VICENTE PÉREZ
El alcalde de La Victoria, Juan Antonio García Abreu (del PSOE), ha rechazado ofrecer a PLANETA CANARIO la versión municipal sobre el derribo llevado a cabo por el Ayuntamiento que preside de unas casas tradicionales canarias que el Cabildo de Tenerife, por dos veces, requirió que fueran catalogadas, es decir, protegidas en el futuro catálogo del municipio, lo cual no era obstáculo para que fueran rehabilitadas. Una de estas construcciones fue la primera estación de teléfonos, inaugurada en 1922.
Sendos informes fueron elaborados por el Servicio Insular de Patrimonio Histórico, uno en 2010, con ocasión del trámite del Plan General de Ordenación (PGO), proponiendo la protección para estos y otras 73 inmuebles, y otro en enero del presente año, tras tener conocimiento los funcionarios del Cabildo de que el Ayuntamiento iba a demoler los inmuebles, el número 40 de la carretera general TF-217, esquina con la calle Tanque de Ánimas.
Mientras el Cabildo de Tenerife ha confirmado que dicho servicio se mostró contrario a esta demolición por constituir estas casas «buenos ejemplos» de arquitectura tradicional del norte de Tenerife, el alcalde ha respondido a PLANETA CANARIO, a través de su gabinete de prensa, que no hará ningún tipo de declaración sobre este asunto. Y ello a pesar de que es abogado y máster en Derecho Urbanístico, por lo que es un cargo público conocedor de los procedimientos en esta materia.
El regidor municipal, quien manifestó en Facebook que estas viviendas eran «un escaparate vergonzoso a la entrada del pueblo» y que las noticias en contra de su demolición provenían de una «mano negra» que no quiere que avance su municipio, se niega a aclarar a este periódico si el Ayuntamiento dispone de un informe, elaborado por un técnico municipal competente en la materia, que dictaminara la ausencia de valores de patrimonio histórico en las casas derribadas, contradictorio con los informes del Cabildo.
Tampoco ha querido responder el alcalde cuál es la razón por la que el Ayuntamiento, habida cuenta de los informes del Cabildo de Tenerife solicitando la catalogación de ambas casas, no comunicó al Servicio Insular de Patrimonio Histórico la decisión de demoler la edificación, y, en su caso, con la justificación técnica correspondiente.
No quiere tampoco el mandatario victoriero contestar a cuándo está previsto que el Ayuntamiento encargue la elaboración del catálogo de bienes de patrimonio cultural al que está obligado por la legislación vigente en esta materia, cuyo plazo, en cualquier caso, ya venció en meses pasados.
La misma suerte ha corrido la pregunta de a cuántos inmuebles de arquitectura tradicional de los 75 que propone el Cabildo catalogar, pero que el Ayuntamiento no quería proteger en la formulación inicial del Plan General de Ordenación, va finalmente a dar un grado de protección el Consistorio. Se queda sin respuesta también la cuestión de si prevé el Ayuntamiento derribe o autorice el derribo de nuevas edificaciones de las que el Cabildo defiende catalogar.
Si bien el Cabildo afirma que la decisión de tirar o no los inmuebles es municipal, lo cierto es que la destrucción de un bien propuesto para su protección por una Administración pública superior no debiera llevarse a cabo como un acto arbitrario por el Ayuntamiento, sino, cuanto menos, con un informe de un funcionario de igual cualificación en la materia que los técnicos de la corporación insular, que avalara la inexistencia de valores patrimoniales que proteger.
De hecho, si el Cabildo hubiera ejercido su potestad legal de suspender los derribos de forma cautelar (no lo hizo, según fuentes del gobierno insular, porque no se enteró de que se estaban derribando estos inmuebles), el Consistorio hubiera tenido que presentar ese informe técnico propio.
El caso recuerda mucho a la destrucción de inmuebles históricos en el antiguo barrio de Miraflores, en la capital tinerfeña, aunque en ese caso una asociación cultural pidió al Cabildo que impidiera demoler seis edificaciones que sus técnicos habían propuesto catalogar como patrimonio histórico, y la Administración insular intervino, en coherencia con sus informes.
El Ayuntamiento que preside José Manuel Bermúdez (CC-PNC) solventó la suspensión cautelar promovida por el Cabildo con unos informes que tuvo que pedir, a toro pasado de la autorización de demolición, a la fundación CICOP, porque en realidad había autorizado la destrucción de estas edificaciones sin ningún tipo de informe técnico que descartara su protección. El CICOP, con argumentos duramente criticados por el Servicio Insular de Patrimonio Histórico, avaló la demolición de seis construcciones, pero el asunto acabó en vía judicial y el Ayuntamiento, desde el pasado mandato se vio forzado a negociar con la promotora Daldre salvar los tres edificios que aún siguen en pie, y propuestos para catalogar.
Pasado el tiempo, los funcionarios del Cabildo y del Ayuntamiento santacrucero han elaborado un nuevo catálogo de viviendas que, aún en fase de borrador, que incluye una alternativa que supone un importante aumento de los inmuebles protegidos, aunque falta su aprobación definitiva. Además, desde esta polémica, el gobierno CC-PP en la capital viene coordinándose con los técnicos del Cabildo, sin derribar edificaciones que puedan tener valores patrimoniales.
Hecha la comparación con Santa Cruz, cabe preguntarse qué línea va a seguir el Ayuntamiento victoriero, si la de seguir derribando bienes que el Cabildo defiende como patrimonio cultural o cooperar con la Administración insular en materia de patrimonio histórico.
Esta polémica ha generado debate en las redes sociales, a raíz de que el Foro Canario contra la Incineración hiciera pública su discrepancia con el derribo de estas viviendas, al igual que el masivo grupo de Facebook Salvemos las casas terreras canarias. El Ayuntamiento pretende con esta demolición ensanchar la salida de la calle Tanque de Ánimas hacia la carretera general, más estrecha que el resto de la vía por dos viviendas antiguas a ambos lados. Las edificaciones las adquirió el Ayuntamiento para echarlas abajo, construir una sede para los taxistas y una plazoleta.
El Cabildo, en sus informes sobre el Plan General, advirtió al Ayuntamiento que las circunstancias urbanísticas no pueden prevalecer sobre la protección del patrimonio y ni siquiera el estado de abandono de un inmueble, como indican sentencias del Tribunal Supremo, es una justificación para hacerlo desaparecer.