PLANETA CANARIO
La reconstrucción de la zona afectada por la erupción de 2021 en La Palma sigue marcada por las diferencias entre administraciones sobre la financiación de las actuaciones pendientes tras la erupción volcánica de 2021. La Comisión Mixta Canarias Estado celebrada este jueves, 12 de noviembre, concluyó con el anuncio del Gobierno de España de una nueva partida de 32 millones de euros para infraestructuras municipales, mientras el Gobierno de Canarias reprochó al Ejecutivo central que continúen sin transferirse 300 millones correspondientes a los ejercicios de 2024, 2025 y 2026. Por su parte, el Cabildo palmero reclama medidas fiscales extraordinarias que le permitan utilizar los recursos disponibles sin retrasar las obras.
El encuentro, presidido por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente canario, Fernando Clavijo, reunió también a representantes del Cabildo y de los ayuntamientos de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, los tres municipios directamente afectados por la erupción.
Desde el Gobierno de España se destacó la aprobación por el Consejo de Ministros de una ampliación de crédito de 32 millones de euros, que se suman a los 53 millones contemplados en los convenios existentes con las administraciones locales. El Ministerio de Política Territorial sitúa así en 85 millones la financiación destinada a la reconstrucción de infraestructuras municipales. No obstante, las autorizaciones para ampliar los convenios todavía estaban pendientes de firma en el momento del anuncio.
Ángel Víctor Torres subrayó que el objetivo es garantizar la continuidad de las actuaciones y evitar que deban devolverse fondos de los convenios suscritos en 2022, algunos de cuyos plazos vencen este domingo. El Ejecutivo central recordó, además, que su inversión acumulada en La Palma tras la erupción supera los 1.600 millones de euros, entre ayudas directas, vivienda, agricultura, planes de empleo e infraestructuras.
Sin embargo, estas cifras no han disipado las reclamaciones del Gobierno autonómico. La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, lamentó que la Comisión Mixta concluyera sin un acuerdo para transferir los 300 millones de euros que Canarias considera pendientes de las aportaciones estatales correspondientes a 2024, 2025 y 2026. Se trata de una reclamación diferente de la ampliación de crédito anunciada para las infraestructuras municipales.
«Esta legislatura no debería acabar sin resolver estos compromisos que, además, se recogen expresamente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado», afirmó Barreto, quien sostuvo que su cumplimiento depende de una decisión del Consejo de Ministros. La consejera también reprochó al Ejecutivo central que no haya confirmado la prórroga para 2027 de la bonificación del 60% del IRPF de la que se benefician los contribuyentes palmeros.
El Cabildo de La Palma comparte esta última reivindicación, aunque centró buena parte de sus demandas en otro problema: las limitaciones que imponen las reglas fiscales al uso de los recursos para la reconstrucción. Su presidente, Sergio Rodríguez, valoró la disposición al diálogo del Ministerio, pero advirtió de que la institución insular lleva dos años y medio reclamando el reconocimiento de la excepcionalidad de La Palma sin obtener una solución.
Según explicó, el Estado reconoce actuaciones por valor aproximado de 60 millones de euros, sujetas a revisión por la actualización de precios, de los que asumiría el 50%, equivalente a 30 millones. A esta financiación se añadiría una aportación del 25% por parte del Gobierno de Canarias. Sin embargo, Rodríguez alertó de que, si no se establece una excepción a las reglas fiscales, los fondos estatales podrían tener que destinarse a amortizar deuda en lugar de financiar nuevas obras.
El presidente insular advirtió también de que, si el dinero llega al cierre del ejercicio sin una solución presupuestaria, podría quedar incorporado al remanente y no estar disponible hasta junio o julio de 2027. «Llevamos dos años y medio reclamando el reconocimiento de la excepcionalidad de La Palma, que sigue siendo vital, y no se nos ha hecho caso. Ahora se espera al último minuto para solucionarlo», denunció.
Rodríguez recordó que el Cabildo ha invertido cerca de 80 millones de euros de fondos propios en la recuperación de la isla y ha tenido que recurrir al endeudamiento para mantener el ritmo de los trabajos, entre ellos la apertura de caminos de acceso a fincas, la recuperación de carreteras y las actuaciones necesarias para facilitar la reconstrucción de viviendas.
A estas demandas añadió la compensación de los 7,3 millones de euros que la institución insular desembolsó para alojar en hoteles a personas afectadas durante la emergencia volcánica.
También reclamó la continuidad de los planes extraordinarios de empleo, después de cuatro convocatorias dotadas con 63, 30, 30 y 12 millones de euros, respectivamente, ante la ausencia de una partida prevista para este año. Estos programas, señaló, permiten reforzar las plantillas encargadas de tramitar licencias e informes necesarios para las obras.
Por su parte, el Gobierno de Canarias defendió el esfuerzo económico realizado con sus propios recursos, especialmente en la recuperación agraria. Nieves Lady Barreto recordó que en 2024 se destinaron 16,5 millones de euros a compensar la pérdida de renta del sector platanero y que en 2025 se dedicaron 100 millones del superávit autonómico a indemnizar a los propietarios por el valor de las fincas perdidas.
Asimismo, anunció que, con cargo al superávit de 2026, se destinarán 23 millones de euros a un Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de España (PEPAC) específico para La Palma y otros nueve millones a completar los pagos por retirada de cenizas.
La consejera destacó que más de 200 solicitudes de licencia para reconstruir fincas en el Valle de Aridane están pendientes de la apertura de pistas agrícolas, una situación que impide a sus propietarios iniciar los trabajos pese a disponer de proyectos de recuperación.
La necesidad de habilitar esos accesos constituye precisamente uno de los puntos de encuentro entre el Gobierno autonómico y el Cabildo, que consideran imprescindible acelerar la recuperación de caminos y pistas para reactivar la actividad agraria en los terrenos afectados por las coladas.