VICENTE PÉREZ
El Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana ha archivado este lunes la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Mogán sobre el trato los migrantes llegado en patera en el muelle de Arguineguín, al no considerar delictiva su situación, que para la institución denunciante vulneraba los derechos humanos por el hacinamiento y malas condiciones higiénico sanitarias del campamento.
Tras llevar a cabo una inspección ocular en el propio muelle el pasado viernes, la autoridad judicial entiende que los hechos descritos en la denuncia “no reúnen los caracteres del delito por el que la misma se interpone, por lo que constatada dicha ausencia de tipicidad de la conducta denunciada parece incuestionable la procedencia del sobreseimiento, por entender que los hechos denunciados carecen de relevancia a efectos penales”.
No obstante, la juez instructora subraya en el auto de archivo que durante su visita al muelle le quedó “patente” que la situación de los inmigrantes era “deplorable”, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en un comunicado.
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, había acudido al Juzgado el pasado 28 de octubre para denunciar, según sus propias palabras, las “condiciones infrahumanas” que a su entender sufrían los inmigrantes en el puerto moganero.
Respeto a la situación jurídica de estas personas, la jueza entiende que su libertad de circulación está limitada por el protocolo para prevenir el Covid-19, y estima que existe «una prudente proporcionalidad entre la limitación de dicho derecho fundamental y Ia salvaguarda de la salud publica».
La magistrada advierte de que la actual pandemia «podría Ilevar a una crisis humanitaria existente en África sin precedentes», con la consiguiente salida de pateras hacia Canarias, la su juicio, «hace que los recursos públicos existentes en territorio nacional-que deben ser mejorados por las Administraciones Publicas competentes- sean insuficientes para amparar de forma adecuada los derechos básicos y fundamentales de dichos migrantes, pero sin que ello signifique la existencia de infracción penal alguna».
El Juzgado, en su inspección ocular del campamento de Arguineguín constató que había» más de mil ciudadanos extranjeros en el muelle», pero «no ha podido acreditarse Ia existencia de ilícito penal». «No ha quedado probado que [Los inmigrantes] estén en dicho recinto en contra de su voluntad, ni que se les haya impedido abandonarlo», apunta el auto judicial.
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