PLANETA CANARIO
El rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García, ha hecho partícipe al Consejo de Gobierno del centro académico en la sesión de este 11 de diciembre de su «malestar» por la reciente aprobación de otra universidad privada en Canarias.
Se trata además de una entidad que «ni siquiera cumple con los requisitos básicos para ser considerada como tal», según apunta las ULL en un comunicado.
Este sería el quinto centro privado de enseñanza universitaria instalado en las islas, hasta el punto de que el rector considera el Archipiélago un «paraíso» para este tipo de instituciones.
García recordó que en la sesión de la semana pasada del Consejo Universitario de Canarias los dos rectores de las universidades públicas (por tanto, la postura es la misma en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) plantearon un reparo de legalidad para que se retirada del orden del día la aprobación de la Universidad Tecnológica de las Islas Canarias, motivado precisamente por el no cumplimiento de los requisitos de ámbito estatal que este centro debería disponer, lo que finalmente no fue aceptado.
El rector añadió que se está diluyendo la capacidad de acción de las dos universidades públicas, ante la entrada en el sistema regional de tanto centro privado, por lo que le pareció pertinente reformar la Ley de Coordinación del Sistema Universitario de Canarias para compensar el poder decisorio de unas y unas. Francisco García agradeció expresamente el apoyo mostrado por el Consejo Social en esta cuestión.
Además, este centro privado ha remitido un comunicado al rector instando a la retirada y no publicación de su posicionamiento público sobre este asunto, cuestión que ha sido desoída por el propio Francisco García.
Por todo ello, para la ULL resulta patente que el informe del Consejo Universitario de Canarias «no puede legalmente producirse por cuanto falta el presupuesto previo para tal pronunciamiento, de conformidad con la Ley 5/2009 de 24 de abril de Canarias, al no haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos y condiciones de carácter básico establecidos por la normativa estatal, tal y como resulta del Informe de la Conferencia General de Política Universitaria».