PLANETA CANARIO
El jefe de Sección del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, José Carlos Cabrera, ha defendido en una charla pública organizada por la Asociación Nuestro Patrimonio la necesidad de dar protección a cientos de inmuebles más en la capital tinerfeña y confía en que con la actual revisión del Plan General de Ordenación (PGO) se dé por superada la «tensión» entre administraciones que este asunto generó en el pasado.
En su conferencia dentro del ciclo de charlas ‘Hablemos de Patrimonio en Santa Cruz’, que tuvo lugar en la sala MAC, Cabrera puso de relieve también la defensa que ha hecho este servicio administrativo de seis inmuebles con valores patrimoniales en el antiguo barrio chicharrero de Miraflores, de los que tres finalmente el Ayuntamiento autorizó derribar, y otros tres que aún siguen en pie.
En este caso, y tras señalar que no es cierto que el Cabildo quisiera proteger construcciones en ruinas sin valor, sino solo las que sí lo tienen, cree que existe una «solución bastante factible», que podría compensar aprovechamientos dentro de la misma manzana, donde están las edificaciones con valores históricos y arquitectónicos que deben ser catalogadas, una medida que se puede lograr mediante las figuras previstas en la Ley del Suelo canario o bien con la revisión en marcha del PGO.
RECHAZO A LA ‘PROTECCIÓN DOCUMENTAL’
El jefe del citado servicio administrativo insular también se refirió a la categoría de «protección documental» que se pretende dar a una treintena de inmuebles en un borrador del Plan Especial de Protección del Antiguo Santa Cruz, consistente en que se basta que de ellos quede constancia en fotos y planos para poder derribarlos total o parcialmente. «Tal propuesta es un contrasentido y un disparate jurídico se mire por donde se mire, porque no se puede proteger algo y a la vez justificar su desaparición, y en todo caso esos edificios tienen valor patrimonial», enfatizó el técnico insular. Por ello, indicó que se trata de un documento preliminar que al que el Cabildo «que es vinculante en este conjunto histórico, al que ya ha dicho que no, por lo que es algo en vías de corregirse».
En referencia a los más de 500 inmuebles que el servicio en el que trabaja lleva años planteando proteger en la capital, precisó que el Cabildo hizo hasta cuatro informes técnicos en los años en que se tramitó el PGO aprobado en 2013, el primero a mediados de la primera década del siglo. «Y las cuatro veces el Ayuntamiento de Santa Cruz no nos respondió», subrayó Cabrera.
A su juicio, lo correcto es que «si hay desacuerdo, el Ayuntamiento nos diga en qué estamos equivocados, y de forma motivada argumente por qué esos 500 no se catalogan, analizar las circunstancias de cada uno y llegar a puntos de entendimiento, pero eso nunca ocurrió».
BUENAS EXPECTATIVAS DE CONSENSO
En todo caso, consideró que en los últimos tiempos ( y ya desde finales del mandato pasado) se ha producido un cambio de tendencia, a raíz de las primeras conversaciones que ha mantenido el Cabildo con el equipo multidisciplinar redactor del nuevo PGO y del Catálogo, por lo que de entrada las expectativas son buenas y ambas administraciones se pueden sentar a hablar para buscar vías de acuerdo desde un punto de vista técnico».
A ello contribuirá el hecho de que la nueva Ley de Patrimonio Cultural, vigente desde junio pasado, hace ahora vinculante los informes de los cabildos a los catálogos y a los planes generales, por lo que será posible abordar con más garantías fenómenos de falta de protección masiva de patrimonio histórico en un municipio, como el que ha ocurrido en la capital tinerfeña.
De todos modos, desde el mandato pasado el gobierno municipal entonces de CC y PP dio un viraje sobre este asunto, ya que primero quien era alcalde, José Manuel Bermúdez, llamó fundamentalistas a los técnicos del Cabildo por su postura sobre Miraflores y con el paso de los meses acabó por admitir que los inmuebles de esta antiguo barrio aún en pie merecen protección.
SUSPENDIDAS LAS DEMOLICIONES PARA REVISAR EL CATÁLOGO
Al anularse judicialmente el PGO y tener que revisarlo, desde el pasado mandato se tramita un nuevo planeamiento y un nuevo catálogo de edificios protegidos, y se han suspendidos las licencias de demolición en los 500 inmuebles que los funcionarios del Cabildo (y en la legislatura pasada, también de la mano en este asunto de la consejera socialista Josefa Mesa) proponen conservar, en lo que supone un giro municipal importante, porque los informes del Servicio Insular de Patrimonio Histórico habían estado escondidos en gavetas sin que nadie les hiciera el mínimo caso en el Ayuntamiento capitalino hasta que en 2017 surgió cierta contestación social y política que los desempolvó.
En su disertación, Cabrera explicó los criterios que se siguen para catalogar un bien, es decir, para darle un grado de protección, y los problemas que surgen entre las distintas administraciones públicas por este asunto, si bien dejó claro que la unidad administrativa de la que él forma parte en el Cabildo de Tenerife, en la función legal que tiene encomendada, siempre ha querido velar por que no se pierdan bienes que forman parte del patrimonio cultural del pueblo canario.