja de la falta de medios de la Administración pública atender a las personas con discapacidad auditiva

PLANETA CANARIO

La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Islas Canarias, (FASICAN) ha denunciado ante la Diputada del Común, Lola Padrón, las dificultades que afronta este colectivo en el Archipiélago.

Padrón se reunión con el presidente de FASICAN, Kevin Danilo Pérez Teschmit; la técnica del Área de Accesibilidad,  Ariadna Amich Barbuzano, y la intérprete de lengua de signos.

El responsable de la federación  ha destacado que su mayor preocupación es la espera en el reconocimiento del grado de discapacidad, y también el proceso de valoración previa, ya que los medios  de la Administración pública no están adaptados para las personas sordas o con discapacidad auditiva y que el personal tampoco está capacitado para llevar a cabo las valoraciones adaptadas a una persona sorda.

Un retraso de los expediente que  perjudica a estas personas porque “se encuentran limitadas en su vida y en un limbo administrativo que se traduce en una vulneración de sus derechos y en una doble discriminación por parte de la Administración”.

Pérez Teschmit denuncia las barreras a las que se enfrentan estas personas sordas y con discapacidad auditiva,

Reunión de la Diputada del Común con el presidente de FASICAN.

El reconocimiento, un tramite que en muchas ocasiones se dilata durante años, “ocasiona no solo las diversas barreras y desigualdades a las que tiene que hacer frente el colectivo en su vida diaria, en los diferentes ámbitos y esferas sociales, sino que además unida a esta circunstancia que se expone, se transforma en un aliciente que contribuye de forma directa a una falta de oportunidades y de recursos específicos en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía”, aseveró el presidente de la fundación.

La  Diputada del Común asegura en un comunicado que la realidad que le ha transmitido la federación sobre esta demora en la tramitación del grado de discapacidad  «tiene consecuencias directas en el libre ejercicio del reconocimiento de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas,  y afecta a su propio entorno”.

FASICAN también denunció ante Padrón que existe «una triple discriminación cuando atienden a usuarias migrantes víctimas de violencia de género, y apuntan que sus servicios se prestan a todas las personas del territorio, sean o no migrantes».

La federación ha registrado un aumento  de la demanda de sus servicios,  pues en lo que va de año han atendido a más de 200 usuarios, lo que dificulta su labor debido. Otra de las reivindicaciones que llevan años reclamando es el aumento de intérpretes de lengua de signos sobre todo de cara a la comunidad educativa

Legislación de apoyo

Un taller impartido por FASICAN.

Desde FASICAN recuerdan que existe numerosa legislación en esta materia y una serie de recursos que respaldan y afirman estos derechos, tanto a nivel internacional con el Artículo 19 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y a nivel estatal, en la Constitución Española en su artículo 49 donde se recoge que las personas con discapacidad deben ejercer sus derechos en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva.




También mencionan la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social en su artículo 7, que establece el marco del derecho a la igualdad de las personas con discapacidad, el cual deben velar y promover todas las administraciones públicas.

Y sobre la situación que se plantea, hacen alusión desde este colectivo al Real Decreto Legislativo1/2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, dentro del Título I, en el que se recoge que las Administraciones públicas protegerán de forma especialmente intensa los derechos de las personas con discapacidad en materia de igualdad entre mujeres y hombres, salud, empleo, protección social, educación, tutela judicial efectiva, movilidad, comunicación, información y acceso a la cultura, al deporte, al ocio así como de participación en los asuntos públicos y demás normativa que sea de aplicación.

También nuestro Estatuto de Autonomía, recoge este derecho en su artículo 16.4.

 

 

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