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El Ayuntamiento rechaza ser acusación en la causa penal contra Zerolo por pagar a Sacyr 59 millones desde Emmasa

El gobierno chicharrero formado por CC-PNC, PP y Evelyn Alonso anuncia que el consistorio se personará como actor civil pero no como acusación particular, alegando que así lo opina un informe jurídico municipal. La oposición (Unidas Podemos, denunciante del caso, PSOE y Matilde Zambudio, de Cs) critica esta decisión y acusa al equipo gobernante de "pasividad" como en el caso Las Teresitas, pese a que claramente es el perjudicado por haberse abonado ya, a través de Emmasa, 30 millones de fondos públicos de manera indebida por una decisión tomada en 2007 en el consejo de administración de la antigua empresa pública, unos pagos que frenó el anterior gobierno PSOE-Cs a raíz de que funcionarios detectaran las irregularidades. La jueza, Carolina Déniz, se aparta de la instrucción de este caso por sus pasados vínculos con CC en el Gobierno canario

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PLANETA CANARIO

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no se personará como acusación particular en la causa penal abierta contra el exalcalde, José Miguel Zerolo (CC) -que se halla encarcelado tras la sentencia del caso Las Teresitas- por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al aprobar en 2007 en un consejo de administración de Emmasa la devolución indebida a  la multinacional Sacyr de los 59 millones de euros que pagó por el canon con el que resultó adjudicataria de la gestión del servicio público de aguas en el municipio, de los cuales se han abonado más de 30 a razón en cantidades anuales.

El grupo de gobierno, formado por CC-PNC, PP y la edil Evelyn Alonso (en conflicto con el partido por el que se presentó, Cs), avanzó que el consistorio sí se personará en la causa pero como actor civil, para reclamar indemnizaciones por si se derivaran responsabilidades penales, según anunció ante el último pleno municipal el concejal de CC-PNC Alfonso Cabello, quien basdó esta decisión en un informe jurídico municipal sobre esta cuestión.

De este modo, se rechazó en sesión plenaria una moción del portavoz de Unidas Podemos (UP), Ramón Trujillo, denunciante del caso en Fiscalía, de lo que se derivó la actual causa penal, que pedía la personación del Ayuntamiento como acusación, iniciativa que contó con el apoyo de los ediles del PSOE y de la concejala de Cs Matilde Zambudio.

La jueza se aparta del caso por sus vínculos pasados con CC

La oposición coincidió en que ser actor civil no supone perseguir el posible delito -que, dinerariamente sería mayor que el del caso Las Teresitas-  sino simplemente adoptar una actitud «pasiva» ante lo que ocurra en la causa penal con la acusación de la Fiscalía y de UP. Y también toda la oposición opinó que la personación es  «una decisión política, no jurídica», y para la que el informe técnico municipal no es vinculante.

Cabello no respondió a una pregunta formulada por el PSOE sobre si el Ayuntamiento ha ejercido acciones legales en la jurisdiccion mercantil para anular dicho acuerdo de 2007,  a pesar de que el portavoz socialista, José Ángel Martín, al ver que no recibía respuesta, se la volvió a formular, pero el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC-PNC), le cortó esta nueva intervención por no tener el turno de palabra y se pasó a votar la moción, que fue rechazada con el voto de calidad del regidor municipal, al registrarse empate en la primera votación.

La causa penal  contra Zerolo ha sido abierta por la jueza Carolina Déniz, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Santa Cruz de Tenerife, quien acaba de apartarse del caso alegado sus antiguos vínculos con ese partido, con el que ocupó diversos cargos en el Gobierno regional entre los años 2005 y 2011, según ha informado esta semana Canarias Ahora.  Los denunciantes ya habían advertido de que si no se apartaba de las diligencias, pedirían su recusación.

Unidas Podemos: «Otra vez con CC el Ayuntamiento se pone de perfil ante la corrupción»

Ramón Trujillo (Unidas Podemos).

«CC se escuda en un informe técnico para mirar a otro lado y no defender los intereses de los vecinos y las vecinas, y otra vez, como en Las Teresitas, cuando tampoco los servicios jurídicos pidieron personación como acusación particular y hubo condena, el Ayuntamiento gobernado por CC se pone de perfil mirando para otro lado, porque sin vía penal no hay acción civil», aseveró Trujilllo, portavoz de la alianza Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo), quien advirtió al gobierno local que ya no es solo su grupo político, sino la Fiscalía y el Juzgado los que aprecian indicios de delito.

El portavoz del grupo denunciante mencionó pasajes de la denuncia de la Fiscalía e indicó que el acuerdo adoptado en 2007 para devolver el dinero a Emmasa, y que empezó a destaparse a raíz de que a finales del anterior mandato y principios del actual funcionarios municipales detectaran esta irregularidad, «supone una situación de privilegio para Sacyr, que al final del contrato se hubiera beneficiado de prestar un servicio público a coste cero y con menoscabo de las otras empresas que concurrieron al concurso» público con que se privatizó Emmasa.

Además, Trujillo relató que la decisión de devolver a Sayr los 59 millones no contó con informes de los servicios jurídicos ni de la Intervención municipal ni pasó por el pleno del Ayuntamiento y sí con un informe «a la carta» de la multinacional Ernst & Young, otro informe «anónimo» y  un «vergonzoso» informe del catedrático de Derecho de la Universidad de La Laguna Francisco Villar que, según la Fiscalía, «pretendía dar apariencia de legalidad» a un acuerdo ilícito.

Un auto judicial que llegó ‘in extremis’: el posible delito prescribía al día siguiente

Miguel Zerolo, en declaraciones a los medios antes de entrar al juicio del caso Las Teresitas: / MÍRAME TV

El portavoz de Unidas Podemos recordó que en este caso como denunciantes llegaron desde el punto de vista temporal «por los pelos» pues están imputados solo Zerolo y el entonces consejero de Emmasa en representación de Sacyr Pablo Abril Martorell Fernández porque para el resto de posibles investigados el delito ya está prescrito,  y para los dos imputados prescribía justo al día siguiente del auto de la jueza por el que abría este proceso.

Trujillo se mostró convencido de que «si el Ayuntamiento no lo gobernara CC, la personación como acusación popular estaría cantada, ni se discutiría, pues al fin y al cabo estamos hablando de perseguir con contundencia conductas presuntamente delictivas, y  porque es parte perjudicada con nada menos que 30 millones,  y se pretendía que fueran 59».

«Se repite lo que en el caso Las Teresitas: ni CC ni el Ayuntamiento hicieron nada y gracias a la Fiscalía y la acusación particular ahora los vecinos y vecinas de Santa Cruz se podrán recuperar más de 90 millones de euros», lamentó el concejal de la alianza de izquierdas.

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CC-PNC: «Este gobierno fija su criterio en temas penales con la opinión de los servicios jurídicos municipales»

Alfonso Cabello (CC-PNC).

Desde CC-PNC, Alfonso Cabello alegó que «el gobierno municipal fija su criterio con respecto a temas judiciales con la opinion de los servicios jurídicos, que, en un informe, dicen que se estima procedente la personacion en estas diligencias previas ante un juzgado como actor civil».

Y en su segunda intervención, tras escuchar las críticas de la oposición, insistió que el grupo gobernante «estará siempre en defensa de los intereses generales en base a informes de los servicios jurídicos cuando nos guste y también cuando nos parezca que no son los más adecuados», por lo que el Ayuntamiento «se va a personar en el jucio y lo hará para ejercer acciones civiles y pedir indemnizaciones si hay condena».

Zambudio (Cs): «Hay una diferencia sustancial entre acusación particular y acción civil ante una corrupción de libro»

Matilde Zambudio (Cs).

Desde el resto de la oposición se apoyaron los planteamientos de Unidas Podemos. Matilde Zambudio, de Ciudadanos (Cs), tachó de «saqueo» lo ocurrido en Emmasa, «con la colaboración de CC durante 13 años», pues a su juicio «llama la atención que durante tanto tiempo gobernando no se diera cuenta nunca» y en cambio, al breve gobierno PSOE-Cs (de julio de 2019 a julio de 2020, cuando CC recuperó el poder con una moción de censura) «le bastó unos meses para ver que se trataba de una corrupción de libro».

Zambudio, que fue primera teniente de alcalde en el anterior gobierno, ironizó con que para CC y PP «parece que se habla de millones como si fueran chuches en un quiosco, cuando en realidad  es una cantidad suficientemente grande para bajar el zoom y ver por qué se pagaba ilegalmente tanto dinero, 2,3 millones al año». «Ese contrato con Sacyr fue un negocio redondo, pero no para los vecinos de Santa Cruz», apostilló.

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La concejal de Cs, que es abogada, indicó que «hay una diferencia sustancial entre formar parte activa de un proceso penal como acusación particular y como actor civil», que es pasiva,  y enfatizó que «no hay ninguna norma que establezca que en este caso es necesario un informe jurídico municpal para que el Ayuntamiento ejerca la acusación particular».

PSOE: «Ser actor civil en esta causa penal al fin y al cabo es nada»

José Ángel Martín (PSOE).

Por parte del PSOE, José Ángel Martín se quejó de que el informe jurídico mencionado por Cabello no lo conociera la oposición antes de eso pleno, pero aún así opinió que se trata «sólo de una recomendación».

Al igual que Zambudio, argumentó que «no hay ninguna cuestion de legalidad para que el Ayuntamiento no pueda ser acusacion particular porque está claro que somos los perjudicados, pero CC y PP no quieren perseguir el delito y ser parte activa con la Fiscalía, ya que actor civil al fin y al cabo es nada, pues el propio Ministerio Fiscal ejercería esa acción civil en favor del perjudicado, como hizo en el caso Las Teresitas».

Cabe recordar que los pagos a Sacyr, a través de Emmasa, pasaron supuestamente desapercibidos en los controles muncipales hasta que un informe municipal en 2019 daba cuenta de no haber encontrado soporte documental de la deuda millonaria que cada año se iba abonando a Sacyr, conclusión similar a la de un nuevo informe, ya en 2020 -cuando el gobierno local lo presidía Patricia Hernández (PSOE),que reiteró que no existía documento alguno que sustentara el pago. Ese gobierno PSOE-Cs con apoyo externo de Unidas Podemos fue el que ordenó paralizar estos abonos millonarios.

Posteriormente, el Consejo Consultivo de Canarias -que preside el exconcejal chicharrero, exdiputado del PP y abogado Pablo Matos-  dejó claro  en el presente año que «la cantidad abonada por SACYR correspondiente al canon era parte del precio del contrato». El Consultivo asegura en un dictamen que el consejo de administración de Emmasa  hizo en 2007 «una interpretación unilateral» del contrato con el consistorio, «sin solicitar la incoación del preceptivo  procedimiento»,  y la comenzó a aplicar.  A juicio de este órgano, «se deduce con claridad que la cantidad abonada por Sacyr correspondiente al canon era parte del precio del contrato» y no tenía, por tanto que serle devuelta.

 

 

 

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Por Vicente Pérez Luis, periodista licenciado en Ciencias de la Información en la Universidad de La Laguna, con décadas de experiencia en la prensa canaria.

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