PLANETA CANARIO
La Guardia Civil ha detenido a dos personas, una de ellas de 16 años, como presuntas autoras de un delito de desórdenes públicos, tras constatar que lideraban el movimiento Blocus en Tenerife, que en Francia ha realizado una convocatoria masiva para alentar disturbios y saqueos.
La investigación, llevada a cabo por unidades especializadas de la Guardia Civil, se inició al detectar una intensa actividad en canales digitales de mensajería instantánea y plataformas de redes sociales.
Los presuntos autores, según informa la Guardia Civil, tenían un modus operandi importado y cuidadosamente planificado, que incluía herramientas de comunicación cifrada para eludir el rastreo policial.
De este modo difundían consignas de sabotaje en grupos cerrados, con mapas de actuación e instrucciones precisas sobre cómo actuar de forma coordinada para desbordar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y consumar actos vandálicos y de pillaje.
El término blocus, francés, se ha convertido en un reclamo para convocar a jóvenes a través de TikTok y aplicaciones de mensajería. Las protestas vinculadas a #Blocus han aparecido en distintos países europeos.
Una vez que se accedía a estos grupos de comunicación los administradores se encargaban de dar las directrices oportunas, instigando a la acción directa, la quema de mobiliario urbano para obstaculizar la acción policial, métodos de agresión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la ejecución de asaltos simultáneos a grandes superficies comerciales.
Tras una serie de indagaciones, los agentes logró la identificación plena de los dos líderes y organizadores principales del movimiento Blocus en Tenerife.
De esta forma, de acuerdo con la versión policial, se ha podido detener a los cabecillas y neutralizar los canales de difusión antes de que la movilización se haya materializado en las calles.
La operación ha sido coordinada por la Sección de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Los detenidos serán puestos a disposición de la autoridad judicial competente y el Ministerio Fiscal, para la adopción de las medidas cautelares oportunas.