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La Justicia da por imposible rellenar las canteras de Güímar, el mayor atentado ecológico cometido en Tenerife

La Audiencia Provincial concluye que es inviable ejecutar la sentencia que obliga a los empresarios, entre ellos Antonio Plasencia, a restaurar las antiguas canteras tras décadas de extracciones ilegales de áridos, y acuerda sustituir la condena por el pago al Gobierno canario y al Cabildo de una indemnización millonaria aún por cuantificar. El alcalde de Güímar muestra su disconformidad con este auto judicial y anuncia que está dispuesto a llevar el caso a la Justicia europea

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VICENTE PÉREZ

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dado por «imposible» restaurar el paisaje destrozado por las extracciones ilegales de áridos en los barrancos de Güímar, por lo que los empresarios (entre ellos Antonio Plasencia) condenados en 2016 a restablecer el equilibrio ecológico perturbado deberán cumplir esa sentencia mediante el pago de una indemnización  por daños y perjuicios al Gobierno de Canarias y al Consejo Insular de Aguas de Tenerife, pero sin tener que rellenar los inmensos hoyos.

Así lo ha determinado la Sección Segunda de esta instancia judicial en una auto dictado este 18 de enero, en un nuevo trámite judicial del caso Áridos, que versa sobre el mayor atentado medioambiental de Tenerife y uno de los más graves cometidos en Canarias, con extracciones ilegales que ninguna administración pública paró durante décadas, y dejaron una gigantesca herida en el barranco de Badajoz en forma de descomunales agujeros.

El tribunal que preside Joaquín Luis Astro Landete emplaza ahora a la la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, al Consejo Insular de Aguas de Tenerife (organismo del Cabildo) y a la acusación particular para que en el plazo de diez días presenten valoración detallada de los daños y perjuicios sufridos, ya que la fianza impuesta en su día a los condenados, de 170 millones de euros no equivale a este concepto.

Una de las canteras, en imagen extraída del documental ‘Hoyos de ambición’, de Despiertos TV.

La Audiencia Provincial ha tomado esta decisión tras examinar las objeciones y reparos de los informes técnicos desfavorables del Cabildo de Tenerife y el Gobierno canario a las planes y proyectos de restauración para cada cantera propuestos por los condenados para cumplir la condena, que, si bien aún no tienen resolución definitiva, «hacen hoy en día inviable la autorización para la realización de los trabajos de restauración de las canteras».

Para el tribunal, «resulta especialmente significativa la carencia de disponibilidad de materiales con los que rellenar los huecos generados por las explotaciones, tanto por la falta en sí de elementos sólidos adecuados como por las consecuencias que se generarían para las zonas de las que se extrajera un volumen tan elevado como el exigido para la restauración».

Rellenar las canteras traería una «catástrofe» ambiental y «limitados beneficios», según un informe del Gobierno canario

Entre los informes a los que alude el auto figura el de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno canario, en el que se concluye  que «al margen de las múltiples carencias y contradicciones detectadas en la totalidad de los Planes de Restauración presentados, así como el tratamiento por separado que se ha hecho de los mismos sin considerar los efectos directos, indirectos, sinérgicos y acumulativos que se originarían, sí queda absolutamente claro que la restauración de estas canteras de forma independiente o con un plan coordinado previo y bajo la fórmula del simple rellenado, más o menos completo, de la totalidad de los huecos actualmente existentes, supondría un Impacto ambiental de tales dimensiones que superaría con mucho los limitados beneficios, de todo orden, que podrían obtenerse».

«Sin lugar a dudas», prosigue el dictamen de la Consejería regional, «se podría hablar de una auténtica catástrofe ambiental con múltiples consecuencias, algunas de las cuales transcenderían los actuales marcos de referencia; en especial, lo que supondría en términos de contaminación atmosférica, aportación al cambio climático, desasosiego público y daños para la salud, de los mínimos 1.712.811 viajes de camión que habrían de realizarse para rellenar los huecos dejados en estas 6 canteras.”.

Los condenados defienden la viabilidad de rellenar las canteras

Imagen del juicio a los empresarios por el caso Áridos. En primer plano, Antonio Plasencia.

Los condenados han expresado su disconformidad con la sustitución de la obligación de restaurar las canteras por indemnizar daños y perjuicios, al tiempo que defendieron la viabilidad de los planes de restauración. Así lo mantuvieron los respectivos abogados de Pedro Sicilia Delgado (respecto a la cantera Extracsa), José Enrique Morales Rodríguez (en cuanto a la cantera Badén II) y Antonio Plasencia Santos (por lo que se refiere a la cantera Badajoz).

La Fiscalía consideró procedente la indemnización de los daños y perjuicios, y pidió requerir nuevamente al pago de las cantidades establecidas en el auto de 16 de diciembre de 2014 dictado por el Juzgado de Primera instancia e Instrucción 2 de Güímar con los intereses legales, o en su caso la exacción de los bienes.

La acusación particular, que ejercen Jesús Segundo Jorge Díaz y Francisco Hernández Armas, mantuvo que los condenados han incumplido con su obligación «de forma consciente y deliberada, por lo que debe sustituirse por la indemnización de daños y perjuicios», atribuyéndoles además «dolo «, por lo que «han de ser desposeídos de los títulos de la propiedad de las fincas o terrenos en donde se ejecutaron las actividades ilícitas de extracción».

El alcalde de Güímar, disconforme con el auto, anuncia que acudirá a la Justicia europea, si es necesario

El  Ayuntamiento de Güímar, en su condición de actor civil, pidió la obligación de restaurar las canteras que pesa sobre los condenados y los responsables civiles y que se requiera a la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias para que emita informe sobre el estado en que se encuentra la tramitación de los planes de restauración de las canteras.

El alcalde, Airám Puerta, ha indicado en declaraciones a la SER  en Tenerife que el Ayuntamiento no está de acuerdo con el auto y se ha mostrado sorprendido con sus conclusiones aunque no hayan terminado los procedimientos administrativos de los planes y proyectos de restauración.

Además, al regidor socialista le llama «poderosamente la atención» que el Ayuntamiento no sea beneficiario de las indemnizaciones con las que la Audiencia Provincial sustituye la obligación de restaurar la realidad física alterada. Puerta anunció que el consistorio ejercerá las acciones legales que sean posibles, e «incluso ir a Europa para reconducir esto, pues no pueden dejar al Ayuntamiento fuera; el delito se ha cometido aquí y son los güimareros y las güimareras los que han soportado» estos perjuicios.

A excepción de un condenado, que ingresó en prisión, los otros eludieron la cárcel mediante fianzas multimillonarias que se fijaron en un auto. En concreto: EXTRACCIONES DE ARIDOS CANARIOS S.A. (representada por Pedro Díaz Delgado) titular de la cantera EXTRACSA, 39.064.475; ÁRIDOS DEL SUR, S.A. (representada por Antonio Ramón Plasencia Santos), titular de la cantera BADAJOZ,  66.422.000euros; HERMANOS MORALES MARTIN S.L. (representada po José Enrique Morales García) titular de la cantera BADEN II, 62.936.683 euros. Tales importes atendían a las valoraciones recogidas en las peritaciones efectuadas por dos ingenieros, en las cuales se consideraba el coste del material detraído y daños provocados por la actividad extractiva.

La obligación impuesta por dicha norma fundamental a los poderes públicos de defender y restaurar el medio ambiente comporta, según el auto de la Audiencia, que sea la administración o las administraciones públicas competentes las que deban ser las destinatarias de los importes indemnizatorios que se obtengan en la presente ejecutoria, siendo en concreto la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canariasen cuanto a los menoscabos mediambientales y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife en cuanto a la afectación a los cauces y barrancos.

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Planeta Canario

Planeta Canario

Por Vicente Pérez Luis, periodista licenciado en Ciencias de la Información en la Universidad de La Laguna, con décadas de experiencia en la prensa canaria.

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