PLANETA CANARIO
El Gobierno de Canarias eliminará la cita previa obligatoria así como la realización de trámites sólo por Internet, según ha comunicado el viceconsejero de Administración Pública y Transparencia, Antonio Llorens, a representantes de la Alianza de Vecinos de Tenerife, que habían reivindicado estas medidas.
El compromiso, según este colectivo vecinal, es que estas trabas burocráticas queden suprimidas este mismo año, para evitar perjuicios a la ciudadanía, al punto que la Alianza se ha quedado de un “trato deshumanizado de la Administración pública”.
De este modo, se podrá por fin volver a acudir a las oficinas de la Administración autonómica a realizar trámites sin necesidad de cita previa y se podrá elegir entre realizar las gestiones por Internet o ser atendido en persona.
A la reunión con el viceconsejero asistieron el Abel Román, coordinador de la Alianza; Antonio Mesa,representante de asociaciones de vecinOS del distrito Suroeste de Santa Cruz de Tenerife, y Hugo Luengo, arquitecto y asesor del colectivo vecinal.
Esta agrupación ciudadana sostiene que “cuando un servicio público, en vez de ayudar a resolver los problemas de los ciudadanos de forma rápida, sencilla y eficaz, lo que genera son sufrimientos y dificultades innecesarios, estamos ante una inmoralidad y un trato deshumanizador”.
Los usuarios de la Administración pública, según denuncia la Alianza, se han encontrado con que “no nos quieren atender en persona, dificultando los trámites; no nos cogen el teléfono, nos dan cita lejanas en el tiempo o a veces es imposible obtenerla; nos imponen que solo por internet, aunque no sepas cómo se utiliza o no tengas conexión; y nos obligan por ello a pagar asesores para resolver los trámites burocráticos; y para colmo, nos dan como respuesta el silencio negativo que implica una denegación a las bravas”.
Recuerda este grupo de ciudadanos que la cita previa y los trámites exclusivos por internet “fueron normas impuestas como medidas de urgencia en la época del covid-19”. Y en sustento de sus reivindicación citan al profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo, Diego Gómez, quien propugna que una vez desaparecida la urgencia pública motivada por la pandemia, mantener las medidas extraordinarias dificulta el acceso al ciudadano a los servicios públicos y vulnera el ordenamiento público aplicable; de manera que “no se puede mantener una ley impuesta por medidas de urgencia, cuando estas han cesado”.
Además, subraya la Alianza de Vecinos, la Ley 4/2022 de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, “protege, no solo a los mayores de 65 años, sino a cualquier persona a la que moralmente se le haga sufrir, física, emocional y mentalmente”.