PLANETA CANARIO
El juicio contra el expresidente del Cabildo de Lanzarote Pedro San Ginéz (CC) por presunta prevaricación al haber ordenado la incautación de la desaladora de Montaña Roja en 2014 ha comenzado este lunes, 16 de noviembre, en los Juzgados de Arrecife.
Ser sientan también el banquillo por los mismos hechos al secretario del Cabildo, Francisco Perdomo; y al entonces gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín.
Este organismo dependiente del Cabildo decidió incautarse cautelarmente de esa planta privada de potabilización y de sus instalaciones auxiliares en Yaiza por considerar que su situación era «de absoluta irregularidad», al desalar agua sin autorización y venderla a terceros sin permiso, según relató en su momento Mírame TV.
Aunque esa medida cautelar fue inicialmente avalada por un Juzgado de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias acabó anulándola meses más tarde. Sin embargo, posteriormente el Gobierno canario ordenó «la inmediata clausura» de esa misma desaladora, por incumplir la legislación.
Los denunciantes, y en este proceso acusación popular, son los exconsejeros de Podemos en el Cabildo, Carlos Meca y Pablo Ramírez, para quienes el móvil de estos hechos que ahora se enjuician fue, supuestamente, «beneficiar a Canal Gestión Lanzarote por encima del respeto a la legalidad vigente y de la propiedad privada».
La incautación se llevó a cabo un año después de que Canal Gestión Lanzarote, filial de la empresa pública madrileña Canal de Isabel II, asumiera el ciclo integral del agua en la isla durante treinta años.
El Ministerio Fiscal había recomendado el sobreseimiento del caso y la empresa propietaria de la desaladora incautada, Club Lanzarote, se había retirado del caso tras firmar un acuerdo con el Cabildo para poner fin a sus litigios cruzados, según informó Mírame TV.
Esta circunstancia llevó al Juzgado que instruyó el caso a plantearse si a este asunto era de aplicación la llamada «doctrina Botín», por la que el Tribunal Supremo estableció en 2007 que no se puede abrir juicio contra alguien si no le acusa ni el fiscal ni un afectado directo por los hechos en discusión, lo que vetaba seguir adelante con juicios impulsados solo con las acusaciones populares. Sin embargo, el juez matizó que en este caso se trata de presuntos delitos que no afectan a una persona o sociedad concreta sino a «intereses colectivos o sociales», en los que ahora sí acepta que un juicio lo impulse en exclusiva una acusación popular.
La vista oral, según RTVC, se celebrará durante cuatro sesiones en Arrecife y con la ausencia de la Fiscalía. En la primera sesión declararán los tres acusados, un policía local y un guardia civil que estaban presentes durante la incautación.
Las siguientes jornadas serán el martes 17 y los días 23 y 24 de noviembre. Declararán como testigos varios trabajadores del Consejo Insular de Aguas y de Canal, así como el ex gerente de esta empresa, representantes de Club Lanzarote, entre otros, y el ex consejero del Gobierno, Narvay Quintero. La última jornada declararán los peritos, entre los que está Jerónimo Saavedra, en calidad de ex Diputado del Común.