Santa Cruz «deberá retirar de forma definitiva» los monumentos a Los Caídos y a Franco y otros 78 vestigios franquistas

La Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural ha concluido la elaboración de un catálogo, como prevé Ley de Memoria Histórica de Canarias, con 80 elementos "que deben ser retirados de forma definitiva del espacio público", que incluye bustos de personajes de la época; placas, lápidas y denominaciones en edificios públicos; la hélice del crucero Canarias expuesta en el puerto capitalino, el nombre del puente Serrador y del barrio de La Victoria, entre otros

Algunos de los elementos que deberán ser retirados del espacio público en la capital tinerfeña, según el nuevo catálogo de vestigios franquistas elaborado por el Gobierno canario.

PLANETA CANARIO

La Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural ha concluido los trabajos de elaboración del catálogo de vestigios franquistas de Santa Cruz de Tenerife, un documento de tres mil folios que ahora debe ser aprobado por la Consejería de Cultura, tras ser informado por la Comisión Técnica de la Memoria Histórica.

Entre los vestigios que, según el Gobierno canario, «deben ser retirados de forma definitiva del espacio público» están el Monumento a los Caídos (1947), que se mantuvo en su día cuando -ya en democracia- se remodeló la plaza de España, y el Monumento al Caudillo (1966), que vuelve a estar en el centro de la polémica después de que el concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra (PP) decidiera encargar un estudio con la intención de restaurarlo y restablecer la fuente de agua que tuvo en su momento.

Monumento a Franco.

De acuerdo con un comunicado del Ejecutivo regional, también deberán ser retiradas esculturas como el busto a Joaquín Amigó de Lara (1986) u objetos como la hélice del crucero Canarias, inscripciones como las placas del Instituto Nacional de la Vivienda (1957) o la lápida a los Caídos de Igueste de San Andrés (1975).

En cuanto a las denominaciones consideradas franquistas, existen vías como el puente General Serrador (1943), la calle Calvo Sotelo (1936) o el paseo Francisco Aguilar y Paz (1994) además de barrios como el barrio y plaza de la Victoria y centros educativos como el CEIP Fray Albino (1944), entre otros. Los honores y las distinciones incluyen a más de 130 personas.

Hélice del crucero Canarias, en el puerto chicharrero.

 

El catálogo de la capital tinerfeña (un trabajo coordinado por la catedrática de Historia del Arte Maisa Navarro, junto a los  expertos Ricardo A. Guerra Palmero y Yolanda Peralta Sierra) incluye una colección de casi 80 fichas relativas a monumentos, esculturas y objetos, menciones franquistas aplicadas a denominaciones del callejero, espacios y elementos urbanos, así como edificios y una relación de honores y distinciones concedidos en distintos momentos de la historia de la Corporación.

Monumento a los Caídos, en la plaza de España chicharrera.

Además, este catálogo presenta otros objetivos específicos, previstos en la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista, entre ellos, desarrollar los contenidos definidos en los artículos 12, 16 y 17 de la ley, en lo que respecta a actividades conducentes a la creación del Centro Virtual Documental de la Memoria Histórica de Canarias (Artículo 16); la creación de contenidos curriculares para su inclusión en Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato orientados a la divulgación de los principios y valores expresados en la ley (Artículo 17); la elaboración de contenidos para su inclusión en las titulaciones universitarias (Artículo 17); así como el fomento de la investigación científica sobre tales contenidos (Artículo 17).

Escudo que deberá ser retirado en el edificio del Instituto de la Marina.

En la realización de este documento se ha tenido en cuenta la investigación acometida por encargo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y entregado a esa administración el 2 de julio de 2019, para orientar las acciones municipales debido a la causa iniciada contra la corporación en 2017 y ratificada en mayo de 2018 por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de 2007. El equipo de investigación estuvo constituido también entonces por María Isabel Navarro, en calidad de investigadora principal, y con la participación de Ricardo Guerra Palmero y los investigadores Fácil Perdigón Pérez y Dailo Barco Machado.

Placa que, según el Gobierno regional, deberá ser retirada.

Este catálogo es la herramienta que permite actuar con cada caso en concreto. Para su elaboración, se ha realizado una investigación documental en archivos de las administraciones locales, de las administraciones autonómicas, administraciones del Estado y archivos militares relativos a los conceptos contenidos en la Ley 5/2018, la investigación actualizada sobre fuentes bibliográficas y documentos técnicos relativos a los conceptos de Memoria, Memoria Histórica e Historia del Arte, y, particularmente, los más recientes documentos realizados por diversas administraciones españolas en distintas comunidades autónomas.

El Colegio García Escámez, con con nombre franquista, según el nuevo catálogo.

Por otra parte, cuenta con textos correspondientes a la Historia y a la Memoria Histórica de Canarias, revisión de informaciones correspondientes a documentos iconográficos, fotográficos, sonoros y audiovisuales, así como la elaboración y supervisión de informaciones con destino a la base de datos del Catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En cuanto a los conceptos definidos en la catalogación, se ha propuesto una identificación de vestigios presentes en el término municipal consistentes en: monumentos; esculturas y objetos; lápidas, placas e inscripciones; denominaciones de calles, denominaciones de espacios y elementos urbanos, denominaciones de edificios y honores y distinciones.

Calle que, según el catálogo de vestigios franquistas, deberá cambiar de nombre.

Cada ficha posee datos de interés referentes al año, la denominación, el tipo de vestigio, la localización, el plano de situación, el organismo u entidad, la inscripción, una descripción, documentación gráfica, el contexto histórico, una justificación, las fuentes y observaciones. En este último apartado se argumenta la retirada de los casi 80 vestigios que aún se conservan relacionados con el franquismo.

Juan Márquez, viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural (del partido Podemos), insiste en un comunicado que ” todas las administraciones públicas tenemos la obligación de cumplir la ley autonómica y estatal” y subraya que en “el reconocimiento y reparación de las víctimas del franquismo todas las personas demócratas debemos comprometernos”.

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