VICENTE PÉREZ
¿Deben devolver el alcalde de Güímar, Gustavo Pérez (CC); el primer teniente de alcalde, Airam Puerta (PSOE) y otros dos ediles del gobierno municipal los sueldos que cobraron indebidamente en el pasado mandato?
La respuesta definitiva a esta pregunta la dará el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº2 de Santa Cruz de Tenerife, ante el cual la líder del PP güimarero, Carmen Luisa Castro, ha pedido la ejecución forzosa de esa sentencia, firme desde octubre pasado, que declara nulos los sueldos percibidos desde mediados de 2021 por el regidor municipal, el líder del PSOE y los también concejales Cándido Gómez (PSOE ) y Juan Delgado (CC).
Según la Justicia, percibieron sus remuneraciones mensuales sin cobertura legal por no haber sometido a nuevo acuerdo plenario a mitad de mandato, cuando se produjo el relevo en la alcaldía compartida, su régimen de retribuciones y de dedicación exclusiva.
La controversia en el pleno extraordinario
El asunto ya fue objeto de un pleno extraordinario el pasado 27 de octubre, convocado a instancias del Grupo Popular, que defendió entonces la devolución de los sueldos desde mediados de 2021 hasta que se formó el nuevo gobierno tras las elecciones de 2023, al tiempo que pidió que los 4 concejales afectados se abstuvieran en las votaciones por tener interés personal en esta cuestión y ser su voto determinante.
Pero el equipo gobernante, formado por CC, PSOE y Unidas Sí Podemos, siguió en dicho pleno a pies juntillas las indicaciones de la secretaria municipal, quien permitió votar a los cuatro afectados por la sentencia, limitó el alcance de la resolución judicial a los sueldos de dos meses de 2021 denunciados por el PP ante los tribunales y consideró además que si se certifica que los cuatro prestaron sus servicios normalmente en ese periodo en el Ayuntamiento, este incurriría en un enriquecimiento injusto si les hace reintegrar sus salarios.
Carmen Luisa Castro: «No es un mero error, hubo mala fe»
La líder del PP vincula la ilegalidad de los sueldos en el pasado mandato con el hecho de que tanto Gustavo Pérez como Airam Puerta se habían fijado desde 2019 un régimen de dedicación exclusiva en un porcentaje (95%) que no estaba permitido por ley y al que, según la versión del Grupo Popular, habrían tenido que renunciar de haberse llevado a pleno un nuevo acuerdo en este sentido.
Además, la exalcaldesa sostiene que este litigio judicial es lo que motivó que al inicio de este mandato, en junio de 2023, el equipo de gobierno se subiera el sueldo “la friolera” del 27%, un incremento, según Castro, “inmoral” con el que los cuatro afectados pretenden “obtener del pueblo güimarero el dinero con el que, llegado el caso, tendrían que devolver el indebidamente percibido”.
Durante el pleno del 27 de octubre, la jefa de filas del PP güimarero afirmó que la ilegalidad cometida «no es un mero error administrativo, pues yo misma les advertí desde el primer momento que se trataba de una irregularidad; y ahora las mismas personas que la cometieron quieren convertir esta sentencia judicial en un pañuelo de usar y tirar».
Comoquiera que el gobierno tripartido alega que no hubo mala fe en la irregularidad cometida, la líder del PP repone lo contrario: «Sí hubo mala fe, porque sabían que lo estaban haciendo mal y lo siguieron haciendo mal hasta el final del pasado mandato».
La sentencia firme que anula sueldos
Hay que recordar que en 2022 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Santa Cruz de Tenerife declaró la nulidad de la retribución y el régimen de dedicación de Airam Puerta, desde el 24.06.2021; Gustavo Pérez, desde el 1.07.2021; Cándido Gómez, desde el 12.07.2021, y Juan Delgado, desde el 12.07.2021.
El Ayuntamiento interpuso recurso de apelación contra la sentencia, pero no fue admitida a trámite, tal y como resolvió en 2023 en otra sentencia la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso – Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
A mediados de 2021 se produjo la alternancia en la alcaldía (el pacto entre CC y PSOE es compartirla dos años cada uno), y, según la sentencia de 2022, ya firme, se debió haber aprobado en una sesión plenaria una nueva propuesta sobre dedicación parcial y exclusiva y retribuciones, pues el acuerdo sobre estas materias del pleno inicial del mandato, en 2019, ya no podía seguir vigente. Por tanto, los salarios de estos 4 concejales, en sus nuevas funciones, a partir de julio y agosto de 2021 ya no estaban legitimados.
El PP denuncia también que el pleno del pasado 27 de octubre fue emitido en directo pero la grabación quedó posteriormente eliminada de la página de Facebook del Ayuntamiento de Güímar. Una queja que también PLANETA CANARIO transmitió por email a la alcaldía, ya que finalmente lo ocurrido en ese pleno ha sido posible conocerlo a través de una grabación oficiosa a la que ha tenido acceso este periódico.
El gobierno tripartito se aferra al criterio de la secretaria municipal
En esa sesión plenaria, el portavoz del PSOE, José Miguel Hernández afirma que el gobierno municipal considera la sentencia «ya ejecutada» y que no procede devolver dinero, «según el informe jurídico», en alusión al de la secretaria municipal.
La interventora, a la que el PP había pedido que cuantificara lo que los 4 concejales debían reintegrar, explicó que no había podido determinar nada «porque para eso yo misma tendría que llegar a la conclusión de que hay que devolver cantidades, pero ni en la sentencia ni en ningún acto administrativo se mencionan cantidades».
La secretaria del Ayuntamiento expuso que se había dictado decreto para cumplir con la sentencia y ahora se le requeriría al alcalde y a los otros tres concejales la documentación acreditativa de que han ejercido sus funciones, porque, de haber cumplido con sus obligaciones laborales en el Ayuntamiento, habría «enriquecimiento injusto» del consistorio si se les hace devolver el sueldo.
Y sobre la reclamación del PP en el sentido de que los 4 ediles afectados por la sentencia no deberían votar en ese pleno, la funcionaria repuso que era «irrelevante su abstención porque ya se acordó la ejecución» del fallo judicial.
La subida de sueldos del 27% y el PP promete bajárselos si gobierna
Especial mención hizo Carmen Luisa Castro a la concejala de Unidas Sí Podemos, Nayra Caraballero, a quien reprochó que sea «cómplice de lo que tanto han combatido» los partidos a los que representa, en alusión a que esta formación de izquierdas apoyara que el gobierno local del que forma parte se suba el sueldo un 27% en este mandato.
A renglón seguido, la concejala del PP le preguntó «qué consuelo es para los contribuyentes el que done a ONG la parte de su sueldo» que excede de lo que ganaba como profesora, «si el gasto para el erario público es el mismo».
La única respuesta del grupo de gobierno a las críticas sobre este llamativo aumento de sueldos vino del PSOE, tachando de «mitin» las palabras de la representante popular, quien a su vez le contestó que «en todos los rincones de Güímar hay entonces mítines», porque tal sustancioso incremento de remuneraciones «no goza de apoyo entre la ciudadanía, sino todo lo contrario».
Castro terminó su intervención comprometiéndose a que si gobierna, ella y los demás miembros del gobierno que presida se bajarán el sueldo.
El PSOE y CC: «Aquí no hay delito»
Desde el PSOE, José Miguel Hernández salió en defensa de todo el grupo de gobierno: «Aquí no hay delito, estamos en el ámbito contencioso; la sentencia declarar la nulidad de dos decretos de autorización de nóminas y se ha corregido posteriormente. Ni siquiera es un error porque estuvo avalado por el servicio jurídico y la intervención municipal. Y se ha cumplido la sentencia».
En la misma línea, desde Coalición Canaria (CC) Haridian del Pilar Martín afirmó que «no es un delito» el motivo de esta polémica, pues, además, dijo, «esas acciones no han tenido efectos negativos para las arcas municipales, pues no hubo cambios en las retribuciones; son 4 personas que han trabajado por Güímar».
Ahora la última palabra la tiene el Juzgado.