VICENTE PÉREZ
La manifestación convocada para el próximo día 20 en Santa Cruz de Tenerife por los principales grupos ecologistas de Canarias para reivindicar un cambio de modelo de desarrollo en Canarias (basado hasta ahora en el turismo de masas) hacia uno más sostenible y con menor precariedad laboral está generando diferentes reacciones.
La más destacada en los últimos días es la del presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo (CC), quien en declaraciones a SER Canarias aseguró que en la última edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) le dijo a los empresarios del sector turístico que tenían que subirle el sueldo a los trabajadores, un mansaje que «no gustó» a esta patronal.
«Creo que por primera vez estamos todos de acuerdo en que no podemos seguir así», enfatizó el jefe del Ejecutivo regional, e insistió en que la patronal del sector «tiene que ser consciente de que es nuestra principal fuente de riqueza, y siendo eso así, y ganando ellos mucho dinero, tiene que ser responsable de que esa riqueza debe democratizarse y tirar del resto de los sectores, porque están explotando algo que es de todos: nuestro sol, nuestro paisaje, nuestras maravillosas islas y se deben corresponsabilidad».
«No les gusta que se lo diga, pero yo lo siento, no estoy aquí para decir lo que ellos quieren oír», enfatizó Clavijo en alusión a las críticas de las organizaciones empresariales del sector turístico.
La futura ley canaria de alquiler vacacional
Con respecto al anteproyecto de la ley que regulará el alquiler vacacional, que ya se encuentra en exposición pública, el gobernante afirmó que la pretensión del Gobierno canario es «tener menos turistas y que gasten más; y para eso no podemos alquilar azoteas y tiendas de campaña».
La futura legislación canaria en esta materia, argumentó, pretende proteger al pequeño propietario: «En los diez últimos años se han otorgado tantas licencias de alquiler vacacional como si se hubiesen abierto 437 hoteles de 500 camas en un suelo que es residencial», enfatizó el jefe del Ejecutivo, en alusión a «222.000 plazas hoteleras que se han hecho al margen del planificación de cabildos y ayuntamientos».
Clavijo citó además la moratoria turística que se aplicó a principios de este siglo para frenar la construcción de nuevos hoteles y apartamentos, excepto los de lujo, pero señaló que «se hizo mal porque llevamos gastados 1.000 millones de euros en indemnizaciones pagadas» con dinero público a los empresarios afectados, un proceso que reconoció que se hizo con un gobierno de su mismo partido, y cuyo error no quiere repetir.
La manifestación del día 20 promovida por grupos ecologistas
Y, al mismo tiempo, consideran esta movilización como «una oportunidad para exigir un cambio de rumbo hacia un modelo de desarrollo sostenible que respete y proteja el invaluable patrimonio natural de Tenerife y de Canarias en su conjunto».
