VICENTE PÉREZ
Más de 200 madres canarias de personas con discapacidad intelectual internadas en centros públicos y privados -miles en todo el Archipiélago- han creado una plataforma para luchar contra lo que consideran un cruel encierro de sus seres queridos que dura ya casi 8 meses debido a las restricciones por la pandemia de la Covid-19, por lo que denuncian que se trata de una violación de los derechos fundamentales porque para ellos el confinamiento no ha terminado.
Si en dos semanas el Gobierno canario no modifica la orden que solo les permite ver 45 minutos a la semana a sus hijos y que les impide que vayan a sus domicilios, pasarán a las movilizaciones, manifestándose de forma continua ante el Parlamento canario para hacer más visible su causa ante los diputados y el Gobierno canario.
Hace un mes iniciaron una petición en change.org en la que ya han conseguido más de 53.000 firmas, que fueron entregadas en la Presidencia del Gobierno de Canarias el pasado día 18 de septiembre con el objetivo de cambiar la orden que regula las salidas y vistas a estos centros.
«Pero por ahora esto no ha sido suficiente, y queremos seguir recabando firmas, porque además cada centro y cada Cabildo interpreta a su manera la orden del Gobierno canario, y la realidad es que los residentes con discapacidad siguen encerrados, casi ocho meses después del confinamiento», denuncia Eugenia Paiz, periodista palmera y cuya hija con discapacidad psíquica es usuaria de uno de estos centros.
Asegura que las madres «siguen esperando, dando un margen al Gobierno, y tendiendo la mano, pero ven cómo pasan los meses, se ha llegado a tratar el asunto en una comisión del Parlamento, pero no se da el paso de acabar con esta injusticia, porque estas personas están perdiendo calidad de vida, sin contacto con sus familias, a las que siguen viendo tras cristales».
Paiz explica que estamos hablando de personas con discapacidad severa, que no saben dónde están sus familias ni saben por qué están encerradas, sin salir al campo y sin contacto con sus seres queridos.
Una situación, se queja esta madre, «que nos deja en absoluta indefensión, con una vulneración reiterada de los derechos fundamentales, más allá del estado de alarma».
Paiz deja claro que las familias afectadas son conscientes de la necesidad de los controles epidemiológicos y de la seguridad sanitaria, «pero ni empresas privadas ni organismos públicos pueden pretender que las personas con discapacitad en residencias van a permanecer indefinidamente encerradas». «Esto se tiene que acabar ya porque los padres no lo vamos a permitir», exclama, con el coraje de quien ya no está dispuesta a esperar más.
