VICENTE PÉREZ
El Grupo Viqueira, promotor del polémico hotel de La Tejita ha reiterado este viernes 15 de marzo que cuenta «con todos los permisos necesarios» para las obras que ha reanudado e insiste que tres sentencias judiciales «avalan la legalidad» de ejecutar el proyecto.
De este modo, la empresa mantiene el pulso con los grupos ecologistas, que en esta jornada han celebrado una concentración de protesta junto a las obras del hotel y han anunciado, a través de la Asociación Salvar La Tejita, que han presentado una denuncia en la Fiscalía provincial por presunto delito contra el medio ambiente por los movimientos de tierra que afectan al ecosistema dunar del dominio público marítimo terrestre en este punto de la costa de Granadilla.
Además, Salvar La Tejita alega que existe un reciente informe de la Subdirección General competente en esta materia, perteneciente a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa (Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico) en el que queda claro que la empresa carece de autorización a día de hoy para retomar los trabajo porque en 2021 cambió el dominio público y en todo caso puede pedir una indemnización, pero no tocar la nueva franja pública costera.
Dicho informe, de finales de febrero pasado, contradice a la promotora al concluye que las sentencias judiciales no confirman que puedan retomarse estas obras del proyecto que obtuvo licencia antes de cambiarse la delimitación del dominio público.
Ante todos estos argumentos de los ecologistas, la promotora reitera que «trabaja de manera transparente y responsable» y que las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) «avalan que el nuevo deslinde no afecta al desarrollo del proyecto». Sobre las resoluciones judiciales, la empresa asegura que dicen, textualmente, que «la autorización y licencia urbanística, por lo tanto, se ajustaban al deslinde de la zona marítimo terrestre vigente, y como refiere la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 5ª, de 6 de mayo de 2002, el deslinde iniciado con posterioridad no puede afectar a licencias ya concedidas.”
En relación al referido informe de la Dirección General de la Costa y el Mar divulgado ahora por los ecologistas, la promotora sostiene que ese documento es de 2021 «y todos sus argumentos son anulados por las sentencias posteriores del TSJC».
En realidad el informe es del 23 de febrero de 2024, aunque se sustenta jurídicamente en otro informe de 2021 emitido por la Abogacía del Estado, si bien la subdirectora general del Dominio Público Marítimo Terrestre, Ainhoa Pérez Puyol, concluye que en la actualidad la constructora «carece de título habilitante para la realización de obras en el dominio público» y patentiza que las sentencias del TSJC «en ningún caso ampararían las obras que la empresa pretende en el demanio».
Así las cosas, el Grupo Viqueira expone que «los trabajos continúan su curso, según lo previsto ya que todas las licencias y autorizaciones que amparan a la promotora para la realización de las obras se encuentran actualmente vigentes y son eficaces».
Un proyecto «integrado» en su entorno, según la empresa
Y añade: «Estamos comprometidos con el respeto al medio ambiente y trabajamos de manera transparente y responsable, por lo que pedimos el máximo respeto a las personas que se encuentran realizando los trabajos previstos en la primera fase del proyecto”.
Señala la empresa gallega que su proyecto de hotel de lujo «se integra en el paisaje», y tendrá «muchas menos camas de las que se le permiten» en el planeamiento. «Concretamente, en primera línea la altura permitida de tres plantas se reduce prácticamente en su totalidad a una planta». Además, destaca que su construcción generará cerca de 200 empleos directos y más de 300 de forma indirecta.
La promotora adquirió la urbanización donde se enclava la parcela hotelera en el año 1994. Desde entonces ha ido promoviendo distintas actuaciones hasta crear un núcleo donde residen en la actualidad más de 1.000 familias, y presume de que gracias a estas promociones inmobiliarios existen en la zona «más de treinta pequeños negocios, la mayoría regentados por pymes canarias, y ha entregado para uso y disfrute público más de 18.000 metros cuadrados de zonas verdes y de esparcimiento», .