PLANETA CANARIO
La magistrada al frente de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife ha notificado el auto que finaliza la investigación del conocido como caso Mediador.
La jueza formaliza un proceso penal por la vía del procedimiento abreviado contra 23 personas investigadas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Se trata de una presunta trama de corrupción político- empresarial que trascendió a la opinión pública en febrero de 2023.
La autoridad judicial aprecia indicios de presuntos delitos de cohecho, estafa, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la administración publica, falsedad y blanqueo de capitales.
Entre las 23 personas investigadas se encuentran el exdiputado socialista en el Congreso y presunto cerebro del grupo Juan Bernardo Fuentes Curbelo (alias Tito Berni); el exdirector general de Ganadería del Gobierno canario, Taishet Fuentes, sobrino del anterior; el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa; y el intermediario o mediador que da nombre al caso, Marco Antonio Navarro Tacoronte.
También están procesados otros dos cargos del PSOE en el Gobierno regional en la pasada legislatura: Álvaro de la Bárcena, que ejerció de viceconsejero de Sector Primario, y José Domingo Fernández, entonces director general de Lucha contra el Cambio Climático, según informó Efe.
Una pieza separada del caso Mediador se juzgó ya en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y un tribunal de jurado declaró culpables al citado general, a Navarro Tacoronte y al empresario Antonio Bautista por cohecho relacionado con sobornos para obtener contratos de placas solares.
El caso gira en torno a una trama de cargos públicos y personas relacionadas con las Administraciones públicas que presuntamente cobraban sobornos de empresarios para favorecer negocios, conseguir subvenciones europeas o eludir sanciones.
En los teléfonos del mediador se encontraron conversaciones, mensajes, fotos y transferencias de dinero que desvelarían los actos ilícitos investigados.
Además, se organizaban fiestas en burdeles para cerrar estos acuerdos y negocios, según trascendió en su momento.