23 meses de cárcel para el dueño de Islas Airways, Miguel Concepción, por la estafa con el descuento de residente

La Audiencia Provincial dicta sentencia contra el también presidente del Club Deportivo Tenerife, por la que igualmente han sido condenadas sus dos hijas, a ocho meses de prisión, como cómplices del mismo delito. Deberán además indemnizar al Ministerio de Fomento con casi 4 millones de euros

Miguel Concepción, durante una rueda de prensa del C.D. Tenerife

PLANETA CANARIO

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a 23 meses de prisión al presidente de Islas Airways Miguel Concepción Cáceres, como culpable de un delito continuado de estafa agravada, según ha informado este miércoles, 28 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un comunicado. Sus hijas Verónica y Eloisa Concepción Rodríguez han sido condenadas a ocho meses de prisión como cómplices de ese mismo delito.

La sentencia de conformidad -durante la vista oral del juicio, el también presidente del Club Deportivo Tenerife admitió su culpa y aceptó su condena, al igual que sus hijas- declara probado que los acusados, entre 2008 y 2011, en su calidad de responsables de la citada compañía aérea, hicieron una interpretación fraudulenta del Real Decreto que regula el procedimiento para que los ciudadanos canarios disfruten de un descuento en los vuelos.

Los condenados remitieron a sabiendas al Ministerio de Fomento ficheros de vuelos y certificaciones “que aparentaban ser correctos y contar con respaldo documental”, lo que les permitió “superar los controles rutinarios, cuando en realidad carecían de sustento o no respondían a la realidad, logrando de esta manera obtener bonificaciones superiores a las realmente debidas en los términos exigidos por el Real Decreto y la Ley de Subvenciones, por un importe de 8.399.180,32 euros”.

Además de la condena penal, el fallo impone a Concepción y a sus hijas la inhabilitación especial para el derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas  y del derecho a gozar de subvenciones o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el tiempo de duración de las condenas principales,   y establece que deberán indemnizar a Fomento en la cantidad de 3.987.769 euros. El fallo es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

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