PLANETA CANARIO
La Plataforma Montaña Clara por una Vivienda Digna ha denunciado ante la Guardia Civil y públicamente las “amenazas, coacciones e intimidaciones” sufridas por Noelia, una madre con un hijo menor de edad, y su pareja, residente en el municipio grancanario de Santa Brígida, por parte de empleados de la empresa de desocupación EZ PROPERTY SOLUTIONS
Según expone la plataforma, esta situación comenzó en la segunda semana de este mes, cuando comenzaron las visitas “intimidatorias” a la vivienda.
Sin embargo, los hechos más graves ocurrieron el día 17, cuando varias personas vinculadas a dicha empresa acudieron nuevamente al inmueble en el que vive la afectada, que, según este colectivo, se encuentra en situación de vulnerabilidad al no tener trabajo ni percibir prestación alguna.
La plataforma sostiene que, en una de esas primeras actuaciones, los empleados dejaron una pegatina de la empresa y llegaron incluso a pegar con adhesivo la puerta de acceso a la vivienda, dificultando la salida de la mujer.
A partir de ahí, “la presión contra esta madre ha ido en aumento en forma de “insultos, amenazas incluso de muerte y actos intimidatorios dirigidos tanto a ella como al padre del menor, que acudió a la casa a ayudar ante esta intolerable episodio”.
Según fuentes de este colectivo, la Guardia CIvil ya ha llevado a cabo una investigación y el caso está peniente de juicio.
El colectivo asegura que, al no existir alternativa habitacional para la familia y al no producirse ningún tipo de mediación efectiva, la situación derivó en episodios aún más graves.
Entre ellos, denuncia daños en un vehículo, en el también fue colocada una pegatina de la empresa, así como el corte del suministro eléctrico de la vivienda.
La plataforma afirma igualmente que durante estos días se produjeron amenazas directas contra distintas personas del entorno de la afectada, y subraya la especial gravedad de los hechos por la presencia de un menor de edad. Por este motivo, señala que se instalaron cámaras de seguridad para proteger a la familia y dejar constancia de lo ocurrido.
La plataforma considera que estos hechos deben ser investigados con urgencia por las autoridades competentes, al tiempo que condena lo que considera una actuación “intolerable” contra una familia vulnerable que requiere que se depuren responsabilidades.
Asimismo, reclama a las Administraciones públicas una respuesta inmediata para garantizar la seguridad de la afectada y del menor de edad, y garantizar su derecho a una vivienda digna.
Y concluye recordando que para familias con pocos recursos económicos resulta imposible el alquiler y ni mucho menos la compra de una casa, ante la desorbitada e imparable carestía del mercado inmobiliario y la falta de viviendas de protección oficial, una injusticia que sufren miles de familias canarias en situaciones extremas para poder tener un techo o abocadas a la calle.